Farmacárteles

Jorge Samame, cabecilla en Tijuana Los fármacos controlados, son la nueva droga fuerte de preferencia en el sur de California. La cocaína, las metanfetaminas y la heroína han sido reemplazadas por analgésicos de alta potencia como la hidrocodona y la oxicodona, comúnmente recetados a pacientes en recuperación de cirugías o con enfermedades terminales. Tanto gusta a los sudcalifornianos, que las ingieren en pastillas de liberación prolongada o las utilizan como supositorios para que el efecto sea más rápido e intenso. Los que desean el high inmediato las muelen para inhalarlas, fumarlas o “cocinarlas” como la heroína e inyectarlo en sus venas. Su demanda es tal que, en menos de una década, en México y Estados Unidos se han formado cárteles especializados en el tráfico de medicamentos. Sus ganancias multimillonarias les han costado el “cobro de piso” por los cárteles tradicionales, como el de los hermanos Arellano Félix (CAF)  y el de Sinaloa. Los principales abastecedores de estas sustancias son farmacias, doctores corruptos y personas cercanas a la industria farmacéutica en Estados Unidos, lo que significa que el proceso de tráfico inicia en aquel país hacia el lado mexicano. En el caso de la frontera noroeste, un porcentaje de esas pastillas son traficadas a Tijuana y vendidas ilegalmente en farmacias a turistas o locales. La mayoría son contrabandeadas de vuelta a California, y vendidas en la calle o a través de sitios de internet. Así lo revelan investigaciones desarrolladas por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Agencia Antidrogas (DEA) en San Diego. El consumo desmedido ha disparado el índice de muertes por sobredosis en ciudades como San Diego, superando incluso los decesos por accidentes automovilísticos. Este problema de salud y seguridad pública tiene solución en una mayor vigilancia a las instituciones bancarias y a las empresas de mensajería, hasta ahora intocables por el gobierno de Estados Unidos. El Cártel Samame La investigación respecto a uno de los grupos delictivos que opera desde Tijuana a San Diego inició hace seis años. La tarde del 10 de febrero de 2009, Rosario Astorga intentó contrabandear a Estados Unidos 35 paquetes de droga escondidos en su auto, a través de la Garita de San Ysidro, pero fue detectado y aprehendido por agentes de CBP. No era un cargamento ordinario, se trataba de centenares de pastillas de hidrocodona y oxicodona que serían distribuidos a diferentes partes del país, a través de servicios de paquetería comercial a clientes que los habían ordenado por internet. Cada bolsa contenía el número de orden, la dirección del comprador y las instrucciones para su envío. Momentos después fue capturado su hermano Juan Astorga, cuando intentaba cruzar a pie por la misma garita. Del otro lado se encontraría con Rosario para ayudarlo con el envío de las pastillas, así como a recoger cheques en un apartado postal, recibidos como pago de nuevos “pedidos”. Ambos confesaron que trabajan para Jorge Samame Rodea, pero esto ya lo sabían los agentes federales, los estaban esperando para detenerlos. Esa mañana, elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habían aprehendido a Ángel Luévano, administrador de los sitios de internet utilizados para vender los medicamentos controlados. Por tres años, investigadores financieros del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, especialistas en lavado de dinero, vigilaron su operación como parte del operativo MexRx, una de las primeras investigaciones federales al tráfico de medicamentos controlados en la región. De acuerdo con documentos de la Corte Federal del Sur de California, el operativo inició en 2006 cuando agentes del DHS detectaron operaciones ilegales a través del sitio www.MexRxOnline.com, por lo que se emitieron órdenes de cateo a los servidores de la empresa California Regional Intranet, que albergaba ese portal. Descubrieron que ésa y otras ocho páginas de internet estaban registradas a nombre de Ángel Luévano Ramírez, todas dadas de alta utilizando el correo electrónico angelluevano@yahoo.com.mx, el cual era consultado regularmente desde la misma dirección de protocolo de internet. Con la información proporcionada por el proveedor de internet Cox Communications, se posicionó a Luévano en el número 5228 de la calle Bay Crest Lane de San Diego, California. Una vez ubicado, las autoridades federales monitorearon constantemente sus operaciones financieras y de trasiego. Basados en las órdenes de compra a los nueve portales y los correos de confirmación que enviaban a los clientes una vez recibido el pago, se calculó que la organización para la que trabajaba distribuyó al menos 1.56 kilogramos de oxicodona y 355 gramos de hidrocodona, aunque los agentes investigadores determinaron que eso solo representa una cantidad mínima de lo que realmente pudieron haber vendido en línea. Detectaron que en ese mismo periodo también comercializaron más de 80 mil pastillas de Ritalin (metilfenidato), medicamento psicoestimulante con similitudes estructurales a la anfetamina, pero