Mientras la burocracia y sus dirigentes enfocaron las últimas semanas su energía y atención al relevo en las cúpulas sindicales de los cinco municipios, en el gobierno del Estado maduraron la propuesta para reformar la Ley del Servicio Civil, y modificar las condiciones laborales de miles de trabajadores gubernamentales en la entidad. La propuesta ya está “cocinada” y la cabildean con las fuerzas políticas. Es muy similar a la presentada hace dos años por el entonces Secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, aquella que fue firmada por los cinco alcaldes priistas y cuestionada por la burocracia hasta lograr que los legisladores priistas recularan, y la rechazaron. Apenas si llegó a comisiones. Ahora el Gobierno del Estado –la parte patronal– va por un segundo intento. 
La parte sustancial de la propuesta gubernamental para reformar la Ley de Servicio Civil, la que rige las relaciones laborales entre los gobiernos –estado, municipios, congreso, Poder judicial, paraestatales y municipales– es la siguiente: * Suprime la obtención de la base por procedimiento judicial (demandas); se modifica el artículo de la Ley que incluye la base después de seis meses, se crea la Comisión Mixta de Escalafón, se estipula como requisito un año de servicios –sin notas desfavorables– para ingresar al escalafón, la base definitiva sería por ascensos y permutas, acorde al sistema de rangos, en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad * Se permite la supresión de empleos (despidos), el no pago de salarios caídos, bajo la premisa de permitir el sano adelgazamiento de la administración pública y el diseño de estructuras administrativas acorde a los respectivos titulares. Se regulan además los requisitos para que proceda el reclamo de tiempo extra mediante oficio o reporte explícito de actividades. “Con ello ya no prosperan los reclamos artificiosos basados en el descontrol administrativo”, anota el documento-propuesta en poder de ZETA. * Exclusión de los organismos descentralizados, basada en una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte en 1996; buscan evitar demandas laborales donde los trabajadores reclamen prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Servicio Civil. Eso implica que las futuras contrataciones se hagan en función del Apartado A del artículo 123 Constitucional y ya no sean considerados burócratas sino trabajadores en general, igual que cualquier empresa privada * Se amplían las categorías de trabajadores de base y confianza, ahora habrá base definitiva, interino, provisional y por tiempo, obra determinada y un tabulador específico de remuneraciones * Se especifican los cargos y funciones que sean considerados de confianza. * Se precisan las causales de terminación de la relación laboral y se incluye un apartado: por extinción legal o presupuestal de departamentos o dependencias, por conclusión de término de la obra o por haberse agotado o cancelado el recurso presupuestal. * En la parte de prescripción de las prestaciones, se reduce a dos meses el espacio para que el trabajador reclame tiempo extra, se amplía de uno a dos meses para la patronal la posibilidad de hacer efectiva la causa del despido y se amplía de cinco a diez días la notificación del despido. 
* Se incorpora la caducidad de los juicios laborales –buscan acortar los largos periodos donde buscan más salarios caídos– y en tres meses sin ninguna promoción el juicio se archiva en definitiva. * Dicen buscar un procedimiento burocrático laboral más equilibrado, agilizando los tiempos para notificaciones y respuestas. En suma, se trata de una propuesta patronal, y es apenas la primera parte, ya que la Reforma para la Ley de Issstecali se prepara para interponerla en mayo de este año. Amenazante: diputada sindicalista Para la legisladora priista Carmen Frías –ex dirigente en Mexicali de la burocracia– el tema de las posibles reformas a las leyes de Servicio Civil y de Issstecali ha sido recurrente y hasta amenazante. “Habremos de estar muy atentos al cuidado de que ninguna de las prerrogativas que hoy goza la clase trabajadora sea trastocada y sobre todo sea en perjuicio de los trabajadores”, sostiene la diputada por el VI Distrito local exponiendo que si bien es cierto la difícil situación económica que prevalece dentro de los ayuntamientos, ésta no ha sido causada por los trabajadores. “Es una bola de nieve generada por la propia autoridad puesto que ellos son quienes tienen la batuta de tomar decisiones de contrataciones, de engrosar nóminas, de subir compensaciones a los funcionarios y demás, esto realmente no es una responsabilidad de los sindicatos ni de los trabajadores”. La diputada priista considera que los sindicatos existen para cuidar las prerrogativas de los trabajadores, “la autoridad pretende achacar la culpa a la clase trabajadora con los altos costos que ellos tienen o con grandes cantidades de trabajadores que ellos mismos son los encargados de contratar”. Además que si la autoridad contrata, tiene que dar cumplimiento a las leyes y el trabajador adquiere derechos. “Otra vez se quiere reformar…hacer más prolongado el tiempo para que el trabajador pueda tener un derecho a una pensión, a una jubilación. Yo considero que eso habremos de verlo con mucha atención y cuidado y de igual manera yo voy a solicitarle a mis compañeros diputados que lo hagamos con la conciencia de trabajador, no con la conciencia ni de diputados ni de funcionarios, que es muy diferente”. 
