El primer conflicto social del sexenio del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, por la polémica construcción de un complejo turístico en Todos Santos, fue asumido con agresiones físicas por alrededor de 200 granaderos, quienes retiraron a la fuerza de un camino vecinal a casi 80 pescadores de la cooperativa Punta Lobos
Punta Lobos, Baja California Sur.- El desalojo del 2 de febrero de un grupo de pescadores por parte de granaderos en un camino vecinal en este campo pesquero de Punta Lobos en el pueblo mágico de Todos Santos, puso en evidencia lo siguiente:
1.- La ausencia de operadores para resolver el primer conflicto social de la administración del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en una mesa de diálogo y darle una salida política y airosa a un problema que data desde octubre de 2015.
2.- El intento de represión contra todos los inconformes, enviando una mala señal de cómo se habrán de resolver de ahora en adelante las manifestaciones, plantones y movimientos sociales.
3.- El evidente abuso de autoridad por parte del gobierno estatal para destrabar el conflicto social, utilizando la fuerza pública de los tres niveles de gobierno, incluidos hasta efectivos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, como si se tratara de peligrosos delincuentes.
El reportaje de ZETA, titulado “Corrupción en Tres Santos”, en el acceso del campamento de los pescadores inconformes.
En efecto, lo que pudo haber tenido una salida política en la mesa de diálogo, finalmente terminó la mañana del pasado 2 de febrero a punta de golpes, empujones y jalones por parte de un grupo de granaderos de la Policía Estatal Preventiva, después de que el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, diera por agotado el diálogo con los alrededor de 76 pescadores de la sociedad cooperativa de producción pesquera Punta Lobos, S.C. de R.L de C.V., y ordenara el desalojo y abriera el libre acceso a trabajadores de la construcción del complejo turístico de “Tres Santos”.
Los aproximadamente 200 agentes aparecieron alrededor de las 5 de la mañana y comenzaron a esparcirse a la redonda del plantón de los trabajadores del mar e inesperadamente, y sin ninguna orden de un juez, retiraron a la fuerza –después de casi 6 horas de discusiones– de un camino vecinal, a quienes desde el 29 de octubre de 2015, tenían tomado un carril del citado camino de terracería, por el surgimiento de un conflicto social en la construcción del desarrollo.
Desde que notaron la presencia de policías, los pescadores solicitaron el apoyo de su familia y de sus amigos y de todos los socios, por lo que alrededor de las 8:30 de la mañana, la zona estaba repleta de gente.
Los policías comandando por el subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Javier Moreno Montaño, abastecidos con toletes, cascos y escudos, comenzaron avanzar hacia los pescadores, bajo el argumento de que “estaban bloqueando el acceso principal a la playa de Punta Lobos”.
Los pescadores alegaron que “éste es un plantón”, y los policías refutaron: “el plantón está ahí”, y “no aquí” señalando el carril derecho bloqueado por dos grandes carpas, y el camino cercado con postes de madera.
Los pescadores dijeron estar sentados en una mesa de diálogo para destrabar el conflicto, a lo que los policías, expusieron “por eso, parte del acuerdo es dejar pasar”.
Los trabajadores del mar se quejaron de que “el arquitecto (Marco Antonio Domínguez Valle, y responsable de la obra) nunca ha hablado con nosotros, y así no podemos dialogar”, por eso –reconocieron– “restringimos el acceso de los trabajadores de la obra de construcción hasta que se resuelva este conflicto, ya que tanto la compañía del proyecto Tres Santos, como ustedes, están atropellando nuestros derechos de no dejarnos trabajar en la zona donde estábamos trabajando, desde hace 100 años, y hemos ido de generación en generación”.
Entre dimes y diretes, el subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Javier Moreno Montaño, salió del fondo y comenzó avanzar hacia delante en señal de que iniciaba el desalojo, por lo que los policías se arremolinaron y empezaron a empujar a los pescadores, quienes oponían resistencia para no dejar pasar a las camionetas que aguardaban afuera repletas de trabajadores de la obra, los cuales solo estaban a la espera de que los policías pudieran abrirles el paso.
La construcción del desarrollo turístico sobre un estero, a pesar de las desafortunadas declaraciones del secretario general, Alvaro de la Peña, y quien expuso que “todo estaba en regla”.
En la reyerta, algunos policías comenzaron a jalonear y empujar a los trabajadores del mar que se oponían, y algunos incluso fueron golpeados para que se quitaran del lugar, lo que dejó como saldo tres pescadores lesionados, dos con golpes contusos en brazos y uno más con el codo roto.
