Más de 200 residentes de la delegación El Rosario, entre comerciantes, amas de casa y pescadores de la “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada S.C.L.” (SCPP Ensenada), tocaron puertas la tarde del 2 de octubre en las oficinas del gobierno estatal y municipal en Ensenada. Denunciaban haber llegado al límite de su tolerancia, luego de ser víctimas de amenazas, agresiones físicas, robos, extorsión, piratería y bloqueos de vías de acceso a sus lugares de trabajo; de vivir, prácticamente, en un pueblo sin Ley. La respuesta que recibirían de las autoridades tras su denuncia ese miércoles, los dejó boquiabiertos. El Secretario General del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ley Álvarez, solo les dijo a los pescadores que le pedían apoyo. “No puedo hacer nada”. Habían pasado 17 días, luego del bloqueo que grupos de pescadores ribereños en El Rosario, antagónicos a la SCPP Ensenada, montaron sobre la principal vía de acceso para llegar a los campos pesqueros concesionados a esa cooperativa. En cifras conservadoras, pérdidas por más de 60 mil dólares diarios, según rápidos cálculos hechos por algunos pescadores afectados. Desde el 11 de septiembre, 5 días antes de que fuese levantada oficialmente la veda para la captura de langosta en Baja California, grupos de pescadores ribereños, entre los que se encontraba el de José García Mercado, presidente de la “Empresa Integradora de Langosteros Ribereños de Baja California”, quien ha sido representante legal de “Sociedad de Producción Rural Punta Canoas, S. de R.L. de C.V.”, amenazaron con utilizar medidas drásticas para evitar que la SCPP Ensenada iniciara actividades de captura de langosta el 16 de septiembre.
La Cooperativa posee una concesión federal vigente para la pesquería de langosta en la zona de El Rosario, en los mismos polígonos donde los langosteros ribereños desean pescar la especie, sin tener ellos la concesión. Los ribereños advirtieron públicamente el 11 de septiembre “que los pescadores de esa región se mantienen abiertos al diálogo y dispuestos permitir que la Cooperativa Ensenada trabaje, siempre y cuando a ellos también se les permita pescar”. Declaraciones que independientemente de los permisos que no tienen, están más enfocadas a un estilo de vida al que ya estaban acostumbrados. De negociar con la concesionaria para que a través de contratos o convenios pudieran realizar actividad en sus polígonos. Al no haber llegado a un acuerdo con la SCPP Ensenada que les favoreciera, y ante lo que consideraron una decisión equivocada de las autoridades responsables tras renovarle los permisos de pesca de langosta a la Cooperativa Ensenada, el bloqueo se inició desde la noche del 15 de septiembre. Esto ha llevado a una escalada de enfrentamientos, cada vez más serios y violentos. Por un lado los pescadores con los permisos legales queriendo ingresar a su área de trabajo, y por el otro los pescadores inconformes, en protesta por la decisión “equivocada” del gobierno federal, de renovar la concesión sin incluirlos. A pesar de que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), bajo el mando de Mario Aguilar Sánchez, y la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA) del Gobierno del Estado, actualmente dirigida por Carlos Aceves González, se han reunido en distintas mesas de trabajo e invitado a pescadores bajacalifornianos, para resolver los problemas del sector, el conflicto en El Rosario no ha mostrado señales de resolverse. La tensión por la inactividad tras el inicio de la temporada, ha generado enfrentamientos y personas golpeadas. El Ministerio Público tiene registradas al menos 2 denuncias formales por agresiones, según afirmó la Subprocuradora Lidia Gallegos Aguilar en una reunión que sostuvo con los integrantes de la SCPP Ensenada el 2 de octubre. No obstante, continúan denuncias de personas armadas, con bats, hachas, y portación de armas de fuego, que no han sido atendidas por la Policía Federal o municipal, a decir de los manifestantes. El subsecretario general de gobierno en Ensenada, Marco Arturo Durazo Gutiérrez, aseguraba a los residentes de El Rosario que ellos no tenían facultades para intervenir en el conflicto. A menos que existieran denuncias ante la PGJE, donde el Ejecutivo podía involucrarse. El titular de la SEPESCA, bajo la misma línea aseguró que tampoco tienen facultades para intervenir en el tema, y lo único que han estado haciendo es invitar al diálogo