con efectos farmacológicos más parecidos a los de la cocaína, aunque menos potentes y de mayor duración, utilizado comúnmente para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y casos crónicos de fatiga o depresión. Como parte de la investigación, entrevistaron a una persona que había comprado fármacos a través de los portales, bajo investigación en al menos veinte ocasiones. Declaró que había pagado por las pastillas a través de giros postales enviados a un apartado postal ubicado en San Ysidro, California, y que por lo regular recibía su pedido días después. Corroboró que al consumirlos tenían los efectos narcóticos esperados, por lo que suponía eran auténticos. Los agentes de ICE continuaron investigando a la organización, hasta que en enero de 2010 se interpuso una acusación en contra de Jorge Samame y Christopher Espinoza por cuatro cargos de distribución de oxicodona, y por realizar transacciones financieras procedentes de actividades ilícitas. La Fiscalía del Distrito Sur de California informó que Espinoza era estudiante de Southwestern College en San Diego, y que trabajó como distribuidor para la organización de Samame. Desde el 2 de junio de 2010, la jueza Barbara Lynn Major autorizó una orden de aprehensión sin derecho a fianza en contra de Jorge Samame, la cual sigue vigente dentro del caso 10CR2153JAH. Las autoridades estiman que las ganancias de la organización pudieron haber promediado los 700 mil dólares mensuales. Hasta ahora seis personas han sido enjuiciadas y condenadas a prisión por su participación criminal. Lic & Sam Multiservicios, S.A. De C.V. De acuerdo con la partida 5395558 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California, Jorge Samame Rodea es uno de los accionistas de la empresa Lic & Sam Multiservicios, S.A. De C.V. constituida el 9 de noviembre de 2004 bajo el giro de compra y venta de billetes, monedas y cheques de viajero, así como la compra, venta, importación y exportación de bienes muebles e inmuebles. Otro de los accionistas es Carlos Samame Rodea, y como apoderado legal aparece Carlos Samame Preciat. Conforme al comunicado de prensa emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de California publicado el 4 de octubre de 2011, los cárteles dedicados al tráfico de cocaína, metanfetaminas y heroína han intentado cobrar a las organizaciones del tráfico de fármacos el derecho a operar. “En un caso los traficantes tradicionales raptaron a un miembro de un farmacártel con base en Tijuana y le cortaron varios dedos, porque su organización no les había pagado impuestos” señalaba el boletín, basado en información de inteligencia obtenida por agentes de ICE. Ese caso fue documentado por ZETA en su edición 1960 y sucedió el 11 de octubre de 2011 en la ciudad de Tijuana. La víctima fue identificada como un empresario dedicado al cambio de divisas y exportación e importación de materiales diversos, quien aseguró haber sido secuestrado por hombres que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial. Las investigaciones periodísticas lo ubicaron como hijo de un hombre que presuntamente se dedicaba al tráfico de psicotrópicos. Asimismo, trascendió que uno de sus hermanos había sido secuestrado en febrero de 2008, presuntamente por oficiales de la Agencia Federal de Investigación que dijeron trabajar para el Cártel Arellano Félix, según la Averiguación Previa AP 08-08-201. Por su rescate pidieron un millón de dólares y le amputaron tres dedos; sin embargo, solo se entregó parte del dinero y el intercambio final jamás se realizó, ya que la víctima escapó por sus medios. La evolución de los cárteles De acuerdo con la fiscal federal Laura Duffy, los cárteles “tradicionales” no están incursionando al negocio del tráfico de fármacos, solamente están cobrando impuestos o derecho de piso a las organizaciones especializadas, cuya operatividad es cada vez más notoria. “Ni el Cártel Arellano Félix ni el Cártel de Sinaloa están convirtiéndose en cárteles de fármacos, más bien esos cárteles tradicionales están tomando su pedazo del pastel porque se está convirtiendo en un negocio muy lucrativo”, declaró Duffy en entrevista con ZETA. Cuestionada sobre cuales cárteles mexicanos se relacionan con los traficantes de fármacos, la fiscal se reservó comentar al respecto, sin embargo, aseguró que existen más investigaciones abiertas sobre este delito con ciudadanos mexicanos involucrados: “Estamos viendo este tipo de casos todo el tiempo”. La Fiscalía del Distrito Sur de California ha documentado situaciones en las que traficantes de fármacos han usado las mismas tácticas que los cárteles tradicionales. En un caso, miembros de una de estas organizaciones ordenaron el asesinato de un rival para evitar que cooperara con las autoridades. También mandaron a matar a sus competidores comerciales para quedarse con un mayor porcentaje del mercado ilícito. En la mayoría de los expedientes llevados a corte, los traficantes declaran que obtienen los fármacos en Estados Unidos. Algunos lo hacen legalmente a través de recetas médicas expedidas por