El dicho de que el mal ejemplo cunde es perfectamente aplicable en estos días con respecto a permisionarios, concesionarios y choferes del transporte público en Baja California. Los de Ensenada paralizan el servicio por 36 horas, los de Tijuana organizan su caravana generando un conflicto vial, nada más para mostrar músculo a las autoridades, y los de Mexicali también reclaman su aumento de tarifas. Se trata de un conflicto entre transportistas –algunos voraces–, choferes explotados y la autoridad que en lugar de analizar el problema y tomar las decisiones necesarias desde el punto de vista técnico, lo hacen conforme a las necesidades personales o de su partido. “Hay que decir las cosas como van, todos los partidos políticos se han aprovechado de los víveres, charros del transporte, para que en época electoral hagan movilizaciones. Aunque hay gente que me dice que no abra la boca, finalmente yo soy muy claro, muchos funcionarios, ex funcionarios, tienen en su haber una larga lista de placas”, fueron la declaraciones del alcalde Jorge Astiazarán cuando estuvo como invitado a la sesión mensual de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), publicado en El Sol el 13 de noviembre 2015. Sin embargo, como ha sido siempre, en esta ocasión, los principales afectados con la eterna pretensión de estas manifestaciones que es el incremento de la tarifa, siempre son los ciudadanos de menor poder adquisitivo, usuarios cautivos obligados a recorrer en camiones, calafias y taxis grandes distancias entre su zona de residencia y lugar de trabajo, porque no hay rutas adecuadas. En marzo de 2015 la encuestadora IMERK informó que de acuerdo a los resultados de su más reciente estudio en Baja California, dependiendo del municipio, de 3 a 4 ciudadanos de cada 10 residentes de la entidad utilizaban transporte público. Y los usuarios de este servicio gastan a la semana 306.10 pesos que suman mil 224.43 pesos al mes. En Tijuana lo usan más y en Rosarito gastan más. Según cálculos de la misma empresa, esto significaría que quienes dan el servicio tendrían ganancias mensuales del orden de los mil 448 millones 685 mil 578.93 pesos. Esto, pese a tener unidades en mal estado y conductores mal capacitados. Ya en noviembre de 2015 fue Alejandro Díaz Bautista, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) quien ante la prensa local dio otros números, que en Tijuana los obreros –que representan el 70 por ciento de los usuarios– gastan el 31 por ciento de su salario para poder transportarse. También en noviembre el alcalde de Tijuana Jorge Astiazarán reconoció ante la prensa que las últimas 5 alcaldías –lo que significa 15 años– habían prometido la modernización de transporte que sigue sin darse. De un compromiso hecho desde 1989 con la llegada de los gobiernos panistas al estado, promesa que ninguno ha concretado. Desde entonces los aumentos a las tarifas han ocurrido una tras otra, siempre aprobados bajo acuerdos de buena voluntad entre “gente honorable”, en la que los permisionarios y concesionarios se comprometen a modernizar el servicio y las autoridades a apoyarlos en el trámite de créditos, reestructuración de rutas, mejorar la distribución de permisos, acabar con las prácticas monopólicas de concesionarios, suprimir las unidades irregulares, darle permisos a los choferes, pero nada. Pero pasa el tiempo y resulta que nadie cumple y que ninguno es tan honorable ni comprometido. O que en el mejor de los casos unos cuantos intentan cumplir. Mientras los usuarios bajacalifornianos siguen usando un transporte obsoleto, ineficiente y catalogado como el más caro del país porque el precio no desquita el trayecto, Con unidades en mal estado físico y mecánico, permisionarios acaparadores, algunos choferes explotados y otros conductores que “juegan carreritas” y juegan con la vida de los pasajeros en su afán de ganarle el pasaje al compañero, o peor aún consumen drogas y participan en delitos. Por lo pronto en Ensenada el cabildo rechazó el aumento, en Tijuana los transportistas siguen en rebeldía, rechazando la regularización hasta que la autoridad saque de circulación las unidades piratas, y en Mexicali el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa logró posponer el tema del aumento a la tarifa del transporte hasta 2016 para que no le afecte electoralmente. Ahora, falta conocer las medidas que tomen los transportistas para ejercer presión, pero la que sea seguramente los únicos y verdaderamente afectados serán los usuarios. Cierto, el incremento de los insumos ha provocado que el poder adquisitivo de los dueños de unidades se vea afectado, pero también el servicio que ofrecen está muy lejos de desquitar el costo de peaje. Si somos estrictos, de acuerdo a la Ley la inmensa mayoría de los actuales permisionarios y concesionarios de transporte podrían ser cancelados porque no cumplen con dar un buen servicio Entonces llegó el momento de consumar los compromisos hechos desde hace más de 20 años, lo mismo panistas que priistas y perredistas, políticos tras políticos, el transporte público del estado es pura inmundicia y debe limpiarse. Para esto se requieren propuestas de solución integrales que combatan la corrupción al interior de las organizaciones de transportistas y de las direcciones de tránsito, pero sobre todo que le pongan freno al manejo político del tema, porque de acuerdo a la Ley los funcionarios en los gobiernos municipales son los responsables de otorgar el servicio, lo cual los convierte en los principales culpables del descontrol y del pésimo transporte que la ciudadanía padece.
Publicidad