entre las dos partes. La Subprocuradora Gallegos aseguró que sin denuncias ante el Ministerio Público los agentes no podían actuar. Lo más que podían hacer, dijo, es enviar a un par de agentes ministeriales a que se “echaran vueltas” por el sitio, para que al menos los vieran, aunque no tenían facultad para intervenir en caso de que hubiera problemas. Con los permisos y cartas solicitando ayuda en mano, el representante legal de la SCPP Ensenada, Francisco Arauz, preguntaba: ¿quién entonces podía retirar a las personas que bloqueaban el acceso a su lugar de trabajo y no les permitía tirar las trampas de langosta? La respuesta del Ejecutivo, en voz de Durazo Gutiérrez, fue: “la policía municipal”. El gobierno del Estado se deslindaba completamente del problema y se decía atado de manos ante el conflicto. No obstante, la neutralidad del Ejecutivo en el conflicto resultaba dudosa luego de las declaraciones hechas por el Secretario de Pesca días antes, y el mismo 2 de octubre por Durazo Gutiérrez. La semana anterior, Aceves calificaba como algo “injusto”, el hecho de que la SCPP Ensenada tuviera renovada su concesión, y que no se repartieran de otra forma los polígonos. Sus declaraciones el 2 de octubre, eran que ellos tenían todo el permiso formal, para hacer su trabajo ahí, y que deberían poder trabajar. El 2 de octubre Durazo sopesaba lo justo y ético del caso, antes de dialogar con los pescadores de la Cooperativa quienes legalmente tenían los permisos.
La desesperación de la SCPP Ensenada, los obligó a viajar en grupo los cerca de 250 kilómetros que separan El Rosario de Ensenada, para demandar personalmente una solución. Y se encontraron con autoridades que no querían intervenir y que se deslindaban de inmediato. Durazo Gutiérrez lanzaba preguntas al aire mientras atendía a los pescadores, preguntando qué había hecho la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que por qué no iban a preguntarles a ellos, si el problema era un tema de seguridad. Los más de 200 pescadores y residentes de El Rosario así lo hicieron. Salieron del edificio del Ejecutivo para trasladarse al edificio de la Casa Municipal, y solicitar ayuda para que alguna autoridad, la que fuera, les acompañara mientras buscaban entrar hacia su lugar de trabajo. Alrededor de las 15:30 horas del mismo 2 de octubre, el Secretario General del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ley Álvarez, salió a atender a las decenas de pescadores que pedían apoyo. “No puedo hacer nada”, les dijo, luego de que le explicaran el problema. “Es competencia del Ministerio Público”, decía Ley, mientras los ánimos se caldeaban y la evidente desesperación de los pescadores se reflejaba en gritos y manoteos al aire. “En estos momentos, sin poder entrar a la zona, hay otras personas que por el mar están ingresando a nuestro polígono y saqueando”, dijo uno de los pescadores. El reclamo de los pescadores incluso encaja con el primer párrafo del Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se menciona que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. El bloqueo de las únicas vías de acceso ya llevaba 17 días, la situación era insostenible económica y emocionalmente para ellos. La negativa de todas las autoridades y las declaraciones de “está fuera de nuestras facultades”, cayó como un balde de agua fría. Nadie parecía poder hacerse cargo de un bloqueo a un camino. Una carta dirigida el 18 de septiembre al delegado municipal de El Rosario, Héctor Espinoza Arrollo, terminó en una respuesta el 23 de septiembre, donde el funcionario les afirmaba que no podían intervenir, y que el asunto estaba siendo resuelto a través de la SAGARPA. Las advertencias de los pescadores y comerciantes presentes de que el conflicto en la zona del bloqueo podría tornarse violento, que podría haber derramamiento de sangre, no dejaban de mencionarse, aunque no modificaban en nada la actitud, ni de Ley Álvarez en el municipio, ni de Durazo, Gallegos y Aceves en el Estado. En la frustrante reunión con la autoridad municipal, el Secretario del Ayuntamiento prometió que buscaría hablar con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Florencio Cuevas Salgado, para ver qué podían hacer. “Si su teléfono no tiene saldo, aquí está mi celular, llámele ahorita, queremos solución hoy”, le dijo Iliana Arauz Delgadillo, de la SCPP Ensenada. Ley no quiso, y dijo que no podía hablarle en ese momento a Cuevas. Ni siquiera lo intentó.
