Diferentes sectores destacan el Presupuesto de Egresos aprobado para 2014 por el Congreso de Baja California, como el punto criticable en los primeros 100 días de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid. Por otro lado, el Ejecutivo asegura que se trata de una política de gasto eficiente. Presumiblemente, no existe coordinación entre los líderes empresariales, de opinión y hasta diputados, con el gobierno. El proyecto es público, las acciones para dar a conocer el régimen de egresos estatales, no. A prácticamente 100 días de la toma de protesta del panista, no hubo la publicación de un programa mensual en este periodo, por apostarle al Plan de Desarrollo Estatal sexenal, el cual no se ha dado a conocer, y aun cuando la Ley establece como atribución una consulta ciudadana, hasta ahora han optado por ignorar ese lineamiento. Según el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Roberto Dávalos, tampoco ha habido una incidencia con la agenda legislativa, además de la presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos. Aunado a esto, surgen cuestionamientos alrededor de los compromisos planteados por el gobierno, porque este último asegura, por ejemplo, que se abatirá la pobreza extrema en tres años, cuando no especifica el mecanismo. “También haciendo declaraciones que a veces me parecen nada más por impactar, por ejemplo, que en determinado tiempo se va a abatir la pobreza en Baja California, cuando pues eso es imposible, que por decreto se solucione el problema de la pobreza”, expone al respecto Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). La crítica al gobierno de Kiko Vega se agudiza cuando no hay una información eficiente. No es tan fácil gobernar como hacer campaña Espinoza Valle, doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública, coincide en la idea de un gobierno en gestación, sin rumbo visible: 
“Parece que está en gestación, no percibo, a lo mejor es un problema de comunicación, a lo mejor no me he dado cuenta, pero en esos procesos normalmente se percibe cual es el rumbo, más allá de la plataforma y lo que nos dijo en el proceso electoral que se habló de todas las áreas; pero no lo veo reflejado en un programa de gobierno concreto, que esto va a ser así, salvo en declaraciones”. Comenta que la referencia que el gobernador hizo a unas finanzas contraídas, lo obligaba a establecer inmediatamente un sistema austero, como lo anunció en campaña. “Sin embargo, por la información que uno tiene, que no es mucha, resulta que no hay tal ahorro en términos de los salarios, por ejemplo, de los funcionarios gubernamentales no, son muy relativos, el impacto es muy relativo… yo creo que en esta primera fase (Vega) está encontrando que no es tan fácil gobernar como hacer campaña, no, pero es el problema de todos los gobiernos estatales”. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también expresa en entrevista su opinión sobre el criterio que dejó ver el Ejecutivo con esta asignación de recursos: “Sentimos que la manera en que se estructuró el presupuesto para este año, las áreas de desarrollo económico que en principio son las que van a apuntalar, el desarrollo, se les disminuyó gran parte del presupuesto”. Sobre el Plan de Desarrollo Estatal El perredista Dávalos Flores sostiene que el Plan Estatal de Desarrollo se hizo al margen de la Ley de Planeación del Estado, que refiere como atribución la consulta con municipios, legisladores, organizaciones privadas y sociales, antes de su aprobación. “La ciudadanía se quedó con ganas de participar en la creación de un Plan Estatal de Desarrollo, como lo marca la Ley, y se violenta, que ordena que se consulte a todos los bajacalifornianos para generar un plan donde participen todos los bajacalifornianos, todos los sectores del Estado y ciudadanos en general. Solo por decreto, violando la Ley, se emite un decreto donde se dice ‘aquí está el Plan de Desarrollo, y les guste o no les guste, esto se lo van a comer’”. Mientras tanto, el gobierno prepara su Plan de Desarrollo para los próximos seis años, del que Herrera Zárate destaca 120 proyectos “muy importantes” con una inversión municipal, estatal, federal y privada, de 65 mil millones de pesos. 