doctores corruptos. Otros los compran a empleados de hospitales o farmacias que extraen los medicamentos de manera ilegal. Otras indagatorias Otra investigación efectuada en 2011 reveló que el doctor Tyron Reece, de Culver City, California, así como un grupo de empleados de una farmacia de Los Ángeles, formaron un cártel especializado en el tráfico de hidrocodona y oxicodona, que enviaban a clientes en el sur del Estado, Texas, Louisiana y México. Reece expedía recetas fraudulentas que eran surtidas en una farmacia donde los empleados sabían que eran falsas. El Doctor ha perdido su facultad para recetar medicamentos y en noviembre de este año dará inicio el juicio en su contra. En San Diego, tres farmacias se vieron involucradas en la comercialización ilegal de decenas de miles de pastillas de oxicodona e hidrocodona, luego de una investigación de la DEA que determinó que un grupo de empleados extraían los medicamentos gracias a la falta de vigilancia a las compras realizadas a las distribuidoras de fármacos; por no efectuar inventarios con regularidad y por no reportar pérdidas “significativas” de medicinas. Los propietarios de los establecimientos, Fadi y Ramsey Atiya, han acordado pagar una multa de 1.25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, mientras que los empleados involucrados han sido encarcelados y sentenciados por tráfico de medicamentos controlados. Otra investigación de la oficina de la DEA en San Diego reveló la existencia de una organización dedicada al tráfico de medicamentos controlados que eran robados por empleados de una empresa dedicada a la recolección y destrucción de desechos médicos. A través de un operativo encubierto de más de un año, se determinó que Michael Andrew Girvin, trabajador de la empresa Enserv West, abasteció a una serie de traficantes miles de pastillas de oxicodona, hidrocodona, morfina y metadona que extraía ilegalmente, según archivos de la Corte Federal en poder de ZETA. De acuerdo con la fiscal Laura Duffy, muchas de estas medicinas obtenidas ilegalmente en California son traficadas hacia Tijuana. Una parte es distribuida a farmacias que las venden ilegalmente a locales, sobre todo a turistas extranjeros. Otra parte de los fármacos contrabandeados permanecen almacenados para después ser internados de vuelta a los Estados Unidos. Pero la demanda de fármacos es tan grande, que algunos traficantes comienzan a comprar medicamentos al mayoreo en sitios de internet especializados en el comercio de productos restringidos, fácilmente accesibles para cualquier persona, explicó el doctor Bryan Liang, director del Instituto de Leyes de la Salud de la Escuela de Leyes California Western en San Diego. Estos fármacos por lo regular son fabricados ilegalmente en China por compañías químicas que producen los ingredientes activos, pero no están facultadas para elaborar los medicamentos y no son regulados como los laboratorios farmacéuticos, por lo que representan un riesgo para la salud. Narcotraficantes empiezan a producir fármaco-drogas Para comprobar la facilidad con la que un individuo puede comprar medicamentos por internet, uno de los estudiantes de leyes del Profesor Liang logró adquirir 500 mil pastillas de Viagra en Hong Kong. “Es una red de criminales alrededor del mundo que están haciendo esto”, sostuvo el académico. La información más reciente de esta actividad ilegal apunta a que ahora los cárteles mexicanos también han incursionado en la producción de sus propios fármacos. Según el investigador, incluso es más sencillo comprar la sustancia activa y los ingredientes en países como China o India, dado el incremento en la vigilancia policial al comercio de los medicamentos. “Ciertos cárteles mexicanos ya están haciéndolo todo, las pastillas, el empaquetado, todo” expuso. En materia de seguridad como de salud pública, el tráfico de fármacos se ha convertido en un problema grave, consideró Liang, en particular en la región fronteriza, donde diariamente, de un país a otro, se mueven cientos de miles de autos, peatones y vehículos de carga. Para aminorar los riesgos de ser descubiertos, los traficantes reclutan a hombres jóvenes sin antecedentes penales y “de buena apariencia”, explicó el profesor. En contraste, la fiscal Duffy asegura que no existe un perfil específico de traficantes, sino todo tipo de personas involucradas en este delito, aunque admite que los primeros en ser detectados por las autoridades fueron los usuarios de esteroides, por lo regular hombres jóvenes que practican fisiculturismo. Turistas traficantes Aaron Rubin comenzó a viajar a Tijuana cuando tenía 17 años. Al igual que sus amigos, practicaba fisiculturismo y cruzaban la frontera constantemente para comprar esteroides sin receta médica en farmacias locales. El uso de anabólicos pronto se convirtió en abuso de fármacos controlados. Un amigo de la escuela los había inducido, se los robaba a su padre, un adicto a los analgésicos. Entonces los viajes a Tijuana se convirtieron en las fiestas más salvajes de su vida. “Lo hacían seguido y compraban todo tipo de