Más de 500 kilos de cocaína decomisados en Sonora El tono neutral de EPN para comunicar decomisos, arrestos y hasta narcotúneles opacan el hallazgo en menos de cinco días, de media tonelada de cocaína en Sonora y un narcotúnel en B.C. El Ejército niega mayor información, reservado y hermético informa lo esencial. En Tijuana, el inmueble del narcotúnel pertenece al hermano de José María Lozano, funcionario priista Se anunció como una intención para evitar los errores calderonistas. Los días de presentaciones de delincuentes, asociaciones con bandas delictivas, identificación de células criminales, decomisos y aseguramientos de inmuebles relacionados con el crimen organizado habían terminado. Enrique Peña Nieto, como primer mandatario del país, anunció que su gobierno adoptaría “un tono neutro” para comunicar cuestiones de seguridad pública. La discusión sobre estrategias de combate a la delincuencia ha quedado en segundo término, con predilección al manejo de información, el gobierno federal prefirió plantear la política de comunicación. El objetivo, se dijo, es bajar el perfil a los narcotraficantes y cabecillas de los diferentes cárteles que operan a lo largo del territorio mexicano. En la práctica, la situación es distinta, en menos de cinco días se realizaron dos importantes hallazgos en la zona norte del país. El viernes 1 de febrero, militares decomisaron más de 500 kilogramos de cocaína, no es frecuente el aseguramiento del tipo de droga, menos de la cantidad. Cuatro días después, en Tijuana, fuerzas castrenses descubrieron un narcotúnel en construcción, en el lugar fueron detenidas 17 personas. Contrario a las estrategias de información practicadas en el pasado, comunicados oficiales y boletines de prensa fue la única vía de información. Ni nombres de los detenidos ni cárteles a quienes pertenece la droga decomisada fueron revelados. El primer narcotúnel de 2013 Entre bodegas abandonadas, empolvadas sobre una calle sin salida colindante a las paredes aduanales de la garita de Otay, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontraron un pasadizo hacia el norte, el primer narcotúnel del año en Tijuana. Este conjunto de almacenes está a nombre de Gabriel Lozano Rodríguez, hermano de José María Lozano Rodríguez, síndico procurador durante el XVIII Ayuntamiento de Jorge Hank Rhon y actual secretario de Finanzas en Playas de Rosarito. El hallazgo ocurrió durante las primeras horas del 5 de febrero, militares realizaban patrullajes en la colonia Garita de Otay cuando detectaron a personas de aspecto sospechoso en uno de los inmuebles de dos pisos sobre la avenida Fray Junípero Serra esquina con Salvatierra. Sin rótulo ni seña distintiva alguna más que la dirección escrita en letras negras con el número 17603, los castrenses ingresaron a la bodega donde encontraron un narcotúnel en construcción, fueron 17 de los detenidos, también se decomisaron 10 paquetes de mariguana con un peso aproximado de cuatro kilogramos. La construcción de 370 metros quedó a menos de 200 metros de cruzar la frontera, sin embargo ya contaba con iluminación y ventilación artificial –indispensable para realizar las tareas de construcción–, un sistema hidráulico para descender diez metros hacia el túnel que contaba con sistema motorizado. La entrada hacia el pasadizo era de 1.20 metros por otros 80 de ancho. De acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), las 17 personas detenidas fueron encontradas en el almacén beige con verde y serán llamadas a declarar en las próximas horas. Para consignar a los detenidos e iniciar las diligencias en el inmueble, el Ministerio Público federal abrió la averiguación previa número PGR/291/13 para consignar a los arraigados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, aún no se emitía la orden de cateo. El sitio se encuentra bajo el resguardo de las fuerzas castrenses, no se ha registrado actividad en los almacenes vecinos, salvo por una bodega de equipo para maquiladoras que continúa laborando. Hermano de funcionario priista, propietario La avenida prácticamente desolada, con la mayoría de sus inmuebles en abandono y rodeada de construcciones en estado similar, alberga la herencia que el empresario fraccionador Leandro Lozano Franco dejó