La defensa que desde Baja California se emprendió contra una reforma fiscal centralista, hecha para que el norte cargue con todo el peso económico de México, tuvo un momento culminante esta semana cuando se presentó formalmente el amparo colectivo contra el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero el proceso no fue nada fácil. Primero, el camino para la recolección de firmas para el amparo colectivo en contra de la homologación del IVA al 16 por ciento en la frontera tuvo presiones políticas que vinieron de diversos frentes, así lo denunció ante ZETA el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla. Incluso, Hernández Niebla expuso que los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, así como el de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, ejercieron presión a organismos empresariales de dichos estados para que no apoyaran el mega amparo. Y por si esto fuera poco, dos funcionarios federales –concretamente el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida- hicieron presencia en Tijuana en el marco de la entrega del recurso legal colectivo para distraer la atención pública. Cabe recordar que el miércoles 12 de febrero en punto de las 9:00 horas ante el Poder Judicial de la Federación en la Zona Río, se presentó el amparo colectivo con 58 mil firmas que fueron recolectadas entre el 6 de enero y el 2 de febrero, fecha en que se cerró la recepción de quejosos en los diferentes módulos que se instalaron en los municipios del estado. 
Al lugar llegó una unidad con diversos paquetes con cajas que a su vez contenían las firmas de los más de 50 mil quejosos que buscaron el amparo contra la medida tributaria que entró en vigor el primero de enero y que lesiona su bolsillo. Éste fue el escenario previo en que Juan Manuel Hernández Niebla y Adolfo Solís Farías, abogado que lleva la querella ante la autoridad federal, concedieron una entrevista a ZETA. Explicaron el proceso que sigue a la presentación del documento ante la autoridad correspondiente. De entrada dijeron que la demanda apenas empieza y que bien podría llevar por lo menos un año tener la resolución, pero alertaron que el Poder Judicial buscará que el desarrollo sea tardado ya que le apuestan a que el ciudadano fronterizo olvide el proceso judicial y se acostumbre a pagar el IVA del 16 por ciento. Hablaron también de las aproximadamente 10 mil firmas rechazadas debido a que se presentaron en formatos diferentes a los solicitados. Y comentaron el coraje que los ciudadanos vertían en los documentos en contra de Enrique Peña Nieto, así como de diputados y senadores federales por las medidas tributarias que entraron en vigor el primero de enero de 2014. De esto y otros puntos hablaron los entrevistados, a continuación la entrevista íntegra con este Semanario – ¿Finalmente, cuántas firmas lograron y qué estados participaron? Juan Manuel: “58 mil firmas fueron de Baja california y Nogales. Estuvimos platicando con gente de Los Cabos, Puerto Peñasco y Ciudad Juárez, y en teoría traían el movimiento, estaban recabando firmas pero no tenemos notificación oficial de que las hubieran mandado, documentación. Le dimos seguimiento, en la Paz nos dijeron que no harían movimiento, que se la iban a cobrar a la hora de las elecciones al partido. “En el caso de Chihuahua, nos dijeron claramente que estaban recibiendo presiones muy fuertes por parte del gobernador, de origen priísta, para que no se unieran al movimiento. Queremos pensar que claudicaron por esas presiones”. – ¿Presiones de qué tipo? “Imagino que mensajes velados en términos generales, como el gobernador del estado de Chihuahua les recomienda que no se sumen al movimiento, que no hagan movimientos de tipo activista. Ellos se sentían un poco solos y abandonados, y finalmente les faltó el empuje para decir: vamos solos y contra corriente”. Adolfo Solís: “En Ciudad Juárez un diputado (Rogelio Loya, secretario de la Mesa Directiva del Congreso de Chihuahua), reunió 3 mil firmas, pero lo único que pedía a cambio era el reconocimiento que él las había proporcionado y que le diéramos crédito expreso. Le dije que ni crédito, ni reconocimiento porque no era un movimiento partidista. Que solo podíamos darle las gracias por haber generado las firmas. Expresamente me dijo que si por algún motivo no le dábamos el reconocimiento entonces no servía su trabajo. “En La