medicamentos controlados”, explicó Sherrie Rubin, madre de Aaron. “Xanax, oxicodona, morfina, Norcos, cocaína, de todo. Cuando no tenían receta médica hacían como que se iban (de la farmacia), pero entonces les decían que si visitaban a cierto doctor, les podía expedir una receta. No había nada que les impidiera conseguirlas”. Su último viaje a Tijuana fue el viernes 6 de octubre de 2005. Por 40 dólares había comprado 100 Somas, relajantes musculares de alta potencia que bloquean las sensaciones de dolor entre los nervios y el cerebro. Consumió varias de estas pastillas junto con otras drogas y fármacos. Cuando regresó a San Diego llevó varias consigo. Ese fin de semana concluyó con una fiesta el domingo por la noche, donde todos los amigos compartieron las pastillas que habían comprado en México. Aquella noche, Aaron sufrió un ataque al corazón, sus pulmones se paralizaron y el oxígeno le dejó de fluir al cerebro, provocándole dos derrames cerebrales que lo dejaron en estado vegetativo. De acuerdo con el examen toxicológico, en su sistema se encontraron rastros de Soma, Xanax (tranquilizantes utilizados para el tratamiento de trastornos de la ansiedad), antidepresivos y 80 miligramos de oxicodona. “Fue un coctel letal”, lamentó su madre. Aaron permaneció en coma por tres semanas y media. Sus padres ya organizaban su funeral cuando comenzó a mostrar mejoras. Los doctores cambiaron los antibióticos que le suministraban y en 24 horas abrió los ojos, pero siguió en estado vegetativo. Con el paso del tiempo recuperó algunas habilidades físicas y mentales, muy pocas en realidad. Quedó cuadripléjico; no puede hablar pero entiende cuando le hablan, solo puede contestar “sí” levantando un dedo y “no” levantando dos. A pesar de la experiencia de Aaron, algunos de sus amigos continuaron consumiendo y traficando fármacos. Uno de ellos fue detenido por agentes de la DEA cuando transportaba pastillas de oxicodona de Oceanside, California, a Tijuana. Su objetivo era venderlas en dos farmacias del centro de la ciudad, expuso Sherrie Rubin, quien ahora dirige la fundación HOPE, con el objetivo de educar y crear consciencia sobre el abuso de medicamentos controlados. A través de pláticas y videos informativos, Sherrie y Aaron buscan contener el problema de salud pública en que se ha convertido el abuso de fármacos, ya que el uso recreativo de hidrocodona y oxicodona ha sobrepasado el uso de la cocaína, heroína y alucinógenos combinados. En ciudades grandes como San Diego, más gente muere por sobredosis de estas sustancias que por accidentes automovilísticos. Consumo mortal Hace media década, la edad promedio de adictos a las medicinas controladas era de 35 años en adelante, ahora ha disminuido al rango de entre 18 y 25 años. Además, es la droga más consumida entre niños de 12 y 13 años. En los últimos cinco años, el consumo de la heroína también ha experimentado un incremento, en parte porque algunos usuarios de oxicodona cambian a esta droga una vez que se complica conseguir los fármacos, o les resulta muy caro pagarlos. Tal tendencia también se relaciona con las modificaciones que han tenido las pastillas de Oxycontin, la marca más conocida de oxicodona, al tener un recubrimiento de gel que dificulta el moler y “cocinar” la píldora. Ahora los adictos tienen que eliminar completamente el recubrimiento, raspándolo con una navaja o un rallador de quesos, ya que de inyectarse el gel puede resultar nocivo para la salud. “Por eso estamos viendo un incremento tan grande en las visitas a la sala de emergencia”, explicó Rubin. Ante tal situación, varias agencias gubernamentales en Estados Unidos han implementado programas de “recuperación” de fármacos, mediante los cuales las personas pueden desechar de manera segura los medicamentos sobrantes para evitar que alguien pueda robarlos y hacer mal uso de ellos. “Desafortunadamente será difícil lidiar con este asunto hasta que se haga la única cosa que puede detener todo: detener los pagos”, considera el doctor Bryan Liang, quien sugiere mayores controles a las instituciones financieras y al comercio en línea para detectar e interrumpir las transacciones ilegales al momento en que se realizan; acciones que hasta el momento, el gobierno federal de Estados Unidos no ha implementado. La bala que mató al pequeño Hendrik en Cinépolis Confusión, irregularidades y negligencia envuelven el caso de Hendrik Cuacua, menor que el 2 de noviembre recibió un balazo en la cabeza mientras estaba en el cine. A diez días del accidente que le costó la vida al hijo de Enrique Cuacua, las autoridades dieron a conocer el caso; por su parte, Cinépolis emitió un comunicado sobre su versión de los hechos, en tanto, la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una tardía investigación. Acompañado de su hermana y padre, el viernes 2 de noviembre Hendrik Cuacua asistió al cine de Plaza Ermita en la Ciudad de México. Lo que era un plan de entretenimiento, terminó en un traslado directo al Hospital General de Iztapalapa, debido a un disparo en la cabeza que, inicialmente, el padre  