a su hijo Gabriel Lozano Rodríguez, de acuerdo al contrato de donación con fecha de 1996. Sobre la misma avenida Fray Junípero Serra, el funcionario priista José María Lozano Rodríguez comparte algunas propiedades con sus hermanos. Gabriel Lozano Rodríguez es propietario de los más de ocho mil metros cuadrados de superficie de los terrenos –sin considerar las construcciones luego fincadas– y el 29 de enero de 2013 realizó el pago del predial de los inmuebles. Al contactar a Jesús Arteaga, abogado de Gabriel Lozano Rodríguez, propietario del inmueble custodiado, declaró que ni su cliente ni él han sido contactados por la PGR para recabar información. “Vamos a estar pendientes que la PGR termine sus investigaciones, iremos a acreditar que ese inmueble está rentado, nos acercaremos para recuperar ese inmueble”. Sobre el arrendatario o fecha de contrato del inmueble, el litigante prefirió “no divulgar información delicada correspondiente a una averiguación previa”. Acerca de la construcción inconclusa, el inmueble donde se inició el túnel se localiza a 524 metros del bordo que separa a México y Estados Unidos, una distancia más alejada de las frecuentemente utilizadas. Como ejemplo, en noviembre de 2011, también en la zona de la Garita de Otay, se descubrió un narcotúnel que con 370 metros de longitud ya traspasaba territorio estadounidense. En agosto de ese año, dos narcotúneles fueron localizados a unas cuadras del recién ubicado, en el cruce entre la avenida Fray Junípero Serra y José de Gálvez, prácticamente al lado del muro. En un reporte presentado por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS, por su siglas en inglés) en septiembre de 2012, se informa que desde 1990 se han descubierto más de 140 túneles en la frontera México-Estados Unidos, con un incremento de más del 80 por ciento en esta actividad desde 2008. Antecedentes En el mismo domicilio donde se localizó el narcotúnel, en 2009 operaba la compañía “Promotora e Inversora Adisa, S.A. de C.V.”, asociación de distribuidores. De acuerdo a datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California, esta empresa inició movimientos en 1981. 
Sin embargo, no presenta mayor actividad que la compra y venta de propiedades en Tijuana, sin información de los socios involucrados u otro tipo de transacciones. El 3 de agosto de 2004, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud aseguró dos locales en Playas de Tijuana. Bajo el número de expediente PGR/UEDO/080/2001 se realizó un aseguramiento provisional de las propiedades en el Centro Comercial “Placita Coronado”. La empresa se anuncia como distribuidora y fabricadora de productos de papelería. Actualmente se encuentran ubicados a unos locales del lugar custodiado por militares, en el número 17520 de la calle Fray Junípero Serra de la colonia Garita de Otay y a pesar de haber registrado solamente ventas y compras de propiedad, no se encuentran afiliados a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (AMPI). Decomisan cocaína en San Luis, escueta información La semana anterior fue decomisada en San Luis Río Colorado más de media tonelada de cocaína por elementos militares, pero pese a la dimensión del hallazgo –sin antecedentes en meses anteriores– poca difusión se hizo del evento. La información surgida desde las filas castrenses se suscribió a un escueto comunicado fechado desde la Ciudad de México, sin foto de la droga, sin más datos que los 572 kilogramos del alcaloide confiscado. De hecho, es el primer decomiso de cocaína en gran cantidad en la zona de San Luis Río Colorado en lo que va de la actual administración federal que encabeza el priista Enrique Peña Nieto. Apenas el 4 de enero pasado se anunció oficialmente el relevo del general Alfonso Duarte Mújica de la Comandancia de la Segunda Región Militar que incluye a Sonora, Baja California Sur y Baja California, en su lugar quedó el general Gilberto Hernández Abreu. La mañana del pasado viernes 1 de febrero, desde el cuartel militar en San Luis Río Colorado, Sonora marcaron para invitar a la presentación de un decomiso de droga, programa para las 11:00 de la mañana de ese viernes. Sin embargo, media hora después la llamada se repitió solo para informar que la presentación de la droga