Al final, lograron su cometido y enseguida avanzaron hacia delante de las dos carpas del plantón y se colocaron enfrente, por lo que uno de los pescadores dijo a ZETA: “Esto es un atropello, y un abuso de autoridad de la fuerza pública y del gobierno, y si ellos vienen por el plantón vamos a esperar a que ellos levanten las carpas y se las lleven”.
Los granaderos entonces comenzaron avanzar hacia los pescadores por todo el carril de terracería, empujando y llevándose a su paso todo lo que había, mientras los pescadores exclamaban: “¡Éste es el gobierno del estado!” y “¡pobres golpeando a pobres para favorecer a los ricos!”.
Posteriormente, y mientras los oficiales de la Policía Estatal Preventiva, desarmaban las carpas, en presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho, y del diputado local del VI Distrito, y representante de Todos Santos, Alejandro Blanco Hernández, quienes no atinaron a decir absolutamente una sola palabra, a pesar de que uno de los policías en tono amenazante expreso: “¡Se tienen que retirar!”, a lo que un pescador, respondió: “¿Por qué?”, y recibió como respuesta un “Por lo mismo que estamos aquí”.
En presencia del que se supone debería defender el derecho de los trabajadores del mar, Silvestre de la Toba, los granaderos empezaron a golpear con sus toletes los escudos, y prendieron las sirenas de las patrullas, a manera de intimidación, mientras los pescadores alegaban que “no pueden desalojar la vía pública”, y algunos todavía en tono de burla, exclamaban “¡Si serán pendejos!”.
Finalmente, y ya desalojados, los pescadores se colocaron a un camino viejo aledaño, y comenzaron a dialogar entre ellos, analizando qué medidas tomarían al respecto.
Sobre estos hechos, el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, se justificó y expuso que nadie estaría por encima de la Ley, y el estado era ejemplo de certidumbre jurídica.
Explicó que el desalojo fue en cumplimiento a una denuncia por bloquear el libre tránsito en la vía pública, y solo establecieron el orden “con total legalidad y sin violentar las garantías de los ciudadanos que bloqueaban el acceso del lugar”.
El funcionario dijo que “el gobierno del estado tenía la obligación de mantener el estado de derecho para hacer valer los derechos civiles, y en ese sentido, nadie puede estar por encima de la Ley”.
Finalmente, y después del análisis en mesas de trabajo con el ayuntamiento, Semarnat, Profepa y Conagua, dijo que se llegó a la conclusión de que “no existe impedimento legal alguno ya que la compañía Tres Santos ha cumplido con todos los procedimientos y permisos para operar”, donde las cooperativas legalmente constituidas llegaron a un acuerdo con la empresa, quienes desconocieron a John Moreno, como representante legal, lo que fue desmentido por el propio aludido el cual estuvo presente durante todo el proceso de desalojo de los pescadores.
El conflicto
El problema social en esa zona detonó el 29 de octubre pasado, después de que los pescadores de la sociedad cooperativa pesquera Punta Lobos, S.C. de R.L de C.V., tomaran un carril del camino de acceso a la playa y colocaran palos, a fin de que los trabajadores de a construcción de la obra del complejo turístico de “Tres Santos”, no pudieran ingresar y continuar con la edificación, en tanto no hubiera una solución.
Las carpas de los inconformes invadiendo un carril del camino de acceso a la playa de Punta Lobos.
La determinación –según los pescadores– fue por una serie de irregularidades detectadas y publicadas ampliamente la segunda semana de diciembre por ZETA, en un reportaje titulado “Corrupción en Tres Santos”, donde es más que evidente el poder corruptor que ejerce el director Responsable de Obra, Marcos Antonio Domínguez Valle, sobre las autoridades municipales, estatales y federales en el levantamiento del proyecto. Entre otras, son las siguientes:
1.- El inicio de la primera etapa de la construcción sin haber solicitado previamente al cabildo paceño el cambio de uso de suelo de la zona del proyecto de inversión tipificado de “uso forestal”.
2.- La edificación de un muro de protección sin permiso de construcción.
3.- El relleno indebido de un estero y zona de anidación de peces y aves.
4.- La construcción del proyecto en más de mil metros cuadrados en una zona que fungía desde hace más de 100 años como áreas de envaramiento, maniobra, resguardo y protección, área de trabajo y área de carga y descarga de los pescadores de las cooperativas Punta Lobos y Todos Santos.
Por eso, y tras sentirse desplazados, los trabajadores del mar, optaron por tomar la decisión de iniciar el plantón, después de que protestaran en el XV Ayuntamiento de La Paz y el Congreso del estado, y nadie hiciera caso, hasta que obligaron al alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, a sentarse en una mesa de diálogo y resolver el conflicto, presentado el 16 de noviembre de 2015 el siguiente pliego petitorio.