confundió con una herida menor. La movilización del niño de 10 años fue efectuada por los propios empleados de Cinépolis en un auto particular. Posteriormente el padre del menor solicitó su traslado al Hospital Dalinde. Fue allí donde dos días después, Hendrik falleció. “El pasado 2 de noviembre, alrededor de las 20:40 horas, nuestro personal atendió el llamado de uno de nuestros clientes, quien informó que un menor se encontraba lesionado. Atendiendo a las situaciones de este tipo en materia de emergencias, nuestro personal procedió respecto a protocolo y otorgó la ayuda necesaria”, informó el complejo cinematográfico el lunes 12 de noviembre. A partir de entonces y de las declaraciones que comenzó a dar Enrique Cuacua, el caso salió a la luz pública. Hoy se sabe que entre el período de tiempo del incidente a la revelación de éste, Cinépolis siguió operando sin problema alguno e, incluso ese día, no suspendió la función en la que se encontraba la familia Cuacua. Prender las luces bastó como medida inmediata mientras se sacaba a Hendrik de la sala. Asegurando en su comunicado inicial que “en ningún momento se habló de una detonación de arma de fuego”, los empleados de Cinépolis han tenido que rendir declaraciones para ayudar a esclarecer qué pasó en la Sala 2 de aquel viernes. A inicios de semana, Felipe Takajashi, del Instituto de Ciencias Forenses del DF, dio a conocer que el impacto que recibió Hendrik se realizó frente a él, a un margen de un metro de distancia. Sin embargo, bastaron unas horas más para que esa versión fuera descartada por criminalística. La nueva versión, por espectacular que suene, se apega a la idea de que fue una bala perdida la que mató al niño. Sin conocimiento exacto del origen de la misma y el por qué de su detonación, hasta el momento se sabe que se produjo de un arma calibre 9 milímetros. Siguiendo esa línea de investigación,  está por comprobarse cómo fue que una bala realizó un trayecto que la llevó a través del techo de Cinépolis, y finalmente, dio contra la cabeza del menor. Analizar los videos del cine para cotejar lo emitido en la necropsia con las declaraciones de los testigos y la nueva línea a investigar, son parte de los trabajos hechos en las últimas horas, pero el caso sigue plagado de información que por el momento no concuerda. Con su complejo en Iztapalapa resguardado por la Fiscalía de Homicidios, Cinépolis se ha hecho responsable de todos los gastos funerarios de Hendrik Cuacua, pero ha externado su negativa por instalar detectores de metal, según declaraciones recientes de su director general, Alejandro Ramírez. Lo cierto es que mientras se resuelve el confuso caso, la cadena de cines ha tenido las de perder,  aunado a recientes fallas internas que se reflejan en el servicio y nulo control de sus asistentes. Decomisos del Ejército en la región Durante esta semana se registraron varios decomisos de droga en la región que comprende Baja California, Baja California Sur y Sonora. En coordinación con autoridades municipales, elementos del Ejército Mexicano acertaron diversos golpes al narcotráfico y en contra de la delincuencia organizada. El miércoles 14 de noviembre en Tijuana, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) lograron decomisar 5 kilos con 700 gramos de marihuana que habían sido colocados en el automóvil de una mujer que se dirigía hacia los Estados Unidos. Un caso de más de las llamadas “mulas ciegas”. Según el informe de las autoridades, la mujer solicitó el apoyo de la Policía luego de que al transitar en su carro por Avenida Las Ferias, Fraccionamiento Hipódromo, se dio cuenta de que algo de su automóvil había pegado en un tope, razón por la que descendió de la unidad y se percató de que había varios paquetes pegados en la parte inferior. Al llegar los uniformados, inspeccionaron el automóvil Mazda 2007 color negro, localizando cuatro paquetes de marihuana adheridos con un imán. De ahí se obtendrían 11 mil 400 dosis que podrían alcanzar un valor de 228 mil pesos. El domingo 11 de noviembre, también en el municipio de Tijuana, se detuvo a una persona en el Aeropuerto Internacional, con 12 mil 195 dólares de procedencia ilícita. El 10 de noviembre, en las inmediaciones del municipio de Moctezuma, Sonora, autoridades aseguraron un vehículo que en su interior contenía 178 paquetes de marihuana, con un peso de 2 mil 055 kilogramos. En otro caso, en el Ejido San Lázaro del municipio de Santa Cruz, se detuvo a tres individuos a los que se confiscaron tres vehículos, dos paquetes y una bolsa de marihuana con un peso de 16 kilogramos; ocho armas largas y dos cortas, 18 cargadores para distintos cartuchos y 942 cartuchos útiles de diferentes calibres. El 9 de noviembre se detuvo a tres individuos, a los que se decomisó un automóvil con 70 gramos de marihuana en su interior, siete armas largas, una granada de humo, diez cargadores para cartuchos de diferentes calibres, chalecos antibalas, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares. Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Ana. Mientras que en el municipio de Huasabas se detuvo también a cuatro personas, a las cuales se confiscaron 600 gramos de marihuana, cuatro kilogramos de semilla de marihuana, ocho vehículos, una cuatrimoto, tres motocicletas, cuatro armas largas y tres cortas; así como diversos cargadores para arma de fuego y 302 cartuchos de diferentes calibres. Cabe mencionar que del 7 al 14 de noviembre, en Sonora se destruyeron seis plantíos en una superficie de 3 mil 950 metros cuadrados. Marihuana cultivada en San Diego Operativo Mountain High vs. Organización Sotelo Autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una organización especializada en el cultivo de marihuana en parques públicos del sur de California, erradicando ocho sembradíos que produjeron más de 45 mil plantas de cannabis en un periodo de dos años. Considerada una de las más extensas investigaciones a cultivos ilegales en la historia de aquel país, el operativo Mountain High destaca por su alto nivel de sofisticación, constante vigilancia aérea, cientos de horas de llamadas interceptadas, videograbaciones a sospechosos y una amplia investigación hacendaria que permitió a los agentes federales descubrir una serie de empresas fantasmas y bases de operación dirigidas en su mayoría por ciudadanos y residentes de California. La Fiscalía del Distrito Sur de California ha fincado cargos a diez sospechosos de mediano y alto rango dentro de la estructura criminal. Seis de ellos fueron detenidos mediante un operativo coordinado en 15 puntos del Condado de San Diego. Cuatro sospechosos continúan prófugos, y se ha alertado a las autoridades mexicanas para su localización, ya que presuntamente forman parte de una organización criminal con base en México, la cual financia la producción de marihuana y recibe las ganancias de su venta. Los prófugos son: Antioco Sotelo Ayala, David Chávez Garduño, Adrián Chávez  Garduño y  Juventino Artemio Sotelo. Dos años en operativo Todo comenzó el verano de 2010, cuando agentes federales antinarcóticos divisaron un plantío de marihuana durante un vuelo de vigilancia rutinario sobre las montañas del Este de San Diego, en la apartada zona de Julian. Los agentes encargados pertenecían al “Equipo 9”, grupo de investigadores de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) creado específicamente para combatir a las organizaciones dedicadas al cultivo de marihuana en los parques nacionales y estatales en el condado. Catearon y destruyeron el sembradío, arrestaron a cuatro narco campesinos y decomisaron sus herramientas de trabajo, enseres personales y artículos para acampar. También incautaron sus teléfonos celulares con los contactos de sus asociados criminales. Fue entonces que comenzó la investigación. Uno de los celulares pertenecía a Eduardo Sotelo, sobrino de Antioco Sotelo Ayala, residente de Hemet, California al que posteriormente los investigadores identificaron como presunto administrador de cultivos ilegales en la zona. Entre los contactos almacenados en la memoria del teléfono se encontraba el número de David Chávez Garduño, un ciudadano mexicano responsable del reclutamiento de trabajadores agrícolas, así como del abastecimiento de provisiones y equipo de los sembradíos. El “Equipo 9” siguió de cerca los pasos de David Chávez, hasta que en julio de 2011 ubicaron su domicilio en la ciudad de Temecula e identificaron su auto, una camioneta Chevrolet Yukon, la cual utilizaba con frecuencia para ir de compras a supermercados durante el día. Por las noches manejaba hasta una zona montañosa del Condado de Riverside, donde meses antes habían descubierto un plantío de marihuana por medio de un sobrevuelo de vigilancia. Con la certeza de que Chávez abastecía a los agricultores, los agentes catearon el  sembradío. A su arribo se toparon con el cuidador, Andrés Linares Pérez, armado con una escopeta calibre 12 y una pistola con la imagen de la Santa Muerte grabada en la cacha de oro. También encontraron un teléfono celular con el que habían llamado a Chávez y Sotelo. El operativo se consolidaba. Entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, los elementos de la DEA vigilaron física y electrónicamente los movimientos de la organización de Sotelo. Colocaron cámaras de video en las veredas que conducían a los sembradíos, interceptaron y grabaron cientos de horas de llamadas telefónicas entre los sospechosos, investigaron sus casas, sus autos y los negocios registrados a su nombre. Como resultado descubrieron seis plantíos ilegales más, algunos con la hierba cultivada y otros solo con los tallos remanentes de la cosecha. En total destruyeron más de 45 mil plantas de marihuana en parques de Valley Center, Pala, Palomar Mountain, Riverside y el Bosque Nacional Cleveland. El golpe definitivo a la organización se efectuó el 13 de noviembre de 2012, cuando un grupo de tarea compuesto por policías locales, estatales y federales, efectuó 15 cateos simultáneos en las ciudades de El Cajon, Lakeside y Valley Center del Condado de San Diego; así como en Temecula, Perris y Hemet en el Condado de Riverside, incluyendo