Tras el paso del Huracán “Paul” por Baja California Sur, la ayuda humanitaria fluye a cuentagotas. Los poco más de 19 mil damnificados -según las estimaciones del Gobierno Federal, estatal y municipios- poco a poco han recibido agua embotellada, leche y víveres para medio sobrevivir a la contingencia provocada por el fenómeno natural. 
Desde el 16 de octubre, y hasta el cierre de esta edición, los pobladores de las principales zonas afectadas únicamente cuentan con lo siguiente: – 14 mil 330 despensas, de las cuales 9 mil 220 provenían del Gobierno del Estado; 2 mil 600 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 2 mil 500 más del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). – 97 mil 480 litros de leche del programa de abasto social de Liconsa, a través de 87 puntos de distribución identificados como lecherías. – Una tonelada de harina de maíz y trigo. – 120 mil litros de agua embotellada. La respuesta oficial no ha sido suficiente para cubrir ni siquiera las necesidades de la canasta básica de los damnificados. Por eso el Gobierno del Estado y ayuntamientos de los cinco municipios, colocaron centros de acopio e iniciaron una campaña para recabar donativos de empresas y clubes sociales que permitan mayor fluidez, además de ampliar la cobertura hasta los puntos más alejados del estado. En los puntos recolectores actualmente se reciben alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos, ropa, calzado, cobijas y todo tipo de materiales de construcción. Desde el paso del huracán y hasta el cierre de edición, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la SEDESOL, levantó un censo conjuntamente con autoridades estatales y municipales de los cinco municipios, a través de un formato de Proyectos Terminales, mejor conocido como PT-01, para obtener la cuantificación real de daños y cuyos resultados arrojaron mil 832 viviendas afectadas, distribuidas de la siguiente manera: – 326 en Puerto San Carlos – 77 en Ciudad Constitución – 70 en Isla Magdalena – 183 en Heroica Mulegé – 76 en Puerto Chale – 34 Loreto – Mil 066 distribuidas entre comunidades rurales y pesqueras de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. En el levantamiento del censo, las autoridades federales, estatales y municipales detectaron 19 mil 107 personas que habían resultado damnificadas en sus bienes, que van desde utensilios, artículos de línea blanca, aparatos electrodomésticos, vehículos, artes de pesca, embarcaciones marítimas, ropa, calzado y hasta muebles. Hasta el cierre de edición, no había un estimado en costos económicos, ya que de acuerdo al delegado de SEDESOL, Carlos Corona, “no es cosa fácil, porque en el caso de vivienda se tiene que llenar una célula familia por familia, y sobre los daños a la infraestructura urbana, tiene que levantarse un estudio a través del Sistema de Posicionamiento Global, conocido como GPS, para localizar desde el espacio aéreo el tamaño del área o puntos dañados en las vialidades, y obtener imágenes de la proyección geográfica o la cartografía revisada”. El delegado federal reconoció que el procedimiento es lento, tomando en cuenta el tamaño de la desgracia y sobre todo, las prioridades de cada familia damnificada, sin embargo, “hace un año cambiaron las reglas del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y ahora ya no se puede decir que fulana o zutana resultaron con daños, sino tenemos que hacer una evaluación pormenorizada de cosas, costos y hasta un estudio fotográfico para que aquellos que resultaron afectados, puedan acceder a recursos del fideicomiso del Gobierno Federal, estatal y municipios”. 
