“Este año se cayeron pocas obras por falta de factibilidad, porque aprendimos del 2011”, expresó David Saúl Guakil, Secretario de Desarrollo Social Municipal, para luego enfatizar que las acciones del Ramo 33, “las aprueban los ciudadanos”. A decir del funcionario el cien por ciento del recurso público federal de ese rubro, que este año fue de 70 millones de pesos –de los cuales 67.6 millones de pesos se ejercen en beneficios que la comunidad avala– “aquí nos llega la designación y nosotros tenemos la obligación de sacar factibilidad para que se ejecuten”. Y, a diferencia del año anterior, en el ejercicio de 2012 hubo pocos cambios: “en 2012 se contemplaron 348 obras y finalmente salieron 373 por los cambios, hubo obras grandes que finalmente se cambiaron por pequeñas”. Sin embargo, una semana después de esa aseveración pública, apareció un listado de obras realizadas en el ejercicio fiscal de 2012, con recursos del Ramo 33, en el que enumera solo 244 acciones hacia las cuales se destinó el total del monto proyectado. Con esa divulgación dice dar cumplimiento a la normatividad que rige la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), pero en ella omite cuando menos dos decenas de obras, cuyo monto acumulado suma más de 3 millones de pesos, y entre los que se encuentran 15 escuelas que fueron proyectadas por el Consejo de Desarrollo Social y aprobadas por el Cabildo. Tampoco menciona que muchas de las obras, sobre todo las que se realizan en planteles educativos, no son las solicitadas por los ciudadanos, sino que se han cambiado por proyectos que se acomodan mejor a los convenios previamente signados con los contratistas y, ante sus múltiples necesidades, a la comunidad escolar no le queda más que aceptar la arbitraria imposición. Ignorados Durante años, la primaria Emiliano Zapata y la Telesecundaria Número 28, ambos planteles en la colonia Camino Verde, han solicitado la instalación de bardas que brinden seguridad a los alumnos, y eviten el robo, el vandalismo y la irrupción de drogadictos. Por ello tomaron con beneplácito el anuncio que les dio a principios de diciembre la autoridad municipal a través de la subdelegada Gloria Miramontes: sus propuestas serían incluidas en el ejercicio 2012 de la obra social etiquetada dentro del fondo federal denominado Ramo 33. Así lo había aprobado el Consejo de Desarrollo Municipal, organismo ciudadanizado encargado de consensuar entre sus representados las obras de mayor prioridad de su comunidad. 
Un mes y medio después a Hilda Ayala, directora de la primaria, se le informó que los 25 mil pesos que le fueron asignados no serían para la obra demandada, sino que se aplicaría en la reparación de los sanitarios de la escuela. Al cierre de esta edición la mejora seguía en calidad de promesa. El director de la Telesecundaria número 28, Ramón Ledesma Ruiz, también tuvo que conformarse con la edificación apresurada de dos rudimentarios sanitarios, “los construyen a la carrera y no en el espacio que quisiéramos, pero dicen que ya no hay tiempo para adecuar un espacio, por lo que lo hacen en suelo plano, aunque no es lo que teníamos planeado, nosotros pedimos que los 56 mil pesos que nos aprobaron se levantara parte de una barda”, expuso a ZETA. En la práctica, así es como se imponen las obras que se realizan con recursos públicos federales provenientes del Ramo 33, acusan vecinos de la subdelegación Salvatierra, quienes por años han solicitado diversas obras de electrificación en la colonia Xicoténcatl Leyva Mortera I, y aun cuando sus peticiones se incluyeron en el programa de 2012, las acciones simplemente no se ejecutan. “Y nadie nos da razón hacia dónde se va el recurso que fue aprobado para obras de nuestra colonia que no se llevaron a cabo”, se quejó Jesús García Martínez, uno de los líderes de colonos. “El pretexto es el mismo, que los propietarios de los terrenos no dan autorización para la colocación de la infraestructura eléctrica, pero si cada año es lo mismo, ¿para qué lo programan (la acción)?”, cuestionó. Consejo rebasado En su última sesión del 21 de noviembre de 2012 el Consejo de Desarrollo Municipal aprobó y modificó un listado de 275 acciones sociales de las cuales 34 se enumeraron como ampliaciones, mientras que 18 acciones fueron canceladas, para un total de 257 obras a realizar con un monto programado de 67 millones 616 mil 788 pesos. Como lo marca la normatividad, la lista pasó por el aval de Cabildo a principios de diciembre de 2012, pero finalmente la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, dependencia encargada de administrar los recursos destinados por la federación, reconoce 244 acciones, muchas de ellas aún en proceso, hacia las que destinó el total del monto programado. No obstante solo compartió un listado en el que incluyó 14 obras canceladas y 15 que fueron agregadas al programa oficial, todas ellas, subrayó, consensuadas