dos casas de seguridad y una barbería que fungía como centro de operaciones criminales. En total decomisaron 12 armas de fuego, 13 vehículos, 237 mil dólares en efectivo y 300 libras de marihuana empaquetada, con un valor superior a 300 mil dólares. La organización Sotelo Diez órdenes de aprehensión fueron expedidas antes del operativo del martes 13 de noviembre, siete de los inculpados son ciudadanos o residentes legales en los Estados Unidos, el resto son mexicanos. Todos enfrentan cargos por conspiración para la manufactura de marihuana y, de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. Fueron seis los detenidos, el resto logró escapar, incluyendo el presunto líder de la organización, Antioco Sotelo Ayala. También se encuentra prófugo David Chávez Garduño y su hermano Adrián, así como Juventino Artemio Sotelo, considerado operador de mediano nivel en la organización y segundo al mando cuando Antioco Sotelo viajaba a México. Entre los detenidos está Daniel Malaquias Mendoza, alias “El Compadre”, considerado por las autoridades federales como operador de alto nivel dentro de la organización de Sotelo, responsable de la administración general de los plantíos con la capacidad para reportar directamente a los “jefes” en México. Otros sospechosos aprehendidos son José Villa García “El Párpados”, otro operador de sembradíos presuntamente asociado con Sotelo; Francisco Villaseñor Ortiz, identificado como intermediario en la venta y distribución de marihuana; Miguel Ángel Mendoza Mendoza, aparente coordinador de la transportación y almacenaje del enervante; Roberto Valencia Martínez, “El Chilango”, ayudante de Sotelo y Chávez, responsable de transportar dinero en efectivo hacia México, proveniente de las ganancias de la venta de droga. También fue capturado John Philip Lombardo “El Barbitas”, otro de los responsables del transporte y almacenamiento de marihuana, según los expedientes de la corte. Es miembro fundador de la pandilla de motociclistas Saddle Tramps, una de las organizaciones incluidas en la lista de padillas criminales del Centro Nacional de Inteligencia Antidrogas de Estados Unidos. Durante el operativo de investigación, se detuvo a Gheysar Parham, residente del Condado de Riverside que en agosto de este año compró 22 libras de marihuana a la organización de Sotelo. Policías del Condado lo aprehendieron cuando conducía su auto sedán Lexus blanco, momentos después de haber cargado una bolsa de basura con la droga en el estacionamiento de la barbería. Otros posibles jefes de plantíos emergieron durante la investigación, pero solo se conocen sus alias y no sus verdaderos nombres, “El Triste” es uno de ellos. De acuerdo con la acusación formal del caso 13mj4116, este individuo era el responsable de un sembradío cateado en agosto de 2012, ubicado en un área remota de Pala, California, donde se encontraron 776 plantas maduras y 1 mil 800 tallos de plantas que ya habían sido cosechadas. Días después del cateo, “El Triste” llamó a Sotelo, le comentó que todo había salido bien y que ningún trabajador había sido detenido. De igual manera, le hizo saber que los agentes no habían encontrado un pequeño “vivero” de pequeñas plantas de marihuana que mantenía en un sitio lejano al sembradío. Meses antes del cateo le había vendido 500 libras de marihuana, en esa operación Adrián Chávez fue el encargado de la entrega, además de responsable de reubicar a los cultivadores del sembradío de “El Triste” al de un individuo apodado “El Gavilán”. También conocido como “Don Simón”, este presunto líder delictivo coordinaba la operación de un cultivo ilegal ubicado en Julian, California, desde la contratación de los trabajadores, a los que pagaba 1 mil 300 dólares por cosecha; el abastecimiento de víveres, fertilizantes y herramientas, y la entrega de cargamentos de marihuana empaquetada. Su sembradío fue cateado el 13 de septiembre de este año y resultó en la incautación de 7 mil plantas de marihuana. Otro sospechoso en la investigación, es un individuo apodado “El Cholo”, presunto responsable de un plantío en las montañas de Palomar, en el Condado de San Diego, cateado en agosto de 2012. Hasta el momento las autoridades desconocen su identidad. La conexión mexicana La acusación que resultó del operativo Mountain High determinó que “debido al nivel de sofisticación y la inversión requerida en las operaciones de cultivo, los agentes investigadores creen que los acusados forman parte de una organización criminal mucho más grande con base en México”. Durante una conferencia de prensa efectuada del 14 de noviembre, en la que se anunciaron los resultados de la investigación, el sheriff de San Diego, Bill Gore, expuso que “ésta es una de las investigaciones a cultivos de marihuana más grande de los Estados Unidos. Hemos utilizado sofisticados recursos de varias agencias de gobierno para seguir el rastro al dinero de esta organización de tráfico en México y San Diego, así como de otros lugares en el oeste del país”. Por su parte, la fiscal del Distrito Sur de California, Laura Duffy, aseguró que la organización de Sotelo tiene conexiones con México, “pero esa parte de la investigación está en proceso, así que no discutiremos detalles al respecto por el momento”. <p>Sobre la posibilidad de que los cuatro prófugos de este caso puedan estar escondidos en México, el agente de la DEA William Sherman sostuvo que “se sospecha pero no tenemos certeza de ello”. Ante esta situación, los agentes de su oficina en Tijuana trabajarán en coordinación con sus contrapartes mexicanas.  