1.- El otorgamiento en concesión de la superficie que determine la cooperativa, incluyendo áreas de envaramiento, maniobra, resguardo y protección, área de trabajo y área de carga y descarga, partiendo de la enramada que tenían en posesión con la CPTS.
2.- Remoción de toda la construcción de la Zona Federal Marítimo Terrestre y área costera que provoque erosión en la playa e impacte las actividades de la cooperativa de manera adversa.
3.- Acceso ampliado y definido del estacionamiento público.
4.- Modificación de la plancha de relleno y nivelación para no encauzar el arroyo hacia el estero y respeto a los límites y lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano en cuanto a límites máximos y distancias permitidas para construcción en relación a la Zona Federal Marítimo Terrestre y los ecosistemas costeros.
5.- Conservación y protección del estero, no ocupando ni edificando en la zona, sino por el contrario, proteger flora y fauna silvestre.
6.- Delimitación y transición de posesión y dominio de la superficie de las oficinas históricas y colonia de pescadores.
7.- Reparación de motores, pangas y transmisiones, dañadas por las rocas que se derrumbaron del muro de contención y dañaron las embarcaciones.
8.- Convenio de no competencia tanto en actividad pesquera como actividad de turismo en el mar.
La intromisión
Aunque inicialmente la mesa de diálogo presentó algunos avances importantes en el conflicto, y todo apuntaba a resolverse favorablemente, cuando –según el representante legal de los pescadores de Punta Lobos, John Moreno– “la mesa era encabezada por el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega”, vino el gobierno del estado y tomó el control de todo y entonces empezaron otra vez los problemas.
Según el apoderado legal de la cooperativa pesquera, la intromisión del gobierno estatal, lejos de contribuir a la solución, vino a enrarecer del ambiente y a general una división dentro la sociedad cooperativa de producción pesquera de Punta Lobos, S.C. de R.L. de C.V.
Efectivos de la Secretaría de Marina y del Ejercito Mexicano, en el desalojo de los pescadores.
De tal manera que el 16 de enero pasado, y según contrato en poder de ZETA, el presidente de la cooperativa, Juan José Peralta Torres, el tesorero Francisco Javier Orozco Martínez y el responsable del comité de vigilancia, firmaron “en lo obscurito” un acuerdo de 8 hojas tamaño carta con el apoderado legal de la sociedad de “Tres Santos”, Victoria Beatriz Ledesma Becerra, donde acordaron, entre otras cosas, lo siguiente:
1.- La sociedad (Tres Santos) se compromete a ceder el uso y disfrute del espacio de trabajo mediante la celebración de un contrato de comodato a favor de las cooperativas para la construcción de un espacio que contemplara un módulo que contendrá la instalación de una techumbre, baños, 23 cajones de estacionamiento y áreas de jardines y la vigencia del contrato será de 10 años, prorrogables según acuerden las partes.
2.- La sociedad con el objeto de que las cooperativas tengan un espacio de resguardo de embarcaciones se compromete a otorgar el uso y disfrute de terreno mediante un contrato de comodato de una superficie de mil metros cuadrados ubicados dentro de alguna de las propiedades de la sociedad. La vigencia del contrato será de 10 años prorrogable según acuerden las partes.
3.- La cooperativa se compromete desde ahora a no interceder y bloquear las propiedades de la sociedad, tales como proyectos, permisos, construcción, operación, administración, accesos, instalaciones y en general todas aquellas que pongan en peligro, construyan o impidan celebrar el objeto, proyectos y planes de la sociedad. Además la cooperativa se compromete a no realizar actos de agresión fisca y verbal ni contrarios a la moral y las buenas costumbres en contra de los directivos, socios, colaboradores y demás personas relacionadas con la sociedad o cualquiera de sus empresas afiliadas.
Obviamente, sin la consulta y aprobación de todos los socios de la cooperativa, amén de que el gobierno del estado estuvo todo el tiempo detrás de este supuesto convenio, los pescadores desconocieron a sus líderes y los expulsaron de la cooperativa, colocando en su lugar a los suplentes.
El rechazo
La firma del supuesto convenio cobró mucha relevancia en los medios locales, los cuales fueron utilizados como una estrategia para confundir a la opinión pública, y hacer creer que había llegado a su fin el conflicto.
