El 2 de agosto de 2012, el alcalde de Tijuana y empresario Carlos Bustamante Anchondo pagó la publicación de un desplegado en los diarios de la ciudad que gobierna; en el texto cuestiona el profesionalismo de este semanario, porque no le gustó la nota “Bustamante Embargado” publicada en la edición 2000. Pero la irritación de este hombre que firma la carta como Administrador único de Inmobiliaria CBA, S.A. de C.V. no se queda ahí; decidió transferir su excitación al ámbito de la administración pública y emitió como orden del Presidente, la instrucción para que los funcionarios del ayuntamiento se unan a su acto de cólera y bloqueen a los reporteros de esta casa editora. Que les nieguen información y no les concedan entrevistas. “Me apena mucho decirte esto, pero no te voy a poder recibir; porque Martha Saldívar (Directora de Comunicación Social) acaba de pasar instrucciones a todas las direcciones del Ayuntamiento para que no se le dé ni una sola entrevista a ZETA. A ZETA nada”, comentó un empleado municipal. Y desde el jueves 2 de agosto, funcionarios de Sindicatura, Dirección de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Administración y Finanzas cancelaron citas acordadas con los reporteros antes del disgusto presidencial. De antemano ZETA sabe que este berrinche de un empresario convertido en alcalde no afectará el trabajo y la voluntad informativa de funcionarios menos serviles, quienes en verdad están involucrados en el desarrollo de la ciudad y no se dejan llevar por afanes personales. Sin embargo, la intención e instrucción represora ahí está y vale decir que no es correcta ni legal, porque al suprimir entrevistas y negar datos oficiales y de carácter público no solo está cancelando ilegítimamente el derecho de este periódico a “buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno”, sino que está negando ese mismo derecho a la comunidad Tijuanense y ningún “servidores del pueblo” tiene esa facultad. Ésta es una reacción desafortunada definitivamente, aderezada por el poder que se considera ilimitado y omnipresente desde la Presidencia Municipal de la ciudad donde este semanario tiene su base y redacción principal. En cuanto a la objetividad del trabajo periodístico que incomodó a Carlos Bustamante, ZETA fundamentó su investigación en documentos oficiales, firmados por autoridades, y en esa lógica, apegados a derecho; no se trata de “dolo y mala fe” sino de la exposición de hechos judiciales comprobados. No hay ligereza, ni confusión o ignorancia en cuanto al uso de términos fiscales. El volante 1992336 inscrito el 11 de enero de 2011 en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana es muy claro en la cabeza que indica ACTA DE EMBARGO. En todo caso, la decadencia se evidencia en las acciones de un empresario adinerado, que tiene registrado el terreno e inmueble del histórico hotel Conquistador, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad como “predio rústico”. En su carta difamatoria contra esta casa editora, el señor Bustamante decidió perderse en la retórica, interpretar y tergiversar el contenido de una nota informativa, pero al final no niega que tiene un problema, o como él lo anota, “una controversia”, que efectivamente, “resolverá un Tribunal Fiscal de la Federación y no ZETA” como afirma el edil, por eso este medio de comunicación cumplió exclusivamente con su deber de informar. En este semanario no somos ni policías, ni magistrados ni ministerios públicos, solo periodistas ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa, consignados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al Fobaproa, efectivamente es un asunto liquidado, pero solo para los cientos de empresarios ventajosamente beneficiados –como es el caso de Carlos Bustamante y así quedó consignado para la historia de los excesos de este País–, pero no es posible negar que al final es parte de su historia crediticia y referente inevitable del contexto empresarial que lo cobija. Durante décadas, fueron públicas las aspiraciones políticas de este empresario priista por encabezar el gobierno municipal; alcanzado el ansiado puesto sabía que sus acciones y vida serían sujetos al escrutinio público, razón por la cual las reacciones exacerbadas ante información que le incomoda están fuera de lugar. Pero es evidente que no hay quien dentro del gabinete le haga entender que es ilícito dirigir el ayuntamiento como si fuera otra de sus empresas. O beneficiar con el otorgamiento de información de suyo pública o la obligada entrevista de los funcionarios, exclusivamente a los medios que le benefician con notas favorables a su persona o a su administración. A propósito de nuestros 32 años al servicio de los bajacalifornianos, que el munícipe rememora, estos hechos son una prueba más de que el viejo PRI, ni murió ni se reformó. En pleno 2012, el alcalde de Tijuana está actuando contra ZETA como lo hicieron sus correligionarios Xicoténcatl Leyva Mortera y Roberto de la Madrid en los años ochenta. Bustamante primero intentó manipular el contenido informativo con la amenaza de retirar la publicidad, y ahora ordena negar información. En cualquier lugar del mundo esto se llama involución. Y en Tijuana, tal es la acción de un funcionario público que opta por la represión a la libertad de expresión, mientras como empresario tergiversa la información para ocultar sus impericias tanto en el ámbito público, como en el privado. Definitivamente estamos ante una lastimosa actitud gubernamental que afecta no a un medio, sino a toda una sociedad.
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