El proceso de legalización de la marihuana en EU Colorado y Washington se convirtieron en los dos primeros estados de la Unión Americana en legalizar la venta, posesión y consumo de marihuana para usos recreativos. Sin embargo, aún quedan ciertos vacíos en la medida, entre éstos la postura del gobierno federal ante las decisiones estatales, puesto que en la nación se califica el cannabis como un narcótico ilegal. Por ello, horas después de la aprobación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que sus políticas permanecían sin cambios, la iniciativa continúa en revisión por las instancias federales y no se han emitido más comentarios al respecto. La administración de Obama necesita definirse al respecto, puesto que la medida permite gravar con impuestos la marihuana -como cualquier otro producto de consumo-, y ello predispone la modificación de leyes federales. En Colorado, la medida consiguió 54 por ciento de los votos a favor y 46 por ciento en contra. En ella también se aprobó el cultivo personal de la hierba, hasta seis plantas por persona. Tanto Washington como Colorado forman parte de los más que quince estados que permiten el uso medicinal de la marihuana a sus residentes, sin embargo, quedó establecido que los nuevos puntos de venta deberán estar separados de aquellos que proveen el servicio para fines medicinales. La apertura de estas tiendas está programada a partir de enero de 2014. En ambas entidades, solamente los mayores de 21 años podrán comprar y consumir la droga, además se fijó en 28.5 gramos la cantidad para uso personal. Quien porte consigo más de esa cantidad, incurriría en un delito. Aún quedan pendientes otras adecuaciones a los reglamentos existentes, por ejemplo, los niveles de la droga en el cuerpo al momento de conducir para que esto se considere un delito. Luego de estas medidas, Colorado y Washington se perfilan como estados de atracción turística y de inversión. Pero el terreno aún es incierto, además del requisito de aprobación federal, se estima que los impuestos se fijarían en 25 por ciento separado en tres etapas: del productor al procesador, del procesador al vendedor minorista y cuando éste lo vende al cliente. Los nuevos inversionistas deben enfrentarse a más dificultades, por ejemplo, la negativa de los bancos a brindar préstamos o créditos a compañías asociadas a distribución de marihuana con fines medicinales, lo que hace menos probable para los establecimientos  de fines recreativos. Luego de las elecciones del 6 de noviembre, el gobernador John Hickenlooper, opositor de la iniciativa de Ley, declaró: “Los votantes han hablado y tenemos que respetar su voluntad… será un proceso complicado, pero tenemos la intención de darle seguimiento”. El escenario del turismo es aún más incierto, países como Holanda cambiaron este año sus políticas de consumo de marihuana para regular la práctica. De los 7 millones de turistas anuales al país europeo, alrededor de 1.5 de personas lo hacen para visitar los  coffee shops donde se vende el producto. Sin embargo, a partir de este año solamente en Ámsterdam se permite a los no residentes consumir en estos locales, la capital holandesa mantiene 220 establecimientos de este tipo, un tercio del total nacional, por lo que habría sido el más afectado por la nueva medida. Las demás provincias se encuentran en proceso de implementación de la nueva ley. Mientras tanto, la ONU advirtió a Estados Unidos que la legalización de la marihuana violaría los tratados internacionales de drogas y representaría una amenaza para la salud pública y el bienestar de la sociedad mucho más allá de esos dos estados, declaró Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para analistas estadounidenses, las medidas tienen fines recaudadores. Ambos estados buscan estructurar un modelo legal -basado en aquel utilizado luego de la regulación del alcohol en el siglo pasado- para emitir licencias para producción, venta y distribución de marihuana, y regulado mediante leyes en contra del consumo para menores de edad y para automovilistas. La cosecha de estos esfuerzos: mayores ingresos para los estados que se anteponen no solo a leyes federales, sino a la emblemática lucha de las drogas que Estados Unidos ha adoptado desde la década de los setentas. Inés García Piden la renuncia de Cuitláhuac Salinas Pese a ser considerado uno de los más allegados de la procuradora Marisela Morales, el jueves 15 de noviembre trascendió que Salinas fue removido de su cargo por instrucciones de la funcionaria, tras ser investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.