“Sabemos que hay denuncias en contra de elementos de la PGR, también investigaciones. Desde nuestra llegada hemos recibido quejas, incluso internas, entonces darle continuidad a los exámenes de confianza era el paso natural; al final se trata de colaborar en la depuración interna, que es una instrucción permanente de la procuradora Marisela Morales”, afirmó el delegado de la Procuraduría General de la República en Baja California, Rafael González Cervantes. Para su tarea de limpiar la corporación, solicita apoyo a la comunidad: “La Policía Federal Ministerial no está autorizada a realizar operativos sin la instrucción o la presencia de un Ministerio Público Federal, si se da algún cateo sin un MP encargado, es una operación falsa y fuera de orden, por lo que les pedimos a los ciudadanos que denuncien, nosotros vamos a generar sanciones y acciones. “La semana pasada nos hicieron de conocimiento un operativo donde no había MP, me llamó la atención, lo comenté con los responsables y les pedimos cuentas. Les recordamos que deben tener orden de investigación de un Ministerio Público hasta para ir a un mercado, y estamos procediendo. Vamos empezar controlando esto, porque de otra manera la gente queda indefensa, si es que los policías federales andan buscando a ver qué les cae, en lugar tratar de impedir un ilícito”. Representantes empresariales en Tijuana y Rosarito han denunciado la presencia de un grupo de presuntos agentes federales recién llegados que se están dedicando a la extorsión. Entre los cambios proyectados en la delegación, el programa operativo de la Policía Federal Ministerial, que usualmente se ha concentrado en la búsqueda de piratería en tianguis y swap meets, tendrá como objetivo primario combatir el narcomenudeo en las áreas de Primo Tapia y Popotla, en Rosarito. Por tratarse del único municipio en el estado que no tiene presencia de un MP de la PGR, decidieron desplegar, periódica y constantemente, agentes federales en esa entidad. “La idea es realizar operativos conjuntos con la Policía Municipal, la Ministerial y las corporaciones que sean necesarias. A lo mejor no agarramos a nadie, es un esfuerzo que está iniciando, pero se trata de que empiecen a sentir la presencia de la autoridad y de recabar la información que requerimos para realizar nuestra labor: judicializar estos asuntos”, explicó González Cervantes. Lo primero que solicitó el recién nombrado delegado de la PGR en Baja California, y le fue concedido por la procuradora Marisela Morales, fue la conclusión del proceso de evaluación de todos los empleados federales con los que trabaja desde el 12 de julio de 2012: “Necesitamos saber en quien confiar”. Una veintena de funcionarios federales se trasladaron desde la Ciudad de México a Tijuana, llegaron el 23 de julio y se van el 7 de agosto, tiempo en que examinarán a los 103 empleados de la delegación que faltan por evaluar. Al mismo tiempo, el funcionario se ha dedicado a revisar los resultados de exámenes de los otros 432 funcionarios federales evaluados previo a su llegada. Con estos expedientes como base, emprendió los cambios. Así fue designado el licenciado Julio César Noble Bartchelar en sustitución de Luis Antonio González Blassi, quien fue reasignado como Ministerio Público en San Quintín. En cuanto a los 432 funcionarios de la fiscalía federal analizados, que laboran en Baja California, ninguno resultó “no recomendable” para desempeñarse en la PGR, sin embargo, las valoraciones advirtieron la necesidad de reasignar, para evitar que algunos con pistola posean permiso de portación de armas; que otros sean incorporados a puestos de mando; o los incluyan en departamentos donde tengan acceso a información “clasificada”. Esos movimientos están en proceso. Deficiencias y desconfianzas A finales de esta semana, Rafael González Cervantes se reunió con el personal de Tijuana, revisó algunos números, tiempos y resultados generales. Inició pláticas con los funcionarios de Mexicali y Ensenada. “Sin tener las estadísticas al detalle en la primera revisión, es fácil detectar resultados deficientes sobre todo en el área de rezagos, y sé que ya lo han escuchado, pero efectivamente, existe un problema de falta de personal para investigar. Tenemos una lista de órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes que no se están ejecutando, se está reaccionando a cuando caen, o cuando brincan en otros operativos”, informó. Dentro del análisis que está desarrollando, revisará la existencia o influencia de otros factores de corrupción en el rezago, pero de entrada están buscando alternativas de solución al problema de recursos humanos. La complicación mayor en cuanto a la carencia de personal, está relacionada con las diversas solicitudes de traslados de detenidos que hacen los Juzgados federales. Diariamente, 10, 20 ó más agentes son requeridos para mover a presos del Centro de Readaptación Social de El Hongo en Tecate. Incluso piden transferencias de grupos de hasta 6 ó 10 detenidos, y más tarde solicitan otros tantos. “Seguimos en la mejor disposición de continuar el servicio y cumplir con las solicitudes de los Juzgados, pero queremos buscar con ellos una alternativa de solución que nos ayude a todos”, dijo González. Se sabe que la propuesta armada desde la PGR es que en lugar de mover a 10 ó 20 agentes, dos o tres veces al día, para trasladar a través de por lo menos dos municipios, a reos peligrosos. Que se use una camioneta, dos oficiales o un chofer, para que de Tijuana a El Hongo, lleve al personal de los Juzgados para que tomen las declaraciones que necesiten. Así se reducirían los costos y riesgos, para tener más agentes disponibles para las investigaciones y órdenes de aprehensión. Respecto a la poca confianza de la sociedad bajacaliforniana en el trabajo de esta delegación, Rafael González reiteró su conocimiento del sentir ciudadano y la instrucción de la procuradora Morales por una PGR honesta y certificada. Y argumentó que la posible existencia de malos funcionarios que están siendo depurados, no significa que la Procuraduría no estuviera rindiendo resultados. “La delegación realiza más de siete mil procedimiento en el año, solo el Centro de Operación Estratégica (COE) atiende un promedio de 200 asuntos en el mes. Aparte del tráfico de drogas y narcomenudeo, aquí se empapelan otros delitos, portaciones de arma, delitos de población, violaciones fiscales, que son asuntos que ocupan otro grueso del tiempo de esta delegación. “Solo la semana pasada hubo tres decomisos a gente que fue detenida en el aeropuerto porque traía dinero que no pudo justificar en primera instancia, pero como esas, hay muchas actividades que no se dan a conocer públicamente; porque son parte de la operatividad diaria” concluyó el recién estrenado funcionario federal.
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