Como parte del proceso de reorganización al interior del Poder Judicial, especialmente en Mexicali, tres de los seis Juzgados penales “tradicionales” serán cerrados. Se trata de los Juzgados Segundo, Cuarto y Quinto, cuyo personal será reorientado a otras áreas, promovido, o dado de baja. Permanecerán en funciones otros tres Juzgados, que se dedicarán a casos relativos a la ejecución de sentencias. La medida se toma luego de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) impera en la administración de la justicia en Mexicali y los casos en los Juzgados tradicionales se van desahogando. Además, explicó Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, “la reingeniería va encaminada a fortalecer el aparato jurisdiccional y adelgazar organizacionalmente el área administrativa. Desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sabíamos que la carga de trabajo se iba a empezar reducir año con año, al grado de que a los seis Juzgados tradicionales que existen en Mexicali, la carga de trabajo es mínima, 200, 300 expedientes”. Ejemplo de ello es el Juzgado Quinto Penal, donde ya solo atienden alrededor de 150 expedientes; aunque tiene carga por narcomenudeo, dado que en las reformas legales de 2012 se dispuso que ese rubro sería fuero estatal, pero con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales, pasará al Nuevo Sistema. Vázquez hizo ejercicios para ver cómo reforzar las áreas en materia jurisdiccional; a la par, analizó que cerrar Juzgados implicaría indemnizar al personal al darlo de baja, entonces se optó aprovechar la experiencia de esa plantilla de Juzgado tradicional. Actualmente un Juzgado, solo en gasto corriente, implica 5 millones de pesos anuales. Con la reingeniería calculan ahorrar la mitad de esa cantidad. 
“Empezamos a revisar y valorar perfiles, para reforzar un área de Segunda Instancia: la Secretaría General”, dice del área encargada de realizar los trámites de todos los recursos que llegan por las sentencias que dictan los jueces penales, civiles y familiares; área dividida por secciones Civil, Penal y Amparos. “Era un caos cuando llegue aquí”, expone Vázquez recordando cómo desde 2007, cuando asumió su cargo como magistrado, propuso revisar la situación de la Secretaría General, a la que caracteriza con una organización muy deficiente. De ahí que una de las ideas centrales sea que personal de los Juzgados pueda ser reubicado en la Secretaria General para fortalecerla y hacerla eficiente. De hecho, en el Juzgado Quinto actualmente quedan cinco, seis empleados, otros han sido reubicados a la Secretaría General, especialmente a la sección de Amparos. En esa dinámica, el magistrado presidente calcula que el Juzgado Quinto Penal podría estar cerrado en dos semanas. Con esta reingeniería la decisión es cerrar -además del Quinto- el Cuarto y el Segundo, a la par de conservar el Primero y el Sexto, dejando el Tercero para que se encargue exclusivamente de las ejecuciones de sentencia. “Vamos a convocar a un concurso para juez de ejecución”, adelanta Vázquez en referencia a que antes de que termine este año ya estarían cerrados el Cuarto y el Segundo. Otro objetivo: especializar Juzgados. Del área Mercantil, por ejemplo, y canalizar ahí los Juzgados de Paz, para lo cual requerirían más actuarios, que podrían ser los que están en los Juzgados penales tradicionales. Al tiempo que estas medidas van encaminadas a hacer más eficiente la administración de la justicia, despiertan incertidumbre entre los empleados de los Juzgados tradicionales. Con ellos, dice Vázquez, ya ha hablado, pero es reacio: “No a toda la gente la vamos a poder reubicar, lamentablemente sí vamos a tener que prescindir de personal”. Sin embargo, la reingeniería trae consigo el uso de tecnología para hacer más eficientes y ágiles los trámites, lo que provocará más actividad para juzgadores y, por ende, crecimiento. En el Valle de Mexicali también habrá cambios. El plan es desaparecer los tres Juzgados penales tradicionales -Algodones, Guadalupe Victoria y San Felipe- y quedarían para materia Mercantil, Civil y Familiar. Otra modificación: la ampliación del horario hasta las una de la mañana en Oficialía de Partes -recién publicado en el Boletín Judicial-, lo que había sido un añejo reclamo de los abogados en todo el Estado. De hecho había un atraso en las remisiones de Oficialía de Partes hacia los Juzgados -llegaron a cerca de 600 promociones acumuladas-, rezago que en menos de diez días ya se ha eliminado. Tecnología, actuarios, convivencia En la modernización tecnológica, el Tribunal Superior de Justicia va por la implementación del expediente electrónico para darle celeridad al trámite, optimizar y evitar el gasto en insumos -como el papel-, además de ahorra en tiempos, traslados. “El aplicar la tecnología nos va a permitir no gastar tanto en papel, tinta, impresoras, pero desde el punto de vista de la administración de justicia, vamos a lograr ahórranos tiempos, lo que significa agilizar el proceso”, dice el magistrado presidente del Tribunal de Justicia. Refiere que en Estados como Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California Sur ya está implementado el expediente electrónico. Aparte de papel y tinta se puede ahorrar en actuarios –notificadores- gasolina, tiempo. El expediente electrónico está ligado a la firma electrónica -el ejemplo del Servicio de Administración Tributara es el más cercano-, lo que significará que con esta firma electrónica se avalará digitalmente toda la actividad jurisdiccional. Eso implicará que se oficialice un padrón de abogados, su registro, el otorgamiento de una clave para hacer trámites electrónicos desde una computadora, una tableta electrónica e incluso desde un teléfono celular. Actualmente está en trámite el proceso para la adjudicación directa del software de firma electrónica y la implementación de esta en el NSJP; en el área tradicional la idea es que en el presupuesto de 2016 se pueda obtener el recurso para implementarlo. Calculan un costo cercano a los 4 millones de pesos.