Paz me contactaron grupos y personas con otras 3 mil firmas y quisieron hacer presión. Les dije que se coordinaran al CEE y cámaras de allá pero estos organismos empresariales me dijeron que se sentían preocupados porque el gobernador no los dejaba. Porque según iba a ser revertido por la Federación económicamente al estado y al municipio y que eso les impedía poder hacer un movimiento realmente serio. “Sí empezamos a ver un comportamiento regional; la frontera sí participó, pero hubo actores que quisieron sacar ventaja de esa participación”. – ¿Cuántas rúbricas no pudieron ser válidas y por qué razón? Adolfo Solís: “Se recabaron casi 70 mil, pero hubo algunas que no se incorporaron porque había formatos donde ponían leyendas agrediendo al Presidente de la República, diputados, senadores. Otra situación fue que si había un error lo corregían con liquid paper, lo tapaban y le ponía otro nombre encima. Eso está prohibido. “En lugar del formato oficial ponían sus logotipos. Tengo el caso de una que recabó 280 firmas pero venían como en una hoja membretada, dando la posición de la empresa y además agregaba que estaban inconformes con otras cosas. “Recuerdo otras 80 firmas que presentaron los quejosos que pedían al gobierno cambiar muchas cosas y ofrecían las propuestas para una reforma fiscal. Esto quiere decir que se expresó una voluntad de la frontera, pero algo falló que no lo hicieron en formatos oficiales. El amparo es un tema de rigor, no es como dar de alta a un partido político y agarras las personas para firmar. No es una recopilación de ese tipo de gentes, tienen que ser firmas debidamente cotejadas. “El haber convocado a esta cantidad de quejosos sin premio de por medio es histórico. No hay nada a cambio, tuvimos solo un mes para juntarlos. No solo fue un ‘ven y firma’, está plenamente identificada la firma en un documento debidamente estructurado. Es un éxito porque la sociedad lo elaboró, los abogado hicimos la parte técnica y la sociedad generó las firmas. “El nivel de perfección para que hayan entrado miles de personas a rellenar esos formatos fue del 98 por ciento. Esto es un primer cimiento al futuro. Fue un despertar de la sociedad porque esas 70 mil firmas no son solo de madre soltera, desempleado, sino que representan la voluntad de su patrimonio familiar”.
Juan Manuel: “Al poder articular a la sociedad y presentar un frente común para decirle a la Federación: ‘tus políticas centralistas se van a topar con un movimiento de este tipo’; con eso, de entrada ya ganamos como sociedad fronteriza. “Por otro lado, cabe mencionar que la nueva Ley de Amparo contempla presentar las firmas en electrónico y que se le dé seguimiento al caso de esa forma, pero la Corte no tuvo la estructura para ese sistema. Nos hubiera evitado imprimir más de 700 mil documentos. Más sencillo para adherirse como para presentarse. Si lo hubieran hecho, fácilmente reunimos las 300 mil, 400 mil firmas. Eso es parte de lo que le falló a la Corte. No estuvieron listos para ésta y entonces a patear el bote y ya se verá lo que venga”. – ¿Cuál fue el costo del amparo? Juan Manuel: “Iniciamos el 6 de enero y terminamos el 2 de febrero. Fueron 500 mil pesos en logística, en copias estaremos gastando 180 mil pesos. 40 mil pesos de rentas de máquinas copiadoras. 300 mil pesos para apoyar a jóvenes (traslados y comidas) de clases muy marginadas que se sumaron al movimiento y a veces pedían para los camiones. Venían del Jibarito, del Cucapah, solo traían un sándwich para el día. “Por otro lado, hay que mencionar que estuvieron intentando opacar el movimiento: en esta semana tuvimos dos funcionarios federales; la posibilidad de presentar el amparo era el lunes o martes y el martes estuvo Aristóteles Núñez del SAT y el miércoles, el Secretario del Trabajo, como que hubo esa presencia jalando reflectores”. – El miércoles 12 presentaron el amparo ante juzgados a las 9:00 horas, ¿cuánto tardó la recepción? Adolfo Solís: “Todavía, ayer a las 7:30 de la noche me tocó hacer entrega del archivo electrónico para hacer más ágil; el proceso de admisión es un trabajo titánico, para que el juez transcriba tantos nombres; imagínate, fuimos 120 voluntarios en 30 días, cuánto tiempo se llevaría el juzgado. Hacen un conteo concreto. Cuando se recibe la demanda, se coteja el nombre y la firma individual. Si no lo hacen no pueden admitir, es un