“Pagamos 6 millones de pesos por debajo del avalúo”: Hugo Torres Para ingresar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, su titular, Francisco Castro Trenti, balancea su peso en una improvisada escalera de madera de tres peldaños. Después de un ligero tambaleo, los barrotes resisten. “Estas instalaciones están podridas, en estado peor que paupérrimo”, apunta el funcionario al interior del inmueble. El director se abre paso entre botellas de plástico abandonadas, pájaros muertos y demás remanentes. Son tres pisos sin utilizar, con el techo expuesto y, prácticamente, en obra negra. Trabajos inconclusos de albañilería, huecos en los tres pisos del edificio, pedazos de concreto, madera y tabla roca amontonados y otros esparcidos; además de tuberías y láminas expuestas. El sitio ha permanecido así durante los tres años de la presente administración municipal, después de ser adquirido por el gobierno municipal anterior, el IV Ayuntamiento de Playas de Rosarito, para albergar a sus elementos de Policía por un precio superior a 10 millones de pesos. La compra de este predio fue objeto de una denuncia por parte de Castro Trenti ante Sindicatura Municipal, el 10 de septiembre de 2013. El director de Seguridad Pública acusa a Hugo Torres, ex alcalde de Rosarito y a otros funcionarios, de peculado y coalición de servidores públicos, por haber comprado el inmueble por 6 millones de pesos arriba del precio de mercado. La investigación aún no ha comenzado en la dependencia municipal y, de acuerdo al síndico Roberto Perales, el oficio “se encuentra en revisión y análisis, presuntamente por la compra sobrevalorada del inmueble”. El IV Ayuntamiento de Rosarito inició la búsqueda de nuevas instalaciones para la Dirección de Seguridad Pública, luego del atetando perpetrado en contra del entonces director, Eduardo Montero, en diciembre de 2007. El predio elegido era propiedad de Inmobiliaria Avilac, ofreció en comodato el terreno que solía alojar una escuela, con algunas construcciones. Después de un año de ocupar el espacio, en agosto de 2010, el Ayuntamiento de Rosarito firmó el contrato de compraventa por 10 millones 492 mil pesos; 5 millones 942 mil serían pagados en cinco pagos mensuales en efectivo. El resto del monto fue entregado en ocho predios ubicados en Vista Hermosa, Rancho del Mar, Cumbres del Mar y Mar de Puerto Nuevo II, enajenados del municipio. La denuncia El documento que el director de Seguridad Pública presentó ante Sindicatura, argumenta que “a simple vista” el precio parece “exagerado”, pues las construcciones que se ubican en la parte frontal del inmueble, tienen prácticamente “valor cero por estar casi en ruinas”. Castro Trenti explica que darse cuenta del exceso, no es solo “el sentido común, sino la oferta y la demanda de inmuebles en la zona”, y que fueron éstas sus principales herramientas de investigación. El director de Seguridad afirma en su denuncia que el valor promedio por metro cuadrado de terreno no excede de 110 dólares, “puesto que un lote de terreno de venta situado justo frente al inmueble, está siendo ofertado en dicho valor unitario”. Las cuentas del funcionario se basan en la extensión del terreno que aloja las instalaciones de Seguridad Pública: 4 mil 721 metros cuadrados, considerando el valor de 90 dólares, el precio total es de 424 mil 972 dólares (5 millones 396 mil pesos, aproximadamente). De ahí, la acusación del “sobreprecio pagado de aproximadamente 6 millones de pesos, sin justificación documental alguna legítima”. Al hablar de su investigación, Castro explica a Sindicatura que el 9 de septiembre de 2009, el entonces alcalde, Hugo Torres, envió a la representante legal de Inmobiliaria Avilac una propuesta en la que ofrece comprar el inmueble a razón de 160 dólares por metro cuadrado. Además, refiere que el ex alcalde había invertido -mientras estuvo en comodato- 2 millones 774 mil pesos de recursos federales en la remodelación del inmueble, que hasta entonces era propiedad particular. De entrada, acusa, “estaba impedido por Ley”. “El avalúo era de 16 millones y pagamos 10”: Torres En respuesta a las acusaciones, el ex alcalde Hugo Torres y algunos de sus ex funcionarios, convocaron a una conferencia para responder a la acusación, ahí presentaron el dictamen de la Comisión Estatal de Avalúos que precisaba el valor del terreno por encima de los 16 millones de pesos. De acuerdo a este organismo, dependiente de la Contraloría General del Estado, el valor de calle para la zona del predio en cuestión era de 2 mil 150 pesos por metro cuadrado. Con ese criterio, el puro terreno alcanzó un valor de 7 millones 848 mil pesos -por sus casi 5 mil metros cuadrados-, mientras que las construcciones estuvieron valuadas por la comisión en otros 5 millones 409 mil pesos; aunque se especifica en el documento oficial que el mantenimiento del inmueble es de tipo “malo a regular”, y por esta razón, se demeritó el valor de la construcción en dos áreas principales, con el 58 por ciento y el 49%.
Tras considerar también las obras complementarias, entre ellas dos casas móviles y el presupuesto de habilitación de oficinas administrativas aportado por el propio Ayuntamiento -2 millones 576 mil pesos-, el inmueble aumentó su valor en 2 millones 766 mil pesos. Con ello, alcanzó los 16 millones 25 mil pesos, de los cuales se restarían los 2 millones 576 mil pesos que en junio de 2010, ejerció el IV Ayuntamiento durante el periodo de comodato, para remodelar parte de las instalaciones, las únicas actualmente en uso. Hugo Torres defendió la decisión del Cabildo que entonces encabezaba: “El viejo edificio quedó perforado por los impactos de bala contra el secretario de Seguridad, por lo que existía la urgencia de habilitar un espacio que fuera funcional y donde se concentraran las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal para hacer frente al crimen organizado”. También presente para defender, estuvo la ex regidora Rosa María Plascencia, quien argumentó: “El dictamen se trabajó durante más de dos años, no fue una negociación inmediata”. La ex regidora Norma Gutiérrez refirió otro beneficio: “Utilizamos el edificio durante un año en comodato, sin pagar renta, pero con la opción de compra o venta”. A su vez, acusó al actual Ayuntamiento de haber supervisado y malogrado las últimas acciones para la escrituración del terreno: “Dejamos el importe listo en las arcas municipales para realizar la titulación, entregamos 942 mil pesos el 30 de noviembre”, y no se concretó. Hugo Torres sostuvo que el IV Ayuntamiento pagó un precio 6 millones de pesos por debajo de los 16 millones dictaminados por la Comisión Estatal de Avalúos -responsable, por Ley, de valuar los inmuebles adquiridos o vendidos por el gobierno-, por lo que no se cometió ningún delito. Sindicatura aún no inicia investigación El síndico procurador de Rosarito, Roberto Perales, habló sobre las instalaciones de Seguridad Pública: “Todavía no hay nada, apenas se está integrando la investigación, pero Sindicatura debe agotar varios procesos, como un peritaje externo para comprobar si las irregularidades son ciertas”. A pesar que la Comisión Estatal de Avalúos declaró un valor de 16 millones de pesos, Francisco Castro Trenti opinó: “Si alguien pide que un predio se lo evalúen por una cantidad superior, no significa que ese sea el precio real… desde mi punto de vista jurídico, pues soy abogado, hubo la probabilidad de la comisión de un peculado”. El encargado de seguridad municipal encuentra únicamente un destino para las instalaciones: “Derrumbarlas”.
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