Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestro, declaró esta semana que solo Puebla, Nuevo León y Chihuahua tienen unidades antisecuestro “en condiciones óptimas de operación”, lo que no dejó bien posicionada a la unidad que combate las privaciones en Baja California. Esto a pesar que en febrero el mismo funcionario dijera que Baja California y Tijuana particularmente, son un modelo exitoso de combate al plagio. Por ley, en Baja California esta unidad existe desde el 16 de octubre de 2009, entonces, presumía el procurador Rommel Moreno, se trataba de jóvenes “limpiecitos” –la mayoría– recién egresados de la academia, y quienes entre 2009 y 2010 recibieron capacitación del Grupo de Acción Unificada contra el Secuestro y la Extorsión de la Policía Nacional de Colombia (GAULA). Los vistieron con uniforme camuflado, chaleco antibalas, botas y los encapucharon. Para guiar sus acciones pusieron en operación su propia área de inteligencia, y la Secretaría de Seguridad los apoyó con tecnología para las escuchas telefónicas. Aquel 2009 el procurador en turno anunció la desarticulación de 13 bandas de secuestradores, y entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2010 otras 22 células. Después del boom, pareció que desaparecieron y según el gobierno el delito también, pero no fue así. En 2011 lo que sí cambió fue el perfil de las víctimas de privaciones: ya no eran los adinerados y profesionales, ni sus hijos o esposas. Los delincuentes para zafarse a las autoridades, empezaron a plagiar taqueros, maestros, dueños de pequeños comercios, principalmente residentes de la periferia de las ciudades o de colonias de bajo poder adquisitivo; el precio del rescate también disminuyó, solicitaban entre 10 mil y 20 mil pesos, y como las víctimas no tenían acceso directo a secretarios, fiscales o funcionario alguno, la autoridad hizo como si no hubiese existido. Para 2012, la PGJE regresó al viejo discurso: que la mayoría de las víctimas de ese delito eran también criminales. Calificaban los secuestros como levantones y cobros de deuda por droga, en este contexto consideraban que el esfuerzo del rescate no valía la pena, salvo que en la selección previa con los elementos a la mano consideraran que se trataba de un “verdadero secuestro”; pero incluso los “levantones” y las privaciones de migrantes salieron de las estadísticas oficiales, con lo que evidentemente se redujeron de manera notable. De hecho apenas el mes antepasado, Renato Sales aseguró que Baja California había mejorado comparando los números actuales con las cifras de 2005 a 2008, lo cual es tramposo considerando que la unidad y el modelo antisecuestro se creó en 2009. Entonces vale aclarar que entre enero y febrero de 2009 hubo 15 secuestros, otros 13 en 2010 y en 2014 llevamos 8 secuestros, y estamos hablando solo de los denunciados; cada banda de capturados por un plagio ha confesado por lo menos cinco más, además se rasuran las privaciones a la libertad de migrantes y los “levantones”, al final los números no son tan favorecedores como se desean. Ciertamente entre los 278 secuestros cometidos en todo el país entre enero y febrero de 2014, oficialmente Baja California está por debajo de los 34 secuestros denunciados en el primer bimestre de 2014 en Michoacán, los 35 cometidos en Tamaulipas, y los 35 ocurridos en la ciudad de México, pero también está por encima de los 1 o 2 cometidos en Chihuahua o Sinaloa, estados convulsionados por el narcotráfico, entonces podemos entender que las estadísticas hechas a modo de cada entidad, no revelan la magnitud real del problema, ni la fuerza con que se combate. Además es un hecho que la desconfianza retornó; que existen personas –incluso de la clase pudiente– que están siendo víctimas y no denuncian, ahí están los otros perjudicados por secuestradores detenidos y que no han acudido a las autoridades.</p> En este esquema vale preguntar dónde está el trabajo de inteligencia de la publicitada Unidad Antisecuestros y aquellos bancos de voces, archivo de huellas dactilares y compilación de mensajes escritos, de los que tanto presumían, pues hoy trabajan como apagafuegos, y reaccionan apenas a los casos seleccionados a discreción de sus jefes. Las aprehensiones realizadas reflejan que los secuestradores están de regreso, aprovechando el descontrol de las autoridades, la falta de coordinación y los gobiernos recién estrenados; los delincuentes en sus declaraciones aseguran que empezaron con las privaciones a partir de octubre, noviembre o diciembre de 2013. Entonces, urge que el estado atienda todos los secuestros –y no justifique su inacción en la ausencia de denuncias–, debe intervenir en cuanto tenga conocimiento del ilícito, sin discriminar. Es su obligación más allá de si las víctimas son o no responsables de otros delitos, o pertenecen a cualquier estrato social, además tener resultados para recuperar la confianza ciudadana. En teoría, Baja California tiene el personal y el equipo, no el “óptimo”, como dejó claro Sales Heredia, pero en peores condiciones –2009-2011– dio resultados; hoy tiene la obligación de seguir entregándolos.
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