trabajo titánico. “Por cierto, la Juez que va a resolver es la Tercera de Distrito que tuvo el caso de Jorge Hank Rhon. Ha estado en dos juzgados de distrito de Ensenada. Es de la región, fronteriza que conoce toda la temática económica. Porque su familia es de Ensenada, debe entender los problemas de la región. Porque es un tema técnico. También está acostumbrada a la presión. Lo anterior puede ser una gran ventaja. Casi todos los jueces los mandan de fuera, y si hubiera sido así ya estábamos condenados”. – ¿Ahora qué pasos siguen en la demanda de amparo? Adolfo Solís: “Son varias fases: Se presenta la demanda, se admite la demanda; se fija la fecha en que se va a sustanciar el desahogo de las pruebas. Se ordena la preparación de las pruebas. Se ordena desahogo de pruebas, hasta aquí se van tres meses. Se presentan las últimas argumentaciones en el expediente. Alegaciones constitucionales. Y lo último es la audiencia constitucional. “Cabe recordar que a la par se ha citado a las instancias federales quienes dirán cómo no se daña a la frontera. Van a tener que demostrar que no se le afecta al bolsillo de los ciudadanos. Tienen que tratar de demostrar una mentira porque su sustento está basado en que tenemos más teléfonos celulares, líneas de internet, mejor sistema de transporte que por eso somos menos marginados. Que la competitividad que necesitaba la frontera no es necesaria. “Para que un país sea equilibrado no puedes dejar que los impuestos estén de un solo lado, deben ser equitativos y proporcionales. Toda la carga fiscal la echaron a la frontera. Somos quienes cargan a todo el país. El peso fiscal del país, el dinero que se necesita solo una región lo va a tener que aportar. Somos 7.2 millones en la frontera norte y vamos a absorber la presión fiscal. “Hemos preparado un grupo muy amplio de abogados. La estrategia de la autoridad será demorar el proceso. Utilizar su posición política, de estado de fuerza para tratar de influir presupuestalmente al Poder Judicial, para tratar de influir una decisión cierta. Hacer que esto se vaya a cinco años, para que la gente se acostumbre, se le olvide y pague. La estrategia de nosotros es que haya transparencia, que el análisis específico de los argumentos del juzgador sean sujetos al escrutinio público porque vamos a darnos cuenta si sus argumentaciones son técnicas o no”.
– ¿Cómo habrán de sustentar el daño en la frontera? “Tenemos 40 abogados integrados con el proyecto y tenemos otros 40 más de todo el país. Por la parte técnica, el Vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, José Luis Contreras Valenzuela, va a coordinar a todos los economistas que van a ayudar a presentar todas las pruebas. En el amparo lo que vas a presentar son las argumentaciones técnicas y la prueba es la que demuestra el daño. Hoy las argumentaciones técnicas ya están y vamos por demostrarles ese daño con la pericial técnica”. – Si les dan la razón… “Se comprueba que las cosas están mal. La autoridad no se va a quedar conforme, y se va una segunda fase donde presenta un recurso de revisión. Nosotros, aunque nos hayan dado la razón, nos vamos a la revisión adhesiva que es fortalecer las condiciones de la sentencia. En dado caso que esto se vaya a la Suprema Corte, se admite y se turna a sala ministro oponente y éste lo propone y entonces todos en pleno resuelven sobre la procedencia del mismo. “Por estrategia procesal, la Suprema Corte buscará que esto se resuelva localmente porque si lo resuelven la Corte se va a crear un criterio y entonces los 7 millones de fronterizos van a subirse al criterio y entonces el Estado-gobierno va a tener un colapso. Por estrategia lo que dice el Estado: si se ampararon 60 mil pues les da la razón pero los otros 7 millones siguen pagando el impuesto; lo hace por un tema de conveniencia”. – Si ganan el amparo, ¿qué sigue? “Una vez ganado el amparo contra el IVA del 16 por ciento en la frontera, al gobierno federal no le quedará de otra que cambiar las leyes. Dada la complejidad que representaría para el gobierno saber quién sí y quien no está amparado, eso podría beneficiar a toda la comunidad porque el legislador tendría que hacer una modificación que beneficie a todos, pero no es obligatorio, eso es algo que sé por la experiencia. Solo el amparado gana. Estamos al inicio de un proceso, esto apenas empieza”. Muchas gracias.
Publicidad
