Ciudad de México.- México no solo registra el doble de asesinatos de mujeres que el resto de los países del mundo, sino que la falta de protocolos, mecanismos de protección y de una política integral con perspectiva de género, permiten que estos crímenes permanezcan en la impunidad. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que entre 2012 y 2013, 3 mil 892 mujeres fueron asesinadas, pero de esos casos, solo 613 fueron investigados como feminicidios. Frente a este contexto, organizaciones de derechos humanos, así como las víctimas y familiares, consideran “la respuesta del Estado ha sido insuficiente, omisa y negligente frente a la violencia feminicida”. Sumados a los homicidios de mujeres, asociaciones civiles han registrado un aumento en desapariciones de mujeres, así como en féminas localizadas muertas, pero no identificadas. “Estamos ante la inacción de un Estado que quiere mantener invisible un problema que ya no es posible ocultar, y esa actitud nos está llevando a una alarma nacional”, refiere María de la Luz Estrada, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. A pesar de la existencia de mecanismos de protección en la Ley, como las alertas de violencia de género y órdenes de protección, la activista acusa al Gobierno Federal, en específico a la Secretaría de Gobernación y a su titular Miguel Ángel Osorio Chong de “burocratizar” las herramientas de prevención de violencia. “Una gran mayoría de los casos que involucran violencia contra las mujeres continúan sin ser debidamente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de justicia, tanto a nivel federal como local”, externaron estas organizaciones civiles. 
Si bien, desde la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la sociedad civil ha solicitado de manera formal la aplicación de la Alerta de Género en Baja California, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima y Michoacán, en ningún estado ha sido emitida. Una cifra más. De las 104 mil 470 denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia familiar que solicitan ayuda, solo en 29 mil 776 de los casos se giraron órdenes de protección. La Ley establece estos mecanismos para prevenir la violencia y un mayor daño a las mujeres, pero las autoridades “se escudan en los vacíos legales para mantener un proceso opaco que violenta derechos internacionales en materia de debido proceso administrativo”, acusa Rodolfo Domínguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Desde 2014, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados estudia una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Organizaciones sociales trabajaron de cerca en la redacción del proyecto para señalar los errores de la legislación vigente y modificar aspectos para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, los legisladores debían votar el dictamen de Ley a más tardar en la sesión del 28 de abril de 2015, para así cumplir con los tiempos correspondientes y enviar el documento al Senado de la República. No ocurrió así. La Secretaría de Gobernación comunicó a los diputados que dicha iniciativa debía ser revisada primero por la dependencia, puesto que es la autoridad responsable en la materia. Los legisladores acordaron discutir “a fondo” la reforma y frenaron su avance. Los aspectos fundamentales de la modificación a la Ley, consistían en las condiciones para la declaratoria de alerta de violencia de género y el otorgamiento de órdenes de protección. En el tema de las órdenes de protección de emergencia y preventivas, la propuesta establece la expedición de éstas dentro de ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, y no 72 horas, como lo estipula actualmente la Ley. Las órdenes de protección consisten en medidas cautelares que las procuradurías de justicia locales deben otorgar a las mujeres para garantizar condiciones de seguridad, después de haber reportado algún incidente de violencia de género. De enero de 2011 a junio de 2012, en 16 estados, 58 mil mujeres víctimas de alguna agresión, solicitaron ayuda legal; solo a 4 mil 060 se les otorgó alguna orden de protección, lo cual representa apenas el 7 por ciento. Para la solicitud de declaratoria de alerta de género, se estipula que la Secretaría de Gobernación y su titular, deberán negarla u otorgarla en un plazo no mayor a 15 días y exponer sus motivos. La alerta de violencia de género consiste en la declaratoria de un estado de emergencia por los asesinatos y desapariciones de mujeres, con lo cual se activan protocolos de búsqueda, prevención y de seguridad por parte de las fuerzas locales. “Cuando una mujer desaparece y no se investiga de manera inmediata, podemos tener como resultado un feminicidio”, alerta María de la Luz Estrada. A través de su experiencia con familiares de víctimas, explica que las autoridades locales optan por pedirles dinero para iniciar las búsquedas, o bien, no inician los protocolos dentro de las 72 horas inmediatas al reporte de desaparición. BC, sin cifras oficiales Baja California es una de las entidades del país sin registro de los asesinatos y desapariciones de mujeres, explica Rodolfo Domínguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. “La autoridad no cumple con la obligación de llevar registros. Hay una constante de negar la problemática a través de la negativa de brindar información”, sostiene. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en 2014 se denunciaron 679 violaciones sexuales, además, se registraron mil 729 “otros delitos sexuales”. Mientas que de enero a marzo de 2015, se han denunciado 155 delitos de violación y 392 han sido clasificados como “otros delitos sexuales”. Organizaciones locales contabilizan 75 feminicidios en 2013 en Baja California. Al año siguiente, un aumento de 15 con 90 crímenes. Mientras que de enero a abril de 2015, se registraron más de 40 asesinatos de mujeres, principalmente en Tijuana y Mexicali. Durante este año, solo un asesinato ha sido catalogado como feminicidio, éste desde marzo de 2015, cuando se reformó la tipificación del delito, aunque desde junio de 2012 ya había sido integrado al Código Penal de Baja California.
Antes de la reforma, para que un asesinato de una mujer pudiera catalogarse como tal, era el dolo un elemento indispensable. Con la modificación legislativa se toman en cuenta una o varias de las siguientes circunstancias: que haya entre agresor y víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, amistad, laboral, docente, de superioridad o subordinación; que presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, de lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; que existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones; que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en la vía pública o que haya sido incomunicada. “El escenario de violencia contra la mujer se ha agravado y expandido, pero el gobierno sigue administrando la impunidad ante la situación de violencia”, sentenció Domínguez.
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