Como realmente tiene poco que informar, vale aplaudir al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, la decisión de modificar el formato de su Primer Informe, “para ahorrar gastos innecesarios en un acto político”, sobre todo después de que su proceso de transición el año pasado, nos costó a los bajacalifornianos 1.5 millones de pesos. Evidentemente, de todos modos gastará varios millones en la emisión grabada -por radio y televisión, internet y redes sociales-, pero como no existe obligación legal, aunque lo del ahorro sea relativo, eliminar el besamanos ha sido tal vez la mejor idea en lo que va de su gestión. Entre lo positivo, también es necesario recordar las primeras promesas que Vega cumplió, aunque los resultados hayan sido relativos. Uno, la reducción de 20 por ciento a los sueldos de funcionarios de primer y segundo nivel, al final, al único que se le comprimió un 21% fue al secretario de Finanzas, la reducción del gobernador fue solo del 17% y, en el caso de otros secretarios, del 8 al 14%. Además, la partida de Servicios Personales se incrementó en un 33%, aumentaron el importe de los gastos en remuneraciones, bonos, celulares, telefonía, comidas, cafetería, agua, hielo; también los sueldos tabulares de confianza y los “Honorarios Asimilables a Salarios” de asesores y consultores, este último en un 236%. A ello hay que sumar el endeudamiento por un crédito de 2 mil 885 millones que se asignaron para proyectos productivos y saneamiento del Estado, que pagará con las participaciones federales comprometiendo el erario hasta el año 2034. Y dos, la recuperación de cartera vencida con la cancelación de adeudos de agua. El programa “Borrón y Cuenta Nueva” se realizó del 5 de febrero al 16 de mayo de 2014 en Mexicali y Tijuana, pero quedaron pendientes de cobrar 200 millones de pesos de deudores que no respondieron al llamado. El Ejecutivo estatal también prometió que todas las escuelas públicas serían de primer nivel, la secretaria de Educación, Rosario Rodríguez, agregó que esto se promovería en el ciclo 2013-2014, y actualmente decenas de escuelas y /o salones, cumplen cinco semanas sin clases, les deben más de 200 millones de pesos a maestros interinos y el compromiso de cursos de inglés y computación ha alcanzado solo a algunos planteles. Sí asignaron 59 millones de pesos para las Organizaciones Ciudadanas Civiles, pero pulverizaron el apoyo, a la mayoría les dieron entre 5 mil y 10 mil pesos que apenas les sirven para pagar algunos recibos de luz. De “… la creación de un programa integral de desarrollo social que incluya los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los organismos de la sociedad civil para apoyar de manera más eficiente a quienes menos tienen”, nada, porque Ricardo Magaña, su secretario de Desarrollo Social, se da el lujo de no recibir a los delegados federales porque no le gustó el hecho de que la Federación intente etiquetar todos los recursos desde México. En sus primeras palabras como gobernador, Francisco Vega de Lamadrid expresó que en seguridad reforzaría el Mando Único, pero después respondió a los representantes de la sociedad organizada que no podía, porque no era constitucional. De ese discurso, tampoco ha eliminado el cobro en el transporte público para los estudiantes, mediante un subsidio gubernamental. No rescató económicamente a los ayuntamientos como dijo, aunque los apoyó en lo poco que pudo. Luego redujeron la inversión en infraestructura para 2014, llegó septiembre y la mayoría de las obras ni siquiera han iniciado. En cuanto a la transferencia de funciones operativas a la Procuraduría de Justicia y la elección del procurador por plebiscito, el mandatario aún no inicia trámites. De los avances en la Lotería Estatal, nada, propuesta olvidada. Ya veremos en el Informe qué hizo con los programas que son de mera continuidad como becas estudiantiles, escuela de tiempo completo, estancias infantiles, seguro de desempleo (en Ley desde 2011), y el número de personas con capacidades diferentes que el gobierno ha empleado. Lo que sí cumplieron fue la reducción del presupuesto del Congreso del Estado, la propuesta del gobernador eran menos 400 millones, la inicial de los diputados fue bajarle 300 millones y destinarlos a inversión social, pero no aceptaron. Al final el ahorro fue de 140 millones de pesos, pero todavía se gastan más de 550 millones al año. Eso sí, no ha habido incremento de impuestos estatales y, aunque Vega no ha conseguido soluciones en el tema de las tarifas eléctricas para Baja California, lo que sí le concedió el Gobierno Federal fue la continuidad de los subsidios para el verano hasta 2016. En cuanto a la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sus efectos, tampoco ha podido hacer gran cosa, mientras la economía bajacaliforniana sigue en picada. Para aprendizaje sobra con un año, ahora solo queda esperar que en el dichoso Primer Informe de Gobierno, esta vez sí marque un nuevo rumbo y propuestas conectadas con el Presupuesto de Egresos 2015, que permitan visualizar y concretar los avances económicos, sociales, de infraestructura y seguridad que exige Baja California. Y que el dinero de la Federación no tarde otra vez más de nueve meses en llegar, con todo y las decenas de viajes del gobernador y su equipo a la Ciudad de México.
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