Al revisar el pedimento de importación de un vehículo, llaman la atención dos detalles: el valor con el cual se facturó, no alcanza el precio real, y el único concepto que aparece a saldar es el Impuesto al Valor Agregado. Esto significa que el carro fue importado con un amparo contra los requisitos impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, un carro Ford Focus modelo 2005 nacionalizado, tendrá un valor facturado de 19 mil 943 pesos, es decir, el valor de la importación con amparo no llega ni a la mitad del precio del vehículo en el mercado -que es de unos 41 mil 512 pesos-. Además, solo se tendrá que pagar el .16 por ciento de IVA para su circulación en territorio mexicano. La diferencia entre lo que cobra una comercializadora por el proceso y lo que realmente les cuesta, significa la ganancia; tal desfase anda en unos 700 dólares, según denuncias hechas a ZETA que versan en el sentido de que ese dinero se utiliza para mantener un engranaje de soborno y corrupción que llega hasta la propia Administración de la Aduana, iniciando en el Poder Judicial de la Federación, que hasta el momento beneficia por lo menos a ocho personas en esta zona fronteriza La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado como constitucional el decreto que establece los precios estimados para la importación de unidades, pero esto aún no se traduce en la suspensión de los procesos de amparo precisamente contra ese mandato. 
Con datos extraoficiales en mano, los quejosos calculan que se importa un promedio de 2 mil unidades semanales por la Aduana de Tijuana, por lo que habría una ganancia “que de ninguna manera entra a las arcas federales” de un millón 500 mil pesos. Para conocer datos oficiales, se solicitó entrevista con autoridades de las oficinas centrales del Servicio de Administración Tributaria, pero hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Economía (SE) en Baja California, advirtió que el tema ya no está dentro de las responsabilidades de la dependencia desde el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón. No obstante, el senador Ernesto Ruffo Appel, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, proporcionó información otorgada por la propia SE, que estima, se dejaron de recaudar 29 mil millones de pesos entre los años 2009 y 2012, por las omisiones solapadas de estas comercializadoras. Además de resultar éste un problema recaudatorio, ha significado la debacle de negocios como el de la venta establecida de autos usados, que se ven en desventaja frente al mercado que ha importado sus vehículos con el amparo. Poco a poco ellos mismos se han visto en la necesidad de utilizar el recurso legal. “El 90 por ciento de los comerciantes de autos ya cerraron. En los últimos siete años han cerrado entre el 80 y 90 por ciento de los comerciantes. Cámara de Comercio tenía registrados 450 negocios, de comerciantes que pagaban aquí en Cámara, este año difícilmente pagaron 112 negocios nada más”, comenta Gilberto Leyva Camacho, presidente de vendedores de autos usados de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Capítulo Tijuana. En el Poder judicial existen por lo menos 177 recursos legales relacionados con las comercializadoras amparadas contra las reglas de importación de vehículos usados a territorio nacional, entre amparos indirectos, recursos de revisión, quejas y reclamaciones. Los nombres de los socios de estas comercializadoras ahí están, pero sobre la identidad de los que están detrás de este negocio, apenas se sospecha: “El control de eso, pues parece que merodea en algunos políticos en específico, como yo no tengo pruebas formales, pues no puedo decir nombres, o no los debo decir porque me voy a meter en un lío, pero sí sospecho”, manifiesta en entrevista el senador Ruffo Appel. Los amparados, de los que ZETA tiene conocimiento, son ocho: Pastor Perea Ramírez, Josefina Valencia Valencia, Gilberto García Lizárraga, Arnulfo Curiel Hermosillo, Grupo Empresarial YAMVE, Promotora Multinacional de Comercio Exterior, Grupo de Comercio Exterior Globalizado y GOGA Autos. Se trata de comercializadoras que pueden evitar cumplir por lo menos uno de los requisitos para la importación de un vehículo, aunque hay amparos que suspenden todas las obligaciones legales, por ejemplo, el decreto de importación definitiva de vehículos usados -julio 2011- y sus precios estimados, acuerdos ambientales, reglas de Comercio Exterior y el mismo valor real de la factura. “Esto ha provocado una evasión fiscal tremenda, porque son carros que se importan irrisoriamente, son carros que pagan mil 500 pesos de impuestos, mientras que los comerciantes establecidos, esos mismos impuestos pagan entre 9 mil y 10 mil pesos por cada vehículo”, dice Leyva Camacho. 
