Para atender las demandas generadas en la Zona Costa -Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín y Tecate-, en la pasada sesión del pleno del Congreso del Estado se presentó una propuesta para crear una Sala del Tribunal de Arbitraje en Tijuana, instancia que dirimiría las controversias entre trabajadores de la burocracia y sus patrones, ya sean del Gobierno del Estado, Municipio, Congreso, Poder Judicial y las llamadas descentralizadas. Se rige por la Ley de Servicio Civil creada en octubre de 1989; actualmente la oficina sede del Tribunal de Arbitraje se localiza en Mexicali. La propuesta presentada por el diputado panista Ricardo Magaña busca reformar la Ley de Servicio Civil, así como la Constitución Política del Estado de Baja California. De acuerdo a datos presentados, de enero de 2011 a mayo de 2012, el Tribunal de Arbitraje -presidido por Karina Borbón- recibió cerca de 2 mil demandas, de las cuales alrededor de 500 provienen de trabajadores de la burocracia adscritos a la Zona Costa, lo cual implica que cualquier tipo de trámite tome más tiempo, además de elevar los costos para los trabajadores -o sus abogados-, quienes deben trasladarse hasta Mexicali para continuar el proceso. Según el diputado Magaña, con la iniciativa se busca que la justicia laboral -en este caso la parte relacionada con la burocracia- sea más ágil y expedita, esto en función de lo que llamó “tortuguismo” en la administración de la justicia laboral, lo que ha propiciado que aparte surjan distingos, ya que algunos abogados han tenido que tramitar amparos federales para agilizar el proceso, implicando la creación de una división entre los casos de “amparados y no amparados”. La mencionada propuesta de reforma fue turnada a Comisiones, donde deberán discutirla y, en caso de aprobarla, programar su discusión en el pleno del Poder Legislativo, donde también deberán acordar la ampliación presupuestal para la creación del nuevo espacio en la ciudad de Tijuana.
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