Para Empezar
“Payola” es un término muy conocido en el mundo de la música. Se trata del dinero que exigen o reciben como soborno las radiodifusoras o los encargados de la pauta musical en las radios, a cambio de sonar más veces y en los horarios de mayor audiencia una canción, con la intención de que a fuerza de repetición se convierta en tendencia en ventas, y genere ganancias a cantantes y productores.
No es secreto que pese a ser ilegal, inmoral e irregular, algo similar sucede entre políticos y medios de comunicación -afortunadamente no siempre, pero desgraciadamente en un alto porcentaje-, lo usual durante los años de gobierno priistas era que los funcionarios entregaran dádivas a los reporteros a cambio de publicar sus proezas (boletines, recorridos y conferencias) y así callar sus pecados y corruptelas. El término coloquial es “los maiceaban”.
Para los bajacalifornianos, esta situación se hizo más que evidente con la llegada del panista Ernesto Ruffo como titular del Gobierno del Estado en 1989, porque en su revisión de lo recibido, su gabinete encontró e hizo pública una nómina -oficial y todo- con la que se le pagaba a una larga lista de periodistas locales, por cierto algunos todavía laborando.
En esas condiciones pensaría Usted que el panismo pudo ser la solución a esos y otros actos de corrupción, por lo menos en Baja California…pero no. Los azules aprendieron rápido, se acoplaron y hasta le aportaron.
Ahora las empresas “periodísticas” entregan facturas en las que se puede leer que el Gobierno del Estado, el Congreso y otras entidades gubernamentales pagan por “paquetes” que incluyen desde entrevistas hasta publicación de boletines, a veces firmados como notas por diferentes reporteros.
De hecho, resultó muy extraño que en marzo de 2015, el gobernador y los cinco alcaldes publicaran un desplegado contra Periódicos Healy, a quienes acusaron de condicionar la cobertura diaria (de las actividades de los funcionarios, publicidad en espacios premium, difusión en redes, comentarios en columnas) a cambio de la compra de publicidad que vendían en decenas de millones de pesos, se habló de extorsión. Señalamientos que por cierto, la empresa periodística negó, y acusó coerción.
Lo que no se ha manejado públicamente, pero que se comenta como un hecho, en charlas de café y oficinas, es la aplicación de una nueva modalidad en la corrupción de esta relación prensa-gobierno. Justo la que se evidenció en la reciente captura en Sonora, del ex periodista y ex secretario de Comunicación en aquella entidad, Jorge Morales, por extorsión.
Odracir Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Hechos de Corrupción de Sonora, dijo que la denuncia provenía de tres empresas privadas y dos personas físicas que señalaban que Morales “condicionó pagos de servicios prestados a las empresas de comunicación que denunciaron al pago a favor de él en una parte proporcional”, según publicó El Imparcial como versión de la fiscalía.
Por cierto, resulta imposible no recordar que Jorge Cornejo, el encargado de repartir los contratos de publicidad en el gobierno encabezado por el licenciado Francisco Vega, trabajó con el señor Morales en Sonora.
Aquí los empresarios- incluidos los dedicados al periodismo- que han sido víctimas de esta práctica la llaman “moches” o “comisiones”. Básicamente consiste en que los funcionarios condicionan contratos, apoyos económicos, asignaciones y hasta licitaciones, a cambio de la entrega de un porcentaje del importe del valor que tenga el contrato en juego, o en su defecto, poder intervenir en la línea editorial del medio, condicionando la publicación de notas o la eliminación de las mismas cuando no les son favorables.
En ZETA lo hemos publicado: representantes de asociaciones civiles, constructoras y demás proveedores gubernamentales se han acercado a señalar, particularmente a las secretarías de Finanzas y a la de Desarrollo Social. “Cada vez el porcentaje que piden es más alto, no salen los gastos”, acusan de manera anónima, por temor a perder la relación económicamente productiva, todavía, con los gobiernos, y porque confiesan, han caído en el juego.
Pero bueno, más allá de las consecuencias específicas tras la captura de Morales en Sonora, y de los rastros de revanchismo político que puedan existir del recién llegado gobierno priista contra el saliente panista, vale que este hecho sirva para que quienes “vean las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar”.
La extorsión como delito está consignada en el Código Penal de Baja California y en el federal, en ambos casos identificarla es simple: la comete aquel que para obtener lucro o sin tener derecho obligue a otro “a realizar u omitir un acto en contra de su patrimonio”; en el federal incluye “tolerar”.
Transparencia, anticorrupción y participación ciudadana son palabras que están de moda en el discurso oficial, tomemos el ejemplo de Sonora para ver quién se anima a denunciar lo que en esos términos, sucede en Baja California y en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
