Parientes ascendientes de los posibles herederos del fallecido Andrés Andrade Betancourt, socio mayoritario de la Clínica Jerusalem de cirugías bariátricas, han dispuesto de inmuebles, empresas, autos y más de medio millón de dólares en efectivo sin la realización del debido juicio testamentario. Andrade Betancourt perdió la vida el 19 de enero de 2014. Diez días después, el 29 de enero, se promovió un juez, según quedó registrado en la escritura pública 5790 del volumen 103 de la Notaría 19 de Tijuana, pero no se ha realizado la apertura de este documento público. Así lo asegura Iván Molina, quien se desempeñó hasta el 20 de enero de este año como auditor y encargado de relaciones públicas de las distintas empresas de Betancourt, incluida la clínica quirúrgica, así como desarrolladora y una fundación. Pero el día posterior a la muerte del socio mayoritario de las empresas, Molina fue despedido de manera injustificada, explica. Por lo que fue indemnizado por 8 mil 500 dólares tras interponer la demanda laboral correspondiente. Molina señala que al igual que él, varios de los cirujanos que laboraban en la clínica fueron removidos. Así, el hospital permaneció sin dirección médica del 20 de enero hasta el 22 de agosto, hasta que los médicos socios, con el apoyo de la policía municipal, recuperaron la administración. Y es que el empleado asegura que antes de morir, Andrés Andrade, le comentó que él figuraba como albacea en su testamento, en el cual nombraba herederos a dos menores de edad. Sin embargo, sostiene que el ex apoderado legal de estas empresas, Jorge Fernández Obregón, le ha impedido que actúe como albacea, además de despedirlo. Por el delito de amenazas, Molina interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra Jorge Fernández con número de expediente 588/14/206/AP, el 23 de enero. También levantó una denuncia contra quien resulte responsable del delito de despojo de cosas inmuebles o de aguas, con número de expediente 3705/14/211/AP, fechada el 14 de abril. Molina menciona que en el juicio sucesorio testamentario que se lleva a cabo no se han otorgado las providencias cautelares para que la autoridad judicial asegure los bienes y ha prorrogado la apertura del testamento de carácter público, mientras los bienes siguen dilapidándose. El hombre señala que Silvia Herrera y Abelizario López –familiares del ex apoderado legal, Jorge Fernández– se han apoderado de los bienes objetos de la herencia y si bien, son ascendientes de los menores beneficiados en el testamento, éstos solo tienen la calidad de posibles herederos al no ser abierto aún el testamento ni haber otorgado esta calidad el juzgador. Por temor a recaer en algún tipo de responsabilidad por la disposición de estos bienes, entre los cuales, asegura, se incluyen casas, departamentos, la clínica y desarrolladora Jerusalem, así como autos de lujo, es que Iván Molina, presunto albacea de Andrés A. Betancourt, ha promovido ante las autoridades civiles y penales para eximirse de cualquier responsabilidad por el manejo que ha habido sobre los mismos. A Silvia Herrera, Jorge Fernández y Abelizario López no ha sido posible contactarlos para que brinden su versión de los hechos.
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