No obstante, fue todo lo contrario, agudizó el conflicto, y lo que mereció incluso duras críticas de habitantes de Todos Santos, como el del ex guitarrista y cofundador de la banda roquera estadounidense R.E.M, Peter Ernest Lawrence Buck, mejor conocido como Peter Buck, quien criticó duramente a los políticos mexicanos, respecto del caso del proyecto “Tres Santos”.
Durante el último día del Festival Internacional de Música de Todos Santos, realizado del 14 al 23 de enero de cada año, organizado por el propio músico estadounidense, con la presencia de músicos –en su versión 2016– como el bajista, tecladista y compositor de la banda legendaria Led Zeppelin, John Paul Jones, el músico estadounidense, textualmente expuso:
“Antes que nada quiero decirles que amo este pueblo, hemos estado aquí varios años, tenemos una casa aquí, mi esposa ha estado viviendo aquí por 15 años, su familia ha venido aquí, desde 1985, y lo que ha pasado aquí en los últimos dos años es un puto crimen, este pueblo no es de políticos corruptos, desarrolladores voraces o mercaderes de cabo. ¡Este pueblo es de ustedes! Cada uno tiene una voz en este pueblo, así es que ¡todos despierten! Si viven aquí les digo ¡éste es su pueblo! ¡Tomen el control! ¡Esta gente no debe controlar sus vidas! ¡Tomen el control de su pueblo!”.
Enseguida, el conductor del festival, el cual estaba a reventar, tradujo el mensaje del ex guitarrista de R.E.M, y ambos comenzaron a hacer señales al público de levantarse y luchar, lo que mereció un gran aplauso de la concurrencia.
El guitarrista continuó:
“Es un gran pueblo, conviértalo en lo que debe ser, ustedes son buenas gentes, ahora vamos a vender algo bueno para la gente que hace algo bueno por este pueblo, mientras que las organizaciones que deberían hacerlo se desmoronan, así es que recaudaremos mucho más fondos para no depender de los gobiernos que no cuidan a su gente, me refiero específicamente a los mexicanos, vamos a recaudar muchos fondos, lo volveremos hacer el próximo año, y el que sigue, y cambiaremos este pueblo”.
El paisaje natural de Punta Lobos, antes de la llegada del desarrollo “Tres Santos”.
La respuesta vino de inmediato, cuando el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, advirtió que “podrían aplicar la Ley de Migración”, ya que –según justificó– “por inmiscuirse en asuntos de política interna del país”.
El funcionario dijo que investigarían en qué términos se habría dado el mensaje, porque “a veces la gente se deja llevar por el ambiente de una fiesta, y más si se tiene acceso a bebidas alcohólicas, y demás, sin embargo, el respeto a la Ley es fundamental”.
La gravedad exhibida –frente a toda la comunidad extranjera de Todos Santos– respecto de la complicidad de servidores públicos con los dueños del proyecto “Tres Santos”, desató una cacería del roquero estadounidense por parte de agentes del Instituto de Migración en su domicilio particular, solo que nunca fue encontrado.
El propio delegado del Instituto de Migración, Édgar Castro, terminó por aceptar que el extranjero había abandonado el país el 28 de enero, por lo que “no hubo necesidad, un proceso en su contra, que en su caso pudo ser la expulsión o deportación”, tal como lo establece el artículo 33 de la Constitución Política de México.
Como el músico estadounidense, y por oponerse al proyecto “Tres Santos”, el representante legal de la cooperativa, John Moreno, y otros asesores de los pescadores, como Ricardo Madrazo y Jesús Cota, también son presionados y perseguidos, únicamente que por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), después de que fueron denunciados penalmente por el delito de despojo por el complejo turístico.
Finalmente, el propio John Moreno, anticipó a ZETA que no “cederían a las presiones”, y estaban en reuniones constantes con los pescadores y determinar el camino a seguir, como es el caso de acoger como propio un juicio de amparo promovido por Guillermo Trasviña Meza, bajo el número de expediente 76/2016, en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur, quien solicitó el 2 de febrero a nombre de los pescadores de Punta Lobos, detener los actos de presión, mal trato, golpes, detención, incomunicación y desalojo por parte de las siguientes autoridades:
1.- Procurador Genera de Justicia del Estado.
2.- Director de la Policía Ministerial del Estado.
3.- Subdirector Jurídico y de Derechos Humanos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
4.- Subsecretario de Seguridad Pública en el Estado.
5.- Comisario General de la Policía Estatal Preventiva.
6.- Elementos del Ejército Mexicano y Fuerzas Armadas.
El amparo fue admitido y firmado por secretario del Juzgado Segundo de Distrito, Rafael Salas Ávila, el cual se resolverá de fondo –según un abogado consultado por ZETA–, de dos a tres meses.