Desde el punto de vista del titular de la SEDESOL en Baja California Sur, el procedimiento ha mejorado, ya que “evitas corrupción, manoteos y malos manejos en los recursos económicos, y prácticamente blindas el dinero público que está etiquetado para los damnificados”. Durante una entrevista con ZETA, donde estuvo acompañado de los subdelegados de Vivienda y de Administración, Francisco Javier Pérez Romero y Miguel López Banda, Corona, el funcionario adelantó que una vez terminada la evaluación completa -posiblemente la próxima semana- podrán a disposición de la Secretaría de Gobernación, toda la información sobre el caso de Baja California Sur, la cual posteriormente deberá ser canalizada a la Secretaría de Hacienda, entidad encargada de liberar los recursos al estado, a razón de que oficialmente ya fue declarado el 20 de octubre como “zona de desastre” por el gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. El dilema Según Carlos Corona, a partir del 20 de octubre tendrán diez días hábiles para terminar de recolectar toda la información posible sobre los daños de infraestructura urbana y vivienda, plazo que vencerá el próximo 3 de noviembre, cuando tengan el balance final y entreguen el informe para acceder en tiempo y forma a los recursos económicos del FONDEN. Cuestionado sobre por qué el gobernador y los alcaldes únicamente hablan de los daños en la infraestructura urbana y omiten tocar el tema de los miles de damnificados en viviendas, justificó afirmando que “no querían ser irresponsables de ofrecer cifras que posiblemente puedan moverse con el censo que está en proceso, pero también porque el Gobierno del Estado y municipios trabajarán en la reposición de la infraestructura urbana, y SEDESOL se hará cargo de los daños en viviendas”. Los primeros resultados del censo refieren que los daños más graves que se detectaron en vivienda, fue en aquellas localizadas en la costa y campos pesqueros, la gran mayoría habían sido construidas de materiales endebles como madera, lámina y asbestos, y obviamente, no resistieron los fuertes vientos del huracán. En el estudio federal aparecen tres poblaciones mayormente afectadas por estar en zona de riesgo: Puerto San Carlos. La mayoría de las colonias están construidas a un metro abajo del nivel del mar, y con el rompimiento de dos puntos del bordo de contención, toda el agua fue a parar a las casas. Heroica Mulegé. La población tiene un sector de casi 300 casas construidas sobre el nivel del Río Mulegé, cuya agua alcanzó hasta los dos metros cuando se desbordó y fue a dar a todas las viviendas. Loreto. La colonia Zaragoza, una de las más viejas de la población, está construida a un costado del Arroyo San Telmo, que al desbordarse no solo inundó, sino arrastró algunas viviendas con todo y cimiento.
Pero independientemente de los daños y las buenas intenciones de las autoridades, el dilema ahora -según reconoció el senador del PRI, Ricardo Barros Agramont- “es el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, carecen de dinero para el paipaso con el Gobierno Federal, tal y como lo marcan las reglas del Fondo Nacional de Desastres Naturales”. — Supongamos que ustedes ya terminaron los trámites y todo está listo para dar su aportación, ¿qué van hacer?, porque el Gobierno del Estado y los municipios evidentemente no tienen dinero para aportar su parte…, se le preguntó al delegado Corona. “En este caso no hay recursos extraordinarios, y recordemos que Baja California Sur es un estado que depende netamente de los recursos federales, porque su recaudación no alcanza a cubrir sus gastos sociales y operativos. Vaya, es siempre subsidiado por la federación, y por ende, ahorita no tiene con qué responder ante una eventualidad de esta naturaleza; y tengo entendido, el gobierno va por un crédito para responder al paipaso”. Efectivamente, el 17 de octubre -un día después del paso de “Paul”- el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor anunció la posibilidad de enviar una iniciativa de Ley al Congreso local para solicitar formalmente la aprobación de un crédito a favor de los ayuntamientos con el aval del gobierno, para tener dinero disponible al momento de la entrega de su aportación al fideicomiso del FONDEN. El mandatario externó que la petición sería ante la incapacidad financiera de los ayuntamientos para resolver el problema de los daños ocasionados por el Huracán Paul, porque en el caso de La Paz y Los Cabos, el 40 por ciento de las vialidades estaban colapsadas por los hoyos y baches, y respecto a Comondú, Loreto y Mulegé, había destrozos que necesitaban atenderse con carácter de urgente para tratar de normalizar la situación en cada una de las poblaciones afectadas. Entre los planes del gobernador está que todas las calles que se vayan a reencarpetar, definitivamente lleven pavimento hidráulico, porque -comentó en una reunión de evaluación- “cada vez que llueva, va a suceder lo mismo, el asfalto no tiene la misma resistencia que el cemento”. Un ejemplo palpable se puede observar con el recientemente reencarpetado de la calle Isabel La Católica, entre el tramo de la calle 5 de Febrero y la calle Allende, en la ciudad de La Paz, la cual fue destruida nuevamente por el paso del huracán. 