Durazo tampoco intentó hacer llamadas para tratar de resolver el problema. Los pescadores de la SCPP Ensenada le entregaron una carta dirigida al gobernador José Guadalupe Osuna Millán, para ver si algo podía hacer. Sin promesas, sin opciones de solución rápida. Los pescadores se enfrentaron a una espiral burocrática que parecía ir cada vez más profundo. La carta dirigida al Gobernador decía: “Los habitantes del poblado El Rosario en Ensenada, conformados por grupos de producción pesquera, comerciantes y familias afectadas, solicitamos su urgente intervención ante la autoridad municipal, Presidente Municipal y Secretario de Seguridad Pública Municipal, ante los hechos violentos y violatorios de nuestros derechos y seguridad personal y de nuestras familias, ya que hemos acudido ante la autoridad municipal en dicha delegación sin obtener respuesta a nuestra petición; para ser específicos el hecho de tapar los accesos al área de nuestro trabajo es atentar contra el derecho que como ser humano tenemos a desarrollarnos y llevar el pan de cada día a nuestras casas. La situación está a punto de acabar nuestra paciencia y no queremos que esto termine en más violencia es por eso que con todo respeto, intervenga de la manera más urgente con la autoridad municipal competente”. Fue recibida por Durazo y firmada por los pescadores y habitantes de El Rosario presentes en la reunión del 2 de octubre. La problemática en la pesquería de langosta, se suma a una larga lista de problemas vinculados con el sector pesquero en Baja California, que bajo la misma línea de robos, delincuencia organizada, supuestos abusos o fallas en la entrega de permisos por la CONAPESCA, y falta de vigilancia, mantienen amenazado al sector, e incluso a la preservación de las especies, luego de una sobreexplotación derivada de la piratería. Tabla con datos de CONAPESCA, sobre la pesquería de langosta roja durante el año 2012 en Baja California. Oficina De CONAPESCA Mes Peso vivo (Kg.) Valor (pesos) El Rosario Enero 20859 $2,071,800.00 Ensenada Enero 6249.55 $2,603,151.30 Isla Cedros Enero 41976</p> $3,819,816.00 San Quintín Enero 5925 $1,085,500.00 Villa de Jesús María Enero 4814 $1,135,640.00 El Rosario Febrero 8123 $813,670.00 Ensenada Febrero 2016.55 $841,087.00 Isla Cedros Febrero 10150 $923,650.00 San Quintín Febrero 2025 $342,250.00 Villa de Jesús María Febrero 4016 $942,860.00 El Rosario Septiembre 23860 $2,423,990.00 Ensenada Septiembre 8484.7 $2,751,998.68 Isla Cedros Septiembre 63539 $5,782,049.00 San Quintin Septiembre 6675 $1,000,550.00 Villa de Jesús María Septiembre 21709.5 $4,069,810.00 El Rosario Octubre 31542 $3,269,050.00 Ensenada Octubre 14768.54 $5,015,840.59 Isla Cedros Octubre 69992 $6,369,272.00 San Quintín Octubre 9308 $1,387,040.00 Villa de Jesús María Octubre 26729 $5,085,300.00 El Rosario Noviembre 40474 $4,375,310.00 Ensenada Noviembre 14401.59 $5,279,925.53 Isla Cedros Noviembre 57101 $5,196,191.00 San Quintín Noviembre 10330 $1,426,200.00 Villa de Jesús María Noviembre 11383 $2,179,600.00 El Rosario Diciembre 27616 $2,944,438.00 Ensenada Diciembre 9103.55 $3,687,222.26 Isla Cedros Diciembre 31792 $2,893,072.00 San Quintín Diciembre 9300 $1,237,500.00 Villa de Jesús María Diciembre 5764 $1,077,500.00
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