no se llevaría a cabo. Se trataba de más de media tonelada de cocaína decomisada en el retén militar Cucapah instalado antes de llegar a San Luis Río Colorado por la carretera Internacional desde el sur de la región. El viernes por la noche, un escueto comunicado enviado desde las instalaciones de la SEDENA en la Ciudad de México –que fue el que reprodujeron la mayoría de los medios– anunciaba el decomiso de 572 kilos de cocaína y 4.72 de heroína. El decomiso se lo adjudicaban a personal de la 45 Zona Militar con base en San Luis Río Colorado y encabezada oficialmente por el General Raúl Huereca Valenzuela. Pero desde la Ciudad de México no enviaron más datos, ni fotografías, mucho menos procedencia o grupo al que pertenecía la droga, evidente es el cruce utilizado por el Cártel de Sinaloa. Solo se informó que la droga la habían localizado escondida entre cajas de puré de tomate en un tracto-camión y que el conductor había sido detenido. En la zona de San Luis Río Colorado existen al menos dos retenes militares –uno más se encontraba a la salida de Mexicali, pero fue retirado hace dos semanas– el primero es el Cucapah instalado sobre la carretera Internacional; el segundo es conocido como “El Doctor” y está ubicado en la carretera que une al Golfo de Santa Clara con San Luis. Esta región es reconocida a nivel nacional por los espectaculares golpes a los intentos de trasiego de droga, como el decomiso de 22 toneladas de mariguana en la estación Doctor, el 21 de junio de 2012 o el aseguramiento de un sofisticado narcotúnel en julio de ese año, instalado y operando a unos metros de la garita de cruce internacional. Así, en el segundo mes del año y al término del primero del general Gilberto Hernández Abreu como Comandante de la Segunda Región Militar, la información se mantiene reservada y los castrenses prefieren guardar silencio.(Con información de Sergio Haro Cordero) Inseguridad nacional A lo largo de esta semana, la violencia en México continuó desatándose principalmente en el estado de Guerrero, donde hubo varios desafortunados acontecimientos. El primer caso sucedió en la denominada zona Diamante de Acapulco, donde seis turistas españolas fueron violadas brutalmente por un grupo de sujetos armados. Los delincuentes ingresaron durante la madrugada con el rostro cubierto al lugar que se encontraban hospedadas las víctimas, un bungaló dentro de las instalaciones del Hotel Bambuddha, en la colonia San Andrés, donde abusaron sexualmente de las mujeres en repetidas ocasiones. Incluso, los victimarios permanecieron en el sitio por espacio de casi dos horas. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayor información y no hay rastros del grupo de delictivo, aunque las investigaciones siguen su curso. Además los delincuentes amagaron a ocho personas más que eran los acompañantes de las mujeres y aprovecharon para robarles algunas pertenencias como computadoras portátiles, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, así como tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Por el momento, el Gobierno mexicano está trabajando para esclarecer los hechos. El segundo hecho violento, se suscitó en el municipio de Aplaxtla de Castrejón, donde nueve policías murieron y uno más resultó herido de gravedad luego de ser sorprendidos por un comando armado. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, llevaban a cabo un operativo de rutina en la comunidad de Tepoxtepec a bordo de dos unidades cuando fueron emboscados por el grupo de individuos que traían en su posesión un arsenal de gran alcance. Los oficiales caídos fueron: Adrián García Mosso, Mario Ramírez Villasana, José Alfredo Navarrete Marín, Gilberto Ortiz Sánchez y José Castro Morales; así como Nicolás de Loya Urrutia, Modesto Muñoz Galicia, Juan Aguilar Santana y Mario Osvaldo Arellano Olea. Al igual que en el primer caso, las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables sin tener éxito hasta el momento. En otro hecho, una pareja de turistas fueron baleados en un retén de la policía comunitaria guerrerense. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Las Mesas, en el municipio de San Marcos, cuando las víctimas se dirigían a pasar el fin de semana en Playa Ventura a bordo de su vehículo Chevrolet modelo 2008 Por estos hechos, Augusto Gómez Cardona y María Patricia Rodríguez Padilla interpusieron una denuncia penal por la agresión que sufrieron ante el Ministerio Público de Ayutla. La ola de violencia también alcanzó otros estados de la República Mexicana como en Colima, donde fue asesinado un sacerdote. José Flores Preciado, de 83 años, fue atacado a golpes en el interior del templo de Cristo Rey y murió más tarde cuando era atendido en el hospital general. Nides, señalado en el crimen, se dice inocente El ex ministerial Fausto Esteban Nides rechaza la versión de las áreas de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que lo presenta como criminal asociado al Cártel Arellano Félix (CAF). Presente en las oficinas de ZETA, alegó su inocencia y mostró imágenes de lo que es su vocación: conferencista en escuelas secundarias -y recientemente primarias-, avalado por el Gobierno del Estado y en mancuerna de servicio social entre la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado. “Yo no me dedico a hacer secuestros, levantones y ejecuciones, es totalmente falso. No sé de donde venga esta nota periodística, no sé si venga de la Ministerial, de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿o por qué aseguran? ¿Tienen pruebas? ¿Alguna averiguación? ¿Orden de presentación? ¿Orden de aprehensión?”, cuestionó molesto por el señalamiento oficial. Nides aseguró que desde hace 10 años tiene una empresa de ingeniería en telecomunicaciones que se dedica a dar mantenimiento a las antenas de telecomunicaciones, trabajo en el que le ha ido “más o menos no muy bien”. Desde agosto de 2012 agregó a sus actividades la impartición de conferencias en derechos humanos, garantías individuales y últimamente sobre bullying. — ¿Tienes contrato con la PDH?, se le cuestionó. “Lo que estoy haciendo es un servicio social por parte de la UABC”. De su paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado, dijo: “Soy licenciado en Derecho por la UABC, fui ministerial, tuve un problema hace diez años, lo arreglé y renuncié bien. Realmente no tuve ningún problema, me inventaron, porque sí me inventaron, dijeron que yo… no… dijeron que varios ministeriales estaban metidos en el crimen organizado, yo pienso que de ahí pudiera venir la cosa”. — ¿Estuviste arraigado? “Sí, yo estuve arraigado, pero mandé mi abogado y se arregló. Ya que se arregló, renuncié como en el 2003. Me han ofrecido regresar a la Ministerial, pero yo no quiero porque son puros problemas. Soy abogado y me voy a dedicar a lo mío, pero ahorita me estoy dedicando a las conferencias, y todavía pienso seguir, pero primero quiero arreglar este problema”. — ¿La PEP te ha detenido últimamente? “No, para nada. Hace como año y medio pasé un filtro de ellos: me pararon, me interrogaron, me corrieron el nombre. Entonces yo soy una persona que está bien, que está limpia, de hecho yo cruzo a los Estados Unidos, me han pasado a segunda revisión, entonces no tengo nada”. — ¿Por qué no hablaste en diciembre, cuando salió tu nombre por primera vez? “Como no sacaron todo mi nombre, ni mi foto, pues dije, ‘ha de ser un envidioso de ministeriales’”. — ¿Ya fuiste con las autoridades a revisar tu asunto? “Lo voy a hacer, con mi abogado. También sé que son abusivos, que le puedan poner algo, le pueden echar algo, como saben que uno es ex ministerial…”. Molesto por la mención e inclusión de su fotografía en un expediente de las actividades ilegales del CAF en el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, Fausto Esteban Nides solicita que se aclare y publique su versión de lo que es su vida laboral, que nada tiene que ver con el crimen organizado, pues ello le ha resultado en problemas personales, profesionales e incluso familiares. La información publicada en la edición 2026 de ZETA, hace referencia a la activación de células criminales en el Cártel Arellano Félix, y fue en esa parte, tomada de investigaciones oficiales, que consta en el Gobierno del Estado de Baja California. El señor Nides dijo desconocer a los otros mencionados, pero no formar parte de célula alguna, situación que aclarará con las instituciones generadoras de la información aquí reseñada.
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