En cuanto a la Central de Actuarios y los Centros de Convivencia Familiar -esta última instancia esperan inicie operaciones en Mexicali en diciembre-, se trabaja en la propuesta de ampliación presupuestal -4 millones de pesos-, y ya hay proyecto y recurso humano; están en búsqueda de opciones de arrendamiento o, en su caso, comodato con el gobierno estatal. NSJP, medio difícil Sobre la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el resto de los municipios, Jorge Armando Vázquez comenta que el 11 de noviembre iniciará operaciones en Tecate. “En tres semanas estaremos listos, el pleno del Tribunal estará decidiendo quién va a ocupar las plazas de jueces de Garantías”. Serán seis. Con la experiencia de Mexicali, en Tecate podrían iniciar el funcionamiento con apenas dos jueces, dado que en este modelo lo que se pretende es no llegar al proceso final, por lo que se prioriza en justicia alternativa y medios alternativos de solución de conflictos. La idea es que los otro cuatro jueces seleccionados puedan auxiliar en Mexicali en casos de licencias, vacaciones. Por lo pronto ya están habilitadas las salas -falta el equipamiento- y el personal administrativo, mínimo cuatro, cinco personas. Se calcula que este arranque significará un gasto aproximado a 9 millones de pesos. En la lista seguiría Ensenada, programado el inicio para enero o febrero de 2016, aunque el presidente del Poder Judicial del Estado asume: “La veo medio difícil”. Respecto a Tijuana, los cuatro operadores –Defensoría de Oficio, Ministerio Publico, Seguridad Publico y Poder Judicial- analizan el arranque a más tardar en junio de 2016. Ante el tema presupuestario, Vázquez menciona una propuesta que incluye realizar una serie de adecuaciones en el edificio del Poder Judicial anexo al CERESO (penitenciaría en La Mesa) y habilitar el primer piso para salas. Esto mientras se termina el inmueble grande, el Centro de Justicia donde se pretende concentrar los cuatro operadores y trasladar a personal -jueces, defensores-, aunque el proyecto de infraestructura lo realiza el Ejecutivo. Para ese proyecto -aprobado- ya hay un espacio seleccionado en la zona del Bulevar 2000, y se había programado poner la primera piedra en agosto de este año, hecho que al momento no ha sucedido. “Nosotros como Poder Judicial estamos inquietos por estar listos”, comenta el magistrado Vázquez, por eso la idea de proponer un plan B y utilizar el inmueble del Poder Judicial en La Mesa. Y es que en ese punto hay dos áreas que estaban destinadas al narcomenudeo. La idea es subir de piso los dos Juzgados tradicionales y habilitar ese primer piso y crear cuatro salas para el NSJP. En Ensenada, el proyecto del Nuevo Sistema de Justicia Penal -en un terreno adjunto al CERESO, en la salida a Ojos Negros- contempla terminar el inmueble en abril del año próximo. De no estar listo el edificio, se buscaría implementar un plan alternativo que incluye la habilitación de casas móviles. En San Quintín se pretende contar con una Sala Oral. “Si en abril está listo el Centro de Justicia, en dos meses equipamos. En caso de que no, arrancamos en casas móviles”, aclara el magistrado presidente, quien afirma, en el puerto lo óptimo sería instalar ocho salas. “En Rosarito no tenemos ningún problema, falta equipamiento”, añadiendo que la semana pasada se reunió con un representante de la embajada estadunidense -parte de la Iniciativa Mérida-, quien asumió el compromiso de que si las salas de Rosarito y San Quintín están listas, se compromete a equiparlas en un mes, con recursos de ese proyecto, “para mí, esa es una de las cosas más seguras que va a haber, Rosarito y San Quintín”, considera el funcionario judicial, y sintetiza: “En lo que respecta al Poder Judicial podemos decir que estamos listos, pero hay que reunirnos con los otros operadores, tenemos que estar trabajando en conjunto, los tiempos están muy acotados”, Juzgados En los Juzgados penales “tradicionales” hay incertidumbre entre los