y aprobadas por el Consejo de Desarrollo Municipal, y avaladas por el Cabildo. A decir de Saúl Guakil, las anulaciones efectuadas derivan generalmente de la falta de factibilidad técnica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “pero si no hay inconvenientes técnicos las obras se realizan”, aseguró. En el listado de obras modificadas proporcionado a ZETA por la dependencia, no fueron tomadas en cuenta 14 obras ampliadas por el consejo de ciudadanos, de un monto en conjunto de 2 millones 102 mil 647 pesos. Tampoco se tomó en cuenta la rehabilitación y mejoras de ocho instituciones educativas ubicadas en la delegación Sánchez Taboada, proyectos oficialmente aprobados como ampliaciones. Las obras ignoradas se ubican principalmente en esa demarcación, la cual, después de La Presa, es catalogada como el polígono de mayor marginación social. Pero es la lista publicada el lunes 21 de enero de 2013, la que más obras omite, entre ellas 17 acciones en beneficio a igual número de escuelas, con un monto aproximado de un millón de pesos. Así, con el mismo presupuesto proyectado, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal realizó un menor número de obras a las programadas y autorizadas por los ciudadanos y el propio Cabildo. En entrevista concedida a ZETA, evasivo, David Saúl Guakil también fue parco en informar sobre los remanentes, rendimientos, reprogramaciones e intereses generados por obras no ejecutadas en el ejercicio 2011. En forma contradictoria, por un lado reconoce que en ese ejercicio fueron mucho más las obras canceladas que en 2012 y, por otro, solo recuerda dos obras dadas de baja de montos no mayores a los 15 mil pesos. El Consejo manda A decir de Erwin Areizaga Uribe, representante de la bancada panista en el Cabildo de Tijuana, la no conclusión, o la reprogramación de última hora es algo común en las obras del Ramo 33, por lo que es común que, hasta realizados los ajustes, se turnen a Cabildo para su eventual programación de los ajustes, “siempre y cuando el consejo de ciudadanos esté de acuerdo”. “La única obligación es pasarla al cabildo para su modificación dentro del ejercicio fiscal en el que están incluidas”, dilucidó. No obstante, la normatividad precisa que son los consejeros las que las deben de aprobar, para que luego los regidores las avalen en sesión oficial, y solo entonces ejecutarse. Lo que sí subrayó el edil, es que es el Consejo de Desarrollo Municipal el único facultado para hacer los ajustes necesarios cuando una obra tiene que ser modificada, ya sea por falta de factibilidad técnica, o porque surgió otra necesidad más apremiante. “Las obras ejecutadas con recursos etiquetados para acciones sociales deben derivar de una petición directa de la ciudadanía, llámese comunidad escolar o vecinos, ése es su espíritu, porque son ellos los que saben de primera mano cuáles son sus necesidades más apremiantes”. Y remató, “su realización (de las acciones) no debe quedar a criterio de ningún funcionario, porque no es algo subjetivo que pueda manejarse por interpretación, debe nacer de una petición que sigue un proceso oficialmente definido, que inicia en los subcomités sectoriales, continúa en el Comité Municipal de Desarrollo, y culmina en Cabildo. Dan pláticas en lugar de obras Parte del recurso etiquetado para el desarrollo de programas federales como Hábitat y de Recuperación de Espacios Públicos (PREP), que en 2012 dispusieron de 19 y 56 millones de pesos, respectivamente, fue reorientado a la realización de cursos y pláticas. Más de 3 millones de pesos se utilizaron en Tijuana para el pago de honorarios de prestadores del servicio social y en la compra de material didáctico para cursos y talleres. Si bien el 50 por ciento de los recursos de ambos programas es aportación municipal, lo cierto es que el sentido de Hábitat y PREP es el mejoramiento de la infraestructura y equipamientos urbanos básicos en zonas marginadas, particularmente aquellos que se encuentran en condición de deterioro, abandono, o que representen un foco rojo de inseguridad para la población, anotó el regidor Erwin Areizaga. Sin embargo, parte de la inversión se reorientó al pago de honorarios y compra de material didáctico para cursos como “Energía Alternativa, Sustentabilidad y Medio Ambiente”; o para “Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios”, que a decir del edil, “podrían haber impartido instituciones de gobierno, como es el caso de Bomberos”. De acuerdo a información de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, los cursos se impartieron en los siguientes espacios públicos: Cancha Abelardo L. Rodríguez, Nuevo Milenio y Gabriel Rodríguez; Parque Pasteje, Independencia, San Ángel, Chilpancingo, Villas del Real Unidad y Parque Temático “Aprende a No Quemarte”; así como en la Unidad Deportiva Reforma II.
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