San José del Cabo, Baja California Sur. El alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y el tesorero, Gerardo Manríquez Amador, se fueron por lo más fácil y cómodo. Durante el ejercicio fiscal 2012, gastaron un excedente de ingresos de alrededor de 224.6 millones de pesos en presuntos servicios personales, arrendamientos, asesorías, materiales y suministros, servicios de difusión, información y propaganda, apoyos y subsidios y erogaciones extraordinarias. Con la vieja escuela del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el principal problema es que el gasto no fue solicitado, informado menos aún autorizado previamente, y por ende, sujeto a votación entre los 13 integrantes del cabildo, como establecen expresamente los artículos 184 y 185 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Baja California Sur. Los regidores –como reconoció el propio síndico Oswaldo Murillo Martínez—“ni enterados estaban de que el alcalde y el tesorero se habían gastado el excedente que representa el 23 por ciento del presupuesto anual”, hasta que el pasado 9 de octubre, y en la sesión pública número 41, José Antonio Agúndez Montaño, se sacó de la manga “el presupuesto de egresos de transferencias, ampliaciones y reducciones del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2012”, y sin más, solicitó la aprobación del gasto irregular del 2012 e intentó regularizarlo casi a finales del ejercicio fiscal del 2013. Como era de esperarse, la mayoría de los regidores rechazaron la propuesta porque, como dijo el edil del PAN, Juan Fernández Sánchez Navarro, “la aprobación implicaría desconocer los principios elementales del régimen presupuestario del gasto público y pudieran ser sujetos de responsabilidades administrativas y hasta penales”. El regidor expuso que tanto el edil como el tesorero, a sabiendas de su responsabilidad y omisión de sus facultades y obligaciones, decidieron por sí solos, de manera unilateral y sin tomar en cuenta al pleno del cabildo, gastar el dinero que es parte del patrimonio municipal de Los Cabos. La votación, según el dictamen, fue la siguiente: El alcalde José Antonio Agúndez Montaño y la regidora Emilia Vega Uribe a favor de la aprobación. El síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez, Juan Mauricio Albañez Albañez, Juan Octavio Arbizu Buendía, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Ana María Wilson Izquierdo, Reynaldo Zatarain Valera, Mario Fernández Alonso, Eda María Palacios Márquez y Juan Fernández Sánchez Navarro en contra de la autorización. Así con 11 votos en contra y dos a favor, los regidores rechazaron convertirse en cómplices del desastroso manejo de recursos en el que incurrieron el alcalde y su tesorero, Gerardo Manríquez Amador. Según la mayoría de los regidores consultados por ZETA cuando los funcionarios ejercieron el gasto del excedente de dichos fondos públicos, violentaron entre otras cosas, las siguientes leyes y reglamentos: 1.- Los artículos 125, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley Orgánica del gobierno municipal del estado de Baja California Sur.
2.- Los artículos 39 y 42 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Los Cabos. 3.- Los artículos 8 y 20 del Reglamento Interno de la Tesorería Municipal 4.- Los artículos 19 y 34 del Reglamento de Administración Pública Municipal. 5.- El artículo 6 de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del estado. 6.- El artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Baja California Sur. 7.- Los artículos 85 y 86 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental El regidor Juan Fernández Sánchez Navarro fue más explicitó y dijo que el artículo 125 de la Ley Orgánica del gobierno municipal, establece que son atribuciones del tesorero “aplicar los ingresos de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento” y “proponer las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los recursos económicos que constituyen la hacienda municipal”. Es decir, el dinero no puede disponerse y mucho menos gastarse sin previa autorización de 9 de los 13 regidores que integran el cabildo, como marcan los artículos 184 y 185 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. De lo contrario, y según el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Baja California Sur, incurren en responsabilidad administrativa por actos y omisiones y pueden ser sancionados desde la suspensión del cargo hasta la destitución con inhabilitación para el desempeño de algún empleo público, cargo o comisión hasta por 6 años. Peor aún. Según el artículo 152 del Código Penal del estado, establece que “cometen el delito de coalición de servidores públicos y se aplicará de uno a seis años de prisión, a quienes teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o cualquier disposición de carácter general, impedir su ejecución o hacer dimisión de sus puestos con el fin de perjudicar la función pública”. Por lo