Frías opina que las empresas no quieren a los burócratas porque están sindicalizados, tienen una organización, un refugio, un respaldo, prerrogativas y prestaciones que no las otorga el sector privado como la seguridad social o el derecho laboral que se tiene y en la mayoría de los casos ni siquiera están sindicalizados. Sentenció: “Espero de todos ellos, sobre todo de la fracción priista tengamos esa conciencia y ese compromiso para con la clase trabajadora, que esto no debe de suceder una vez más, que ha sido un atentado permanente para con los trabajadores y que no debe ser”. La legisladora opina que se trata esencialmente de una reforma patronal, y recuerda lo que hizo el gobierno estatal recientemente al crear unilateralmente tres subniveles en el tabulador pretendiendo “atorar” a los trabajadores abajo del nivel uno, con un sueldo precario. “El derecho del trabajador está por encima de cualquier cosa”, sostiene Frías y dice que de aprobarse la reforma sería un gran retraso; por ello refiere, defenderán las prestaciones que han alcanzado. Al preguntar si la otra opción sería que nada cambiase, responde: “Dentro de lo malo, sería lo mejor, que no se convirtiera en un retroceso esto.” PAN, también Ley del Issstecali El dirigente albiazul en el Congreso del Estado, Gustavo Sánchez, refirió sobre la Ley de Servicio Civil: “Que le dé primeramente a los trabajadores transparencia, seguridad de saber que cumpliendo requisitos tienen derecho a acceder a un mejor puesto dentro de la acción pública y en ese sentido prevalecer que existe una comisión de escalafón que permita valorar el trabajo de cada trabajador”. Además: “Uno de los temas que trae en particular a los Ayuntamiento apurados y asfixiados, es el económico y lo que día a día genera la nómina en el tema de sindicalizados. Tenemos que ver cómo podemos darle orden a esas circunstancias, cómo establecer que las personas vayan accediendo al beneficio de la sindicalización que es un derecho ganado, es un derecho respetable pero revisar como se ha venido dando los últimos años”. Del esclarecimiento de trabajadores de confianza o de base, Sánchez considera que eso está definido: “Lo que ha pasado es que las interpretaciones que se han venido dando a ese artículo varían cuando van a tribunales, falta precisar exactamente qué niveles, qué funciones son de confianza y no basificables, para evitar que funciones que son de real confianza tengan derecho de basificación”. Referente al tabulador considera que es importante porque eso permite ir accediendo en la posición y no dar brincos (laborales) hasta enfrente. Sánchez opina que se trata de temas juntos –la Ley de Servicio Civil y la de Issstecali– ya que “No es posible que veamos solamente la mitad de la película, tenemos que entrarle al tema completo, tiene que revisarse porque una es consecuencia de la otra. A los trabajadores no podemos tampoco dejarles una situación complicada financieramente hablando. Hay trabajadores que han entregado una vida al servicio y cuando se jubilan se están encontrando con un instituto que está complicado en poderles pagar sus pensiones y jubilaciones, eso nos va a llevar a revisión de cómo se está accediendo a la jubilación, va a haber un momento en que no va a alcanzar para todos y es donde vamos a sufrir las consecuencias”. Aunque refirió que por el momento no hay iniciativa presentada para reformar la Ley de Issstecali, pero advirtió, “He sido muy categórico de que lo que se vaya a hacer tiene que ser producto de un consenso”. La urgencia es porque que Issstecali está resintiendo la falta de recursos para jubilaciones, sobre todo la jubilación dinámica, por lo que es necesario revisar el sistema financiero, “va a llegar el momento en que nos va a alcanzar el destino, el futuro y se va a acabar la reserva”. 
Sostiene su preocupación: “El propio trabajador es el que va a resentir tarde que temprano una incapacidad financiera por parte del Instituto, tenemos que revisarlo y estoy yo pugnando porque sea una mesa de consenso con los trabajadores y que se pueda conocer la realidad y que conozcan también el futuro que pueda prevalecer en ese sentido…hay una realidad en ese sentido, hay una realidad que no es posible taparse los ojos y no verla, entonces el querer dejar las cosas como están para que truenen en un equis tiempo, va a ser inevitable si no se modifican, sería pues simplemente hacernos locos en el sentido, entonces tenemos que encontrar la voluntad de todos los actores, el sindicato, el ejecutivo, legisladores, si queremos de veras entrarle de fondo al tema este”. A todos les tocaba Roberto Dávalos, perredista, refiere el pasado entre la relación de trabajadores sindicalizados y gobernantes: “por crisis económicas, la autoridad se portaba complaciente bajo la premisa que ‘nosotros hacemos como que les pagamos y ellos hacen como que trabajan’. Fueron valores entendidos, se les dieron prestaciones, algunos dicen que fueron de más, otros aseguran que se trata de logros sindicales. Creo que hay que tutelarles el derecho cuando así les asiste”. Opina Dávalos que es intención del Ejecutivo protegerse de temas como abusos del sexenio anterior, en lo relativo a “basificaciones”; ejemplifica con el Secretario de Salud –José Guadalupe Bastamente– o quienes pidieron y les dieron una base en la Comisión de Servicios Públicos, en los Ayuntamientos y hasta en el Órgano Superior de Fiscalización, ahora lo que buscan dice, “es regular cómo darle un sentido más apegado a derecho donde se permita que tengan sus derechos los trabajadores, pero que no haya excesos”. El diputado comenta que ya empezó el cabildeo desde el gobierno del estado para revisar puntos concretos, y desea o por lo menos considera importante, escuchar el punto de vista de los trabajadores. “No traigo dados cargados”, se defiende y confirma que nada se ha mencionado de reformar la Ley de Issstecali. Respecto la reforma que viene a la Ley del Servicio Civil, dice que está en cierne, con la posibilidad de que se le puedan hacer agregados. “Creo que es revisable, la intención sería meternos de manera prudente a su análisis a efecto de que se pueda beneficiar a ambas partes, por una el gobierno como patrón –que no sea rehén– y también los trabajadores, que salgan beneficiados”. En el Gobierno del Estado, desde la Secretaría General de Gobierno comentaron que apenas este miércoles se le presentaría el proyecto al Gobernador, y lo único aclarado por Guillermo Trejo Dozal fue que aún no estaba lista la propuesta para reformar la Ley de Issstecali, la que preparaban para dentro de tres meses, en mayo.
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