El Artículo 77 de la Ley del Servicio Civil de Baja California, contempla otorgar licencia a funcionarios, cuando el trabajador “… solicite permiso para no concurrir a sus labores, la licencia se concederá sin goce de sueldo, tomándose en cuenta la antigüedad del mismo”. La legislación no observa la posibilidad de conferir licencias a funcionarios que tengan menos de un año de labores, ganándose el derecho. En el texto se especifica que cuando el trabajador pide permiso, se concederá a: “Los empleados que tengan un año de servicios”, y será (la licencia) de “hasta sesenta días, sin goce de sueldo”. En su Artículo 83, la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública indica: “Cuando se trate de autorizaciones, licencias o permisos, las autoridades deberán resolver el procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por las normas aplicables…,” en este caso, La Ley de Servicio Civil. Con sus funciones de dirección, decisión y administración, el secretario general del Gobierno del Estado entra dentro en la categoría de “Trabajadores de Confianza”, incluidos en esta legislación, que solo deja fuera a los titulares de los poderes ejecutivos, magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, síndicos procuradores, regidores y consejeros municipales. Con leyes así de claras, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no tenía nada que interpretar: Guillermo Trejo Dozal, ex secretario general de Gobierno prófugo de la Ley, como empleado de confianza del Estado no tenía aún derecho a una licencia, tampoco existe legalmente la posibilidad de otorgársela por un plazo indefinido, como ha mencionado, a pregunta expresa, el director de Comunicación de la actual administración estatal, Roberto Karlo López. Además, en su carácter de funcionario público de elección, el gobernador Vega de Lamadrid solo está autorizado a hacer lo expresamente permitido por las leyes; de manera que, lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido. Sin embargo, por una malentendida lealtad, está faltando al ejercicio su función y atentando contra la buena marcha y rectitud de la administración, al postergar la validez del derecho. Y aunque aleguen que no se están lesionando bienes jurídicos o individuales, la realidad es que el principal responsable en Baja California de protegerlo, está vulnerando el Estado de Derecho, brincándolo, torciéndolo, interpretándolo, en busca de opciones que le permitan sostener en el puesto a su amigo. Cierto, sus facultades constitucionales lo autorizan a “nombrar y remover libremente a los secretarios”, pero éste no es ninguno de los casos. Y tratándose de “conceder licencias”, el inciso XIX del Artículo 49 le ordena que debe ser “… de acuerdo a la Ley del Servicio Civil”. En atención a la mencionada legislación, Francisco Vega de Lamadrid pudo suspender temporalmente a su secretario de Gobierno, opción especificada en el Artículo 55, para los asuntos cuando hay arrestos sin sentencia, como es el caso de la orden de aprehensión girada contra Trejo Dozal. La ventaja de esta opción es que la suspensión no termina la relación laboral, y en espera de que la autoridad judicial o administrativa dictamine lo procedente, puede regresar. Pero el mandatario decidió no hacerlo. Prefirió quebrar la regulación existente solo porque la Ley no contempla un castigo en su contra. El fuero permite al gobernador salir impune, porque dentro de su encargo solo podrá ser acusado de delitos graves del orden común, como homicidio, secuestro, extorsión, ciertos tipos de robo y abigeato, despojo agravado, tráfico-corrupción de menores, etcétera. Sin embargo, más allá del castigo evadido, vale la pena recordarle al licenciado Francisco Vega que su primera obligación marcada por la Constitución bajacaliforniana es “promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes…”, y no existe disposición que lo autorice a violarlas. La sociedad no puede permitir que haga de la impunidad su sello de su gobierno. En un estado que no empieza a construir obra, que solicitó un crédito y donde la economía no mejora, por su capricho, el gobernador ha decidido cargarle la mano a la oficial mayor, adicionándole a sus 16 funciones legales, las 33 atribuciones que tenía el prófugo secretario general con licencia. Esto ha sucedido ya por un mes y dos días, así que más allá de la opinión del Ejecutivo, las capacidades de Doña Loreto Quintero y de que el gobierno sigue andando, la afectación existe, y el licenciado Vega tiene la obligación moral, constitucional y legal de responder. Nota: Guillermo Trejo Dozal es considerado legalmente prófugo porque existe una orden de aprehensión en su contra, por un delito calificado como grave en la legislación penal federal, que no considera la libertad bajo caución antes de que se resuelva su situación jurídica. Se esconde para evitar que se ejecute la orden, mientras tramita juicio de amparo.
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