pronto, el gasto del excedente habrá de ser sometido a una auditoría externa –según la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del cabildo— y cuyos resultados serán dados a conocer en su oportunidad. El excedente Datos recabados por ZETA, con base al informe de transferencias, ampliaciones, reducciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 2012, el tesorero Gerardo Manríquez Amador, modificó el presupuesto, aumento y distribuyó el gasto de los 224.6 millones de pesos del excedente en 70 partidas presupuestarias. En análisis y revisión de las cuentas –según el regidor del PAN, Juan Fernández Sánchez Navarro—“es evidentemente que el gobierno del hermano de Narciso Agúndez Montaño no se ha destacado precisamente por la austeridad y finanzas públicas responsables”, porque disparó discriminadamente el gasto público en los conceptos de servicios telefónicos, energía eléctrica, arrendamientos, asesorías, estudios e investigaciones, así como viáticos, transportes, gastos de recepción, conmemoración y de orden social, combustibles e incluso en sueldos, sobresueldos y compensaciones de servidores públicos. Por citar algunos ejemplos: 1.- El gasto de arrendamiento de vehículos pasó de 176 mil 553 pesos a 836 mil 851 pesos. 2.- El servicio de asesorías pasó de 5 millones 541 mil 771 a 20 millones 169 mil 081 pesos. 3.- Los servicios de recepción y conmemoración pasó de 4 millones 867 mil 565 a 12 millones 543 mil 818 pesos. 4.- Los gastos de lubricantes, aceites y aditivos pasó de un millón 200 mil pesos a 2 millones 533 mil 136 pesos. 5.- Los sobresueldos pasaron de 77 millones 342 mil 546 pesos a 82 millones 416 mil 672 pesos. 6.- El pago de compensaciones por “servicios especiales” pasaron de 160 millones 113 mil 802 pesos a 186 millones 669 mil 064 pesos. 7.- Las erogaciones imprevistas pasaron de 40 mil 881 pesos a 2 millones 026 mil 066 pesos. El regidor calificó el caso como una burla, porque lejos de haber incrementado el gasto, el alcalde y el tesorero, debieron haber implementado un plan de austeridad, y sobre todo pagar las graves deudas que no fueron consideradas para ejercer el excedente de recursos, como el pasivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) estimada en 100 millones de pesos, y de la cual ya existía la instrucción clara y precisa del pleno del cabildo de “programar el debido pago de estas cuotas con carácter de urgente por los beneficios que aporta a los trabajadores”, según el resultado de la sesión extraordinaria número 29 celebrada el 15 de noviembre del 2012. No obstante, la deuda no se pagó, lo que contribuyó a un perjuicio de la Hacienda municipal por los intereses moratorios generados en actualizaciones, multas y recargos, y donde obviamente, nadie se hace responsable de la omisión. El alcalde José Antonio Agúndez y el tesorero Gerardo Manríquez Amador –y quien eso sí, estrena rines de lujo en su camioneta oficial— ocultan bajo llave las cuentas del ayuntamiento y se han negado a entregar información contable detallada al regidor Juan Fernández Sánchez Navarro. Según el edil, el 10 de enero del 2013, entregó un memorándum al presidente municipal de Los Cabos, y éste a su vez, solicitó al tesorero facilitar la información de las cuentas públicas del 2012. Sin embargo, nunca lo hizo. En un segundo intento, el 12 de marzo, el contralor solicitó a Manríquez remitir la información y lo volvió hacer el 8 de abril, y quien rechazó entregar la información. Finalmente, el 8 de mayo, exhortó de manera oficial hacer la entrega de la información contable detallada del ejercicio fiscal de 2012 y nada sucedió, y de acuerdo con el edil, “no hubo sanciones ni tampoco se deslindaron responsabilidades en contra de tesorero”.
A diez meses de distancia, el regidor del PAN, no recibió la información, porque –según expuso— “algo muy grave se está escondiendo”, por lo que adelantó que en breve “va a solicitar abrir una investigación y deslindar responsabilidades administrativas en el marco legal”. Las excusas Sobre las acusaciones, y ante las evidencias, el tesorero del Ayuntamiento de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, se defendió y en una reunión con regidores, trató de justificar la omisión, cuando dijo que “no había presentado las cuentas por el desfase en las reuniones de cabildo” y que no tenía ningún inconveniente en la auditoría porque –dijo—“no hubo malos manejos” y “se hizo sin dolo”. Recordó que en el ejercicio fiscal de 2012 fueron autorizados mil 280 millones 663 mil pesos, y cuyo comparativo –con el gasto real— arrojó un excedente de ingresos de 224.6 millones de pesos. Según sus números, el dinero provino de la siguiente manera:</p> 1.- 50 millones 870 mil 640 pesos de recursos propios. 2.- 9 millones 581 mil 274 pesos de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). 3.- 9 millones 603 mil 411 pesos de estímulos del Sistema de Administración Tributaria (Sat). 4.- 20 millones de préstamos. 