La avenida fue reencarpetada con una vergonzosa capa asfáltica de cinco centímetros, según se constató en el lugar, la cual se ablandó con la lluvia y se torció con los rayos del sol, quedando la calle como una especie de cartón corrugado, por lo que tuvieron que volver a romper ese tramo de seis cuadras y, al cierre de esta edición, trabajaban en su reparación. Sobre el tema de las calles y avenidas, y luego de dos semanas, el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Salvador Pérez Ramírez, declinó una entrevista con ZETA. El encuentro supuestamente había sido tramitado por el director de Comunicación Social, Salvador Salgado Gutiérrez, quien nunca ofreció una respuesta y simplemente guardó silencio. No quiso hablar del problema de las calles, ni de la pésima calidad de las obras de pavimentación que está entregando el gobierno de Marcos Covarrubias, como las 20 avenidas que pavimentaron hace casi un año en Ciudad Constitución, y hoy, después de las lluvias, están completamente destrozadas. Tan solo en La Paz, la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán reporta daños en calles y avenidas, que ascienden a 250 millones de pesos y por ahora solo están siendo tapadas con arena y asfalto. Sin embargo, el problema de la comunicación no es exclusivo de la dirección de “Comunicación” Social del gobierno estatal. Según el senador Ricardo Barroso Agramont, el propio gobernador padece de esa contrariedad, ya que “en el momento crítico por el que atraviesa el estado, prácticamente rompió la comunicación con los legisladores federales, y hasta hoy no había convocado a una reunión, donde pudieran analizar los problemas y daños del huracán y ver de qué manera -y en equipo- pueden empujar gestiones para conseguir recursos extraordinarios a propósito de la emergencia. “Realmente la gente está muy encabronada en las comunidades, porque no tienen el apoyo de sus autoridades y del gobierno”, reconoció el legislador tricolor luego de hacer un recorrido por toda la zona devastada en Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos y Ciudad Insurgentes, entre otras comunidades rurales y puertos pesqueros.
El legislador federal dijo que la única ayuda que hasta hoy ha llevado el gobernador son agua, leche y despensas, solo para mitigar la desesperación de los pobladores, quienes no han podido palpar ningún tipo de beneficio hacia su persona, sobre todo aquellas que perdieron todas sus pertenencias, autos, casas, equipos de pesca y hasta cosechas agrícolas, todo porque “la Dirección de Protección Civil no dio aviso oportuno a la ciudadanía, tal como publicó ZETA, lo que permitió que la mayoría fueran sorprendidos por Paul. “Lo grave de todo esto es que cada quien está jalando por su lado, y los únicos que están pagando los platos rotos, son los damnificados. Yo personalmente le he marcado al gobernador, y no contesta las llamadas. Pareciera que el gobernador Marcos Covarrubias está perdido completamente, desconectado de la realidad, encerrado en una burbuja por sus colaboradores; y los habitantes de las comunidades están desesperados, realmente están encabronados, porque es la primera vez que los dejan a la deriva y siguen pasando los días, y la ayuda nomás no fluye”, precisó el senador priista. Solicita gobernador crédito por 500 millones Al cierre de esta edición, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, solicitó la autorización de la XIII Legislatura para poder contratar una línea de crédito de hasta 500 millones de pesos e iniciar los trabajos de reparación en infraestructura urbana y vivienda en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, luego del paso del Huracán “Paul”. El Proyecto de Decreto fue entregado y presentado en la sesión del 24 de octubre, y tras ser leído por el diputado y secretario de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Sergio Barrón Pinto, pasó para su análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso local, integrada por los diputados Juan Domingo Carballo Ruiz, Gisela Páez Martínez y Luis Martín Pérez Murrieta, actualmente en pugna por el entrometimiento del secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Antonio Ramírez Gómez. La solicitud del gobernante del PAN contempla un plazo de financiamientos de hasta 20 años, a partir de la firma del contrato y el otorgamiento de un plazo de gracia de hasta 24 meses y un plazo de inversión de 12 meses. El dinero, según la Iniciativa de Ley, sería destinado para pagar el paipaso que correspondería poner a los ayuntamientos, avalados por el gobierno del estado en el fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres Naturales. En caso de que la próxima semana sea autorizado el crédito, de no haber una sesión extraordinaria en la XIII Legislatura, las partidas afectadas para ir pagando el financiamiento serían las participaciones federales -presentes y futuras de tres administraciones más- que entran por concepto de ramos, programas, ingresos y aportaciones. Hasta el cierre de edición, el primer balance de daños que habían los ayuntamientos presentaron oficialmente en una reunión de evaluación, es el siguiente: – 313 millones 700 mil pesos en La Paz – 50 millones en Los Cabos – 45 millones en Loreto – 291 millones de pesos en Mulegé. El único gobierno municipal que todavía no tenía un diagnóstico preliminar, era el de Comondú. (Gerardo Zúñiga)
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