Estrategia sexenal que, argumenta, se hizo en base a las propuestas y reclamos durante la campaña, incluidos los del partido del sol azteca. De ahí saca el compromiso de abatir la pobreza extrema en los próximos tres años, con mil 300 millones de pesos de programas del gobierno en educación, salud, vivienda y desarrollo social. Por lo pronto, en estos primeros cien días de gobierno se han identificado 168 polígonos urbanos y 152 rurales, con 129 mil personas a las que se beneficiará. En ese sentido, una reorientación en la inversión del gobierno, deja ver que el 64 por ciento irá al gasto social, seguido por participaciones, municipios, seguridad y procuración de justicia. Presupuesto para funcionarios y más deuda Junto al secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, el gobernador Vega de Lamadrid aseguró el aumento de servicios personales y otros gastos llamados “innecesarios” por los políticos cuando están en campaña. Ya en el gobierno panista, se dejan ver los millones en distintas partidas y aumento en otras, por ejemplo, sueldos, remuneraciones, bonos y demás prestaciones que llegan a 13 mil 113 millones 909 mil 409 pesos, cinco por ciento más que en el último ejercicio de la administración anterior. Pasando a otros rubros, como celulares y telefonía, aparecen en el proyecto presentado por Kiko y aprobado por los diputados, 6 y 34 millones de pesos, respectivamente, caso similar en comidas, cafetería, agua y hielo, y hasta copias. Otro aumento es en sueldos tabulares de confianza por 10 millones 735 mil 540 pesos, después de que en 2013, hubo 272 millones 207 mil 237 pesos. También en “Honorarios Asimilables a Salarios”, se aumentó un 236% respecto al año pasado, pasando de 18 millones 43 mil 945 pesos, a 61 millones 966 mil 332 pesos. “Nosotros hemos pedido que nos informen a quienes van a contratar, a qué asesores, a qué gente a través de estos contratos, porque generalmente esas son las que se conocen como pistas de aterrizaje para los aviadores. Es un rubro que no le va a generar ahorro al Estado, no va a generar inversión, ni productividad, y pues es grave”, sostiene Roberto Dávalos. El incremento de la deuda, combinado con lo anteriormente mencionado, es otros de los puntos que ponen en duda la austeridad del gobierno estatal, y que aseguró la votación en contra del perredista. En este caso, con los 3 mil millones de deuda que aprobaron los diputados, pasó un total de 17 mil millones de pesos. En respuesta En entrevista, el coordinador de gabinete del Ejecutivo, Mario Herrera Zárate, insiste en que no se trata de ahorrar, sino de un gasto con eficiencia. “El gobernador anunció una profunda reforma a la organización de gobierno, y la política y estructura de gasto, que en resumen se simplifica. No es una política de ahorro, sino en una política de eficiencia. No se trata de gastar menos, porque las necesidades del Estado requieren mayor gasto público”. Aclara que por Ley, la disminución en remuneraciones llegó para el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores generales de dependencias estatales y paraestatales. Por ejemplo, por lo menos durante este año, Kiko recibirá estrictamente no más de 110 mil pesos mensuales, además de que ningún otro funcionario puede percibir más que él. El salario del jefe del Ejecutivo costará en todo el año alrededor de un millón 300 mil pesos. Estas disminuciones van del 11.5 al 21.7%, respecto a lo que recibieron los funcionarios del año 2013. “No representa en términos del gasto público una cantidad muy grande, son alrededor de 12 millones de pesos en el sexenio, lo que pasa es que es una medida de legitimación. ¿Por qué no baja más la del gobernador?, porque tendría un efecto dominó, una cadena de remuneraciones, y no todos los servidores ganan lo mismo. Por lo menos en dos, tres direcciones generales, si el gobernador le baja más, el director general ganaría menos que los choferes de un servicio de transporte”, aclara Herrera.