El “engranaje” En el parabrisas de los automóviles ofertados dentro de lotes establecidos, consta la práctica de los beneficiados con el amparo federal. Ahí pueden observar que el valor facturado no llega ni a la mitad del real, y que por la importación solamente se paga IVA. Por ejemplo, un Buick Lucerne 2007, ofertado en el mercado estadounidense por arriba de los 10 mil dólares, en su pedimento tiene un valor de 2 mil 400 dólares, y ante la Aduana, de 30 mil 500 pesos. Para la nacionalización de este automóvil se pagaron 4 mil 800 pesos, correspondientes al .16% de IVA. Lo anterior porque las facturas con las que entran los automóviles a territorio nacional, no establecen el precio real del vehículo, “eso no le interesa a Estados Unidos”, refiere un vendedor de autos usados, pues el amparo burla los precios establecidos de la Aduana. “Hay un decreto de precios estimados para vehículos que se introducen a territorio nacional que nadie lo paga los impuestos, porque nadie los importa como debe ser, todo mundo lo hace a través de amparo”, refiere Gilberto Leyva. Una carta enviada ZETA denuncia el modus operandi de las comercializadoras que gozan de los amparos, hablan de un precio de importación a través de este recurso legal -como en el ejemplo anterior- y lo que se cobra por la operación, lo que deja una ganancia final de 750 dólares. De esa cantidad alegan que “50 dólares corresponden a la agencia tramitadora y el resto se reparte entre la agencia aduanal, la persona que interpuso el amparo federal y el director -administrador- de la Aduana. “Es lo que entra al fisco, y lo otro se va a mordida, te quedan 700 dólares, que esos 700 se engranan, engrasan el engranaje, porque si no, te tumban el amparo… la diferencia es un engranaje, no nomás va al administrador, van a varias autoridades, están varios involucrados”, espeta Gilberto Leyva cuando se le comenta sobre esta denuncia. Asimismo, argumentan que actualmente se importan en promedio 2 mil unidades por semana, por lo que calculan un ingreso “que de ninguna manera entra a las arcas federales” de un millón 500 mil pesos. Al respecto, la Administración de la Aduana, dirigida por Alejandro González Guilbot, respondió por escrito manifestando que ninguno de los pagos hechos por el concepto de importación se hace en esa administración, además de desconocer la ganancia por “honorarios” de cada operación. De acuerdo a su postura, los pagos llegan directamente al Servicio de Administración Tributaria. Explican que en el caso de vehículos que se pretendan circular en todo el territorio nacional, será necesario saldar el 16% del valor del automóvil por el concepto de IVA. En el caso de vehículos que se quieran utilizar solo en la franja fronteriza, el impuesto será del 11% por el mismo concepto. Además de esto, en ambos casos, tendrá que hacerse un depósito bancario de 60 dólares en Banjército para el otorgamiento del holograma del Registro Público Vehicular (REPUVE). Los amparos Hay por lo menos 177 recursos legales relativos a estas comercializadoras y personas físicas. Entre ellos hay amparos indirectos en procedimiento, quejas, recursos de revisión y reclamaciones. En el caso de Pastor Perea Ramírez, hay por lo menos 17; en el de Josefina Valencia Valencia son 20; Gilberto García Lizárraga, 12; Arnulfo Curiel Hermosillo, nueve; y en lo que respecta a las cuatro comercializadoras, existen mínimo 119. Es a la Administración General Jurídica del SAT a quien corresponde la defensa de los juicios de amparo. Este órgano interpuso, por ejemplo, un recurso de queja contra GOGA Autos. S.A. de C.V. con fecha 16 de mayo de 2013, ubicado en el número de expediente 70/2013, a cargo del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. La queja se declaró improcedente, por lo que se ordenó a las autoridades aduanales de toda la frontera norte del país, seguir permitiendo a esta sociedad la importación de vehículos según el valor de la transacción -precio en factura- y no a través de precios estimados, sin cumplir las normas ambientales establecidas y sin aplicarle las reglas de comercio exterior vigentes.
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