empleados, dado que no saben exactamente cuáles cerrarán operaciones y quiénes serán reubicados -y en dónde-. Cada uno promedia entre 300 y 400 causas, aunque la mayoría tiene que ver con narcomenudeo y sobre un posible reacomodo nada saben, aunque advierten que de cerrar la mitad, se cargaría el trabajo a los que queden. “Sería pesado”, asegura una de las juezas, aunque añade que “si antes podíamos, debemos de poder ahora”, en alusión a los más de mil 200 casos que llegaron a tener antes del Nuevo Sistema. Temerosos de abordar el tema públicamente, la mayoría expone que no hay más información que la escasa que ha trascendido en la prensa: “Sí hay mucha incertidumbre, deberían informarnos, todo eso tiene repercusiones, aquí los que trabajamos somos personas…”. “No me va a detener…” En cuanto a la inconformidad generada por recientes cambios, el magistrado presidente menciona casos como el área de contabilidad donde la titular fue removida: “La supervisión de ella era mínima, los que estaban trabajando eran los órganos secundarios”, asume el titular del Poder Judicial, en una plaza ni siquiera estructurada dentro del organigrama y que anualmente costaba cerca de un millón de pesos erogados en una plaza innecesaria. Caso similar fue lo sucedido en Contraloría. “Todos los cambios que se han presentado obedecen al tema presupuestal. El Poder Judicial estaba operando con el 10 por ciento del presupuesto, el 90% se estaba yendo al recurso humano. Lo que sigue es el Instituto de la Judicatura, es el último. De la situación del Tribunal, “somos 17 y cada uno tiene su manera de pensar, algunos compartimos propuestas de los magistrados, otros no las compartimos, es un intercambio de opiniones…Es normal que pase eso en un órgano colegiado”, menciona Jorge Armando Vázquez. “Lo que puedo decir es que los cambios que se han suscitado tienen un solo objetivo: modernizar el Poder Judicial. A mí no me va a detener nada de esto que está pasando, con tal de que el Poder judicial se modernice”. Quejas – “Tenemos una audiencia programada desde abril de este año y lamentablemente no empezamos a tiempo, no existe el orden que debe existir, sigue habiendo saturación de las audiencias, de audiencias que se programan a la misma hora. Estos detalles, después de cinco año debieran estar superados, son vicios que se vienen arraigando, es preocupante”, afirma Pedro Ariel Mendívil, de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados. – “No veo nada conveniente que con ese pretexto -el de la reingeniería- se van a traer a los jueces tradicionales a este Nuevo Sistema, no lo conocen y van a venir a lesionarlo. Ellos eran secretarios de Acuerdos, habría que regresarlos a sus plazas y que se concursen por personas capacitadas para este Nuevo Sistema. En estos cinco años me he dado cuenta que ha habido jueces que desafortunadamente no se quitaron ese chip del sistema tradicional, lo tienen más arraigado. La oposición que tiene a dejar su cargo como jueces es porque saben que no están capacitados para entrar a este Nuevo Sistema. En el litigio me he encontrado jueces que les ha costado mucho trabajo quitarse el chip y han ocasionado daño a la evolución al Nuevo Sistema”, opina por su parte Hernán López Frank, ex presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. – “La defensa de nosotros lleva dos asuntos diferentes, hay uno por robo calificado y otro por homicidio, pero resulta que los abogados de nuestra defensa, están en los dos juicios. En uno de esos procesos está una juez que también está en el otro. No puede esa juez estar en los dos juicios a la vez. Es una falla, una falta de respeto, una violación manifiesta de la administración del Poder Judicial del Estado de Baja California. Se van a diferir más las audiencias, los imputados van a estar más tiempo detenidos, y eso va en detrimento de la persona”, reflexiona José Juna Castro Crespo, miembro del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre de Derecho.
Publicidad