Corregir una estructura presupuestal de 30 años En el tema de aumento o mantenimiento de gastos superfluos, el coordinador de gabinete afirma que se trata de una estructura presupuestal con 30 años de antigüedad, misma que pretenden corregir en los próximos dos años. Por lo pronto, se hará uso de transferencias presupuestales y ampliaciones, con el fin de trasladar este recurso a partidas operativas. “En el camino se le van haciendo correcciones, el presupuesto supone una posibilidad de ampliación y otra de transferencia normales. Lo que no se puede hacer es salirse de los montos de deuda, hacer transferencias de cierto calibre que el Congreso no apruebe, y lo más importante, no desviarlos”. Llama la atención una partida llamada “Contingencias Socioeconómicas y Financieras”, por 245 millones de pesos para el año, que el gobierno explica sencillamente: “Tiene que ver por ejemplo con impactos inflacionarios o caídas que no se tienen previstas, tiene que ver con impacto de recesión, por ejemplo” Herrera Zárate refiere que por ahí se empieza a corregir un conflicto, una estructura de gasto que históricamente tiene más problemas para servir como instrumento para el desarrollo de la entidad. Aumento solo para burocracia y magisterio Otra política del gobernador a la que hace referencia su coordinador de gabinete, es la de no afectar a personal técnico y operativo, de base o de confianza; por el contrario, para este año se aprobó un aumento en el presupuesto de Servicios Personales (remuneraciones, aguinaldos y prestaciones) de 682 millones 456 mil 441 pesos. Recurso que, según la Ley, no pueden tocar los funcionarios mencionados con anterioridad. Este incremento representa el 33% del presupuesto 2013, y del total, se reparte un 71.85% al magisterio y un 28.15% a personal de la burocracia bajacaliforniana, bajo los criterios de compromisos contractuales y expectativas de incrementos salariales de las renovaciones contractuales. Para ejemplificar el impacto que tiene el sistema burocrático y magisterial en el erario del Estado, destaca que de 24 mil trabajadores en la administración central, 19 mil 900 son profesores, 2 mil 804 de base, y 5 mil 27 de confianza. “Todas las plazas de gobierno están congeladas cuando están desocupadas por el decreto de la autoridad, que no se permitieron la creación de nuevas estructuras, solo un área en turismo médico. En el resto es reorganización”, precisa Mario Herrera Zárate. “Gobierno miope” El diputado Roberto Dávalos Flores sostiene que hay una reducción en Desarrollo Urbano de mil 300 millones de pesos, pese a que “esta inversión genera obra, infraestructura para el Estado, empleo, y es una inversión pública importante”. Lo mismo en sectores de producción como la pesca y la agricultura, “es un gobierno miope, porque es uno de los polos de desarrollo de Baja California”. En el terreno de seguridad pública, el perredista hace referencia a una reducción de 300 millones de pesos, algo que califica de ilógico, “yo no veo por qué debamos echarnos a descansar y no invertirle”. Es la parte que preocupa a Jonathan Díaz Castro como titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, él utiliza una analogía para ilustrar que la inversión en esa materia no debe abandonarse.: “Cuando ves que los bomberos que apagan un incendio pues hasta se preocupan por andar removiendo el escombro, porque lo dejas y vuelve a prender, aquí es lo mismo. Ahí está, se ha logrado combatir mucho, pero no podemos quitar el dedo del renglón, nos va a costar volverlo a controlar”. En respuesta, el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, Mario Herrera, tiene otra opinión. Menciona que disminuir el presupuesto en Pesca, Turismo, Desarrollo Agropecuario o Económico, se debe a que estas dependencias fungen más como apoyo, y sus titulares son representantes o promotores frente a las dependencias federales en el ramo. “Si Usted le baja a pesca es de carácter administrativo, pero no tiene que ver con los recursos o la importancia que tiene la pesca, es una función complementaria. Por ejemplo, para gestiones de productores y que los encabezan los secretarios como representantes, promotores, para eso no requieren estructuras grandes”. Verificación, área de oportunidad en transparencia: Hernández Niebla El tema del Programa de Verificación Vehicular, de los 16 centros alrededor del estado, sus ganancias, concesionarios, inversiones y temas científicos, como la veracidad en los estándares de medición de contaminantes, sigue siendo una incógnita. Aun cuando las mesas de discusión entre las autoridades -Gobierno del Estado, Congreso y verificentros- iniciaron hace dos semanas. Para unos, esta política representa evidentemente un tema recaudatorio, y para otros, un “área de oportunidad” en el tema de transparencia y rendición de cuentas. 