5.- 25 millones 074 mil 731 pesos de participaciones estatales. 6.- 32 millones 322 mil 042 de participaciones federales. 7.- 25 millones de la Cumbre del G-20. 8.- 17 millones 719 mil 468 pesos del programa Hábitat 2011. 9.- 12 millones 725 mil 137 pesos del programa Hábitat 2012. 10.- 1 millón 204 mil 214 pesos del programa de Rescate de Espacios Públicos. 11.- 9 millones 500 mil pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun). 12.- 8 millones 062 mil 020 pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (Fais). 13.- 43 millones 480 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). En suma, fueron 224 millones 643 mil 638 pesos de excedente en el 2012. José Antonio Agúndez Montaño, mandatario corresponsable de este desaseo administrativo, admitió que existió una irregularidad por parte de los funcionarios, pero salió a su defensa y rechazó que “haya existido desvío de recursos”. El presidente municipal estuvo de acuerdo en que “se inicie una investigación y se realice una auditoría externa al gasto del excedente” y dijo estar tranquilo porque –según él—“no hubo mal uso del dinero público”. Según los regidores, el alcalde y el tesorero cayeron en omisión administrativa, derivado de que la cuenta pública de diciembre del 2012 se cerró en la última sesión de cabildo celebrada en julio del 2013. Se despacharon con “la cuchara grande” Concepto Presupuesto Autorizado Presupuesto Ejercido Dinero gastado sin autorización de regidores Sueldos al personal de base y confianza $77,655,538.00 $82,416,355.00 $4,7060,817.00 Sobresueldos $77,342,546.00 $82,416,672.00 $5,074,126.00 Compensaciones por “servicios especiales” $160,113,802.00 $186,669,064.00 $26,555,261.00 Prima vacacional $10,280,267.00 $14,551.428.00 $4,271,161.00 Retribuciones por gastos de representación $3,855,570.00 $4,218,000.00 $362,430.00 Otras prestaciones de “seguridad social” $68,290,018.00 $84,126,069.00 $15,836,051.00 Cesantía en edad avanzada y vejez $1,674,324.00 $4,291,877.00 $2,617,553.00 Material de oficina $3,675,283.00 $3,392,189.00 $263,094.00 Material de limpieza $2,873,135.00 $4,731,818.00 $1,858,682.00 Materiales y útiles de impresión $1,733,588.00 $4,142,299.00 $2,408,711.00 Materiales y accesorios para equipo de cómputo $229,934.00 $600,524.00 $370,590.00 Alimentación de personas $4,200,054.00 $6,502,112.00 $2,301,572.00 Utensilios para alimentación $48,134.00 $315,378.00 $267,244.00 Herramientas, refacciones y accesorios $7,458,357.00 $19,414,402.00 $11,956,046.00 Material eléctrico $527,876.00 $1,347,766.00 $819,910.00 Materiales de construcción y complementarios $1,717,914.00 $3,396,319.00 $1,678,406.00 Adquisición de placas $197,303.00 $3,396,319.00 $2,167872.00 Combustibles $46,238,741.00 $58,685,305.00 $6,226,001.00 Lubricantes, aceites y aditivos $1,200,000.00 $2,533,136.00 $1,333,136.00 Ropa, vestuario y equipo $1,138,685.00 $2,337,131.00 $1,198,445.00 Artículos deportivos $145,601.00 $2,337,131.00 $1,198,445.00 Servicio telefónico $4,470,804.00 $6,871,390.00 $2,400586.00 Servicio de luz $38,071,405.00 $48,862,422.00 $10,791,377.00 Servicio de celulares $2,679,000.00 $2,911,852,81.00 $232,853.00 Arrendamiento de vehículos $176,553.00 $836,851.00 $576,056.00 Asesorías $5,541,771.00 $20,169,081.00 $14,627,310.00 Estudios e investigaciones $1,025,258.00 $1,589,746.00 $564,488.00 Servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria, vehículos y equipo $5,910,102.00 $14,789,454.00 $8,879,351.00 Gastos de propaganda $8,307,353.00 $9,767,087.00 $1,459,734.00 Gastos de prensa y comunicaciones oficiales $8,209,801.00 $11,779,293.00 $3,569,492.00 Espectáculos culturales $702,591.00 $1,316,146.00 $613,555.00 Viáticos $1,334,211.00 $1,505,860.00 $171,649.00 Gastos de recepción y conmemoración $4,867,565.00 $12,543,818.00 $7,929,311.00 Congresos y convenciones $202,180.00 $442,153.00 $239,972.00 Apoyos a servicios asistenciales $8,952,2145.00 $14,938,772.00 <small>$5,986,558.00 Otros servicios $1,956,437.00 $2,211,819.00 $255,282.00 Subsidios a organizaciones oficiales y privadas $55,773,999.00 $83,706,026.00 $27,932,027.00 Subsidios para apoyo a la educación $6,869,812.00 $9,804,439.00 $2,934,628.00 Compra de mobiliario y equipo $1,268,039.00 $2,348,629 $1,080,590.00 Compra de maquinaria y equipo diverso $880,406.00 $6,397,218.00 $5,516,812.00 Compra de vehículos y equipo terrestre $— $725,000.00 $725,000.00 Erogaciones imprevistas $40,881.00 $2,026,066.00 $1,985,185.00 Adeudos de ejercicio fiscales anteriores $1,891,925.00 $12,659,290.00 $10,767,365.00 Adeudos fiscales por servicios personales $— $11,488,255.00 $11,488,255.00 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en otros ejercicios fiscales $— $908,112.00 $908,112.00 Programa Hábitat $38,924,455.00 $113,475,557 $74,551,102.00 Mantenimiento y conservación de obras $3,560,027.00 $52,663,221.00 $49,103,194.00 Fuente: Investigaciones ZETA
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