“Yo creo que es un área de oportunidad todavía, no podemos decir que está mal porque nada más tiene tres meses en el gobierno, definitivamente se sigue teniendo como un área de oportunidad, yo creo que no entendemos los esquemas de los verificentros, ni porque se está haciendo de la manera que se está haciendo”, manifiesta Juan Manuel Hernández Niebla, titular del Consejo Coordinador Empresarial. Por su parte, el diputado Roberto Dávalos dice que aún no se informa en el Congreso hasta qué punto “se comprometió” a los bajacalifornianos en los contratos de concesión con las empresas que por 10 años se encargarán de la verificación vehicular. “Hemos pedido que entreguen e informen sobre los contratos de concesión, para saber quiénes son los verdaderos concesionarios, si es cierto que hay funcionarios y ex funcionarios ahí metidos, quiénes son los concesionarios o prestanombres, y aparte, ver de qué manera se le ha obligado y comprometido a los bajacalifornianos en esos contratos de concesiones. Por qué tanta urgencia de hacer obligatoria la verificación”, cuestiona. Empujón al crecimiento económico y una pobre inversión en obra En los últimos días, el gobernador lanzó la Cruzada por el Empleo y Desarrollo Económico de Baja California, que prevé una serie de descuentos, condonaciones y facilidades en pro de la simplificación administrativa y en contra de los obstáculos burocráticos. Por ejemplo, descuentos en recibos del agua, en la inscripción dentro del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, eliminación por un año del Impuesto sobre la Nómina cuando se trate de contrataciones a personas de más de 45 años; eliminación del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal cuando las empresas presenten proyectos de inversión, descuentos en el pago mensual de derechos por consumo de agua a empresas tratadoras de aguas residuales, entre otras. Para el titular del Consejo Coordinador Empresarial, lo anterior representa parte de lo que en la concepción del empresariado es tarea del Gobierno del Estado, “crear políticas adecuadas” para que se den inversiones y aperturas de nuevas empresas. Por su parte, Jorge Eduardo Pallares Chávez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, resalta que la información que como sector comparten con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, representada por Manuel Guevara, dicta que para este año hay alrededor de 117 proyectos con inversión estatal, federal y de asociaciones público-privadas. Asimismo, adjudica la parálisis que existe en obra en la entidad desde el cambio de gobierno a la espera de la inyección de dineros para el ramo, pues lo que presupuestó el Estado, apenas llega a los mil 400 millones de pesos. Pallares Chávez explica que la inversión anual para un estado como Baja California en materia de infraestructura, debe llegar a 3 mil millones de pesos, sin embargo, se espera que la inversión para 2014 sea de 2 mil 800 millones de pesos. “Enfocado para generar empleos para Baja California, la idea se refiere a reactivar la economía para generar más empleos, todos están alineados a la estrategia del crecimiento económico, va también pegado junto a la infraestructura que se quiere hacer en el Estado, vemos muy alineado hacia las inversiones”, estima. En estas condiciones, entre la falta de información a la sociedad y los actores empresariales, políticos y ciudadanos, el gobernador Kiko Vega arribará a sus primeros cien días de gobierno sin un plan de desarrollo consensuado entre los bajacalifornianos, ni publicado para conocimiento de todos; con un presupuesto excedido, fallas en la comunicación y con la justificación del gasto eficiente. Las obras y las acciones inmediatas, no se vieron.
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