A dos semanas de la fuga de prisión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, solo se ha puesto en claro que el terreno por donde se realizó el túnel para la escapatoria fue negociado en mayo de 2014 y que el capo contó con la complicidad de diversas personas, aunque hasta el momento solo siete servidores públicos son procesados por ello. Calixto Estrada Castillo, el vendedor del predio de la colonia Santa Juana, en Almoloya de Juárez, Estado de México, explicó que en la fecha señalada -tres meses después de la recaptura de “El Chapo” Guzmán- vendió cinco hectáreas en millón y medio de pesos a una persona de nombre Francisco Ramírez León. La fecha es relevante, porque de ser verdad, el túnel se habría construido en apenas un año. Increíblemente la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no ha admitido la declaración de Calixto, lo que lo llevó a solicitar un amparo ante un juez federal de Toluca. 
Por lo que se refiere a las investigaciones de los funcionarios que posiblemente auxiliaron al líder del Cártel de Sinaloa antes y durante su evasión del penal de máxima seguridad Altiplano, el caso no ha avanzado de forma eficaz ni contundentemente. Nada más siete servidores públicos de bajo rango son encauzados penalmente por su posible responsabilidad en la fuga. Hasta el momento, el cesado director general del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, permanece libre, al igual que otros funcionarios de alto nivel presuntamente investigados por el grave suceso. Los chivos expiatorios Al vencer el término constitucional ampliado para resolver su situación jurídica, los siete consignados por el delito de evasión de presos ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, recibieron auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la fuga del “Chapo” Guzmán en agravio de la sociedad. Los implicados seguirán presos en el penal federal de máxima seguridad Número 12, en Ocampo, Guanajuato, uno de los CEFERESOs construido durante la administración del ex Presidente de la República, Felipe Calderón. Los ahora procesados son el supervisor de vigilancia del penal Altiplano, Juan Ignacio Cuarenta Orozco, y los custodios de la misma prisión que se hallaban de guardia en el pasillo 2, cuando el preso escapó de la estancia número 20 del área de Tratamientos Especiales: Carlos Sánchez García, José Daniel Aureoles Tabares y Esteban Estrada Ramírez. Otros imputados son el jefe de departamento de la Policía Federal, Vicente Flores Hernández; el suboficial de la División de Inteligencia, Luis Alberto Aguilar Morales; y el sargento de la misma dependencia, Emmanuel Galicia Conchillos; todos ellos encargados del monitoreo remoto de la estancia del narcotraficante en el CEFERESO Número 1. Los inculpados se reservaron el derecho a declarar ante el juez de la causa y, aunque pretendieron desahogar diversas pruebas, como las imágenes que ellos monitorearon durante su turno, el mismo día de la evasión de Joaquín Guzmán Loera, estas no fueron facilitadas a sus defensores. Además de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza investigaciones de la probable responsabilidad de funcionarios con los hechos. Sin embargo, el titular de la SFP, Virgilio Andrade, informó que la indagatoria se reduce a los servidores públicos relacionados directamente con el manejo de los penales y no a altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación o de la Comisión Nacional de Seguridad. Por su parte, a través de redes sociales, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuestionó al Partido Acción Nacional (PAN) y al comité directivo estatal de Sinaloa por la supuesta protección que han brindado a la diputada panista Lucero Guadalupe Sánchez López, quien meses antes de la fuga de Joaquín Archivaldo llegó a visitarlo, burlando la seguridad del penal con una identidad falsa. Mentiras en la extradición Durante 16 meses, en al menos quince juicios de amparo, sus revisiones y recursos de queja, jueces de distrito, funcionarios de la Cancillería mexicana, de la PGR y de la SEGOB, incluidos sus titulares, negaron que existiera la solicitud de una orden de detención provisional con fines de extradición internacional en contra del “Chapo” Guzmán. 
Así consta en innumerables informes justificados de las autoridades responsables y en sentencias que decretaron el sobreseimiento en la mayoría de los juicios de garantías. Sin embargo, se conoció que cuando menos unas tres semanas antes del escape del peligroso criminal, el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó oficialmente la extradición de Guzmán Loera. A la procuradora general de la República, Arely Gómez, no le quedó más que reconocer la versión ante la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión. La petición de los norteamericanos llegó al gobierno mexicano el 25 de junio. A la fecha de la fuga -11 de julio-, la PGR no había formulado petición a alguno de los jueces de procesos penales federales en el país para que ordenara la detención provisional para extraditar al hoy evadido. Arely Gómez rechazó que hubiese demora en el trámite de la extradición del “Chapo”, pues se trabajó “conforme a derecho”. La funcionaria justificó que el tiempo que faltaba para concretar la extradición del narcotraficante era indeterminado, ya que dependería de los juicios de amparos que el capo presentara a través de sus defensores. Efectivamente, los abogados del hoy prófugo advirtieron que la petición estadounidense había llegado, pues incrementaron la promoción de demandas de garantías y, además de los amparos ante jueces de distrito penales, presentaron similares escritos en Juzgados federales en materia administrativa, obteniendo con ello las “suspensiones de plano” que evitarían un traslado o extradición de Guzmán en esos momentos. Revocan amparo al “Chapo” El amparo que el Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito concedió el 28 de enero del año en curso a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para dejar sin efecto el auto de formal prisión por el delito de “uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo en las modalidades de realizar vuelos clandestinos y proporcionar los medios para facilitar el aterrizaje y despegue de aeronaves”, fue revocado. Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Culiacán, Sinaloa, estimaron que la protección constitucional otorgada al capo era contraria a derecho, pues de actuaciones se acredita que “El Chapo” Guzmán “fue la persona que en el mes de febrero de 2012, proporcionó los medios para facilitar el aterrizaje y despegue de una avioneta CESSNA 206, de color blanco con líneas azules”, en Los Cabos, Baja California Sur. El vuelo clandestino se realizó aproximadamente el día 15 del año en mención, y la aeronave aterrizó en el arroyo que se encuentra en las inmediaciones de un conocido hotel club de golf, en el Kilómetro 20 de la Carretera Transpeninsular, que corre de La Paz a Cabo San Lucas, en el tramo San José del Cabo-Cabo San Lucas. El descenso de la aeronave, observado por socios y empleados del club de golf, ocurrió en una pista de aterrizaje constituida con material arenoso de medidas aproximadas de quince metros de ancho por medio kilómetro de fondo, según consta en la averiguación previa del caso y por testimonios de los propios involucrados. Para los magistrados, ante el juez de la causa quedó acreditado, cuando menos hasta la etapa procesal, que “El Chapo” Guzmán pagó 100 mil pesos a uno de sus coinculpados para conseguir la pista y atenderlo durante su visita a Cabo San Lucas. “Conductas con las que vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, en el caso, la seguridad aeronáutica”, explican en el toca de revisión 147/2015. 
Como ZETA lo ha informado desde 2012, los vuelos de Guzmán Loera a la península ocurrieron en diversas ocasiones, una de ellas cuando se desarrollaba la cumbre del G-20 en Los Cabos. Con información de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos), la Policía Federal y la Marina realizaron un operativo para detenerlo en el exclusivo fraccionamiento en el que se ocultaba, pero se les escapó. Señales de vida de “El Mini Lic” Un recurso de queja permitió a Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, hijo de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, ex jefe de custodios del penal de Puente Grande y compadre del “Chapo” Guzmán, interponer una demanda de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. El juzgador desechó de manera inicial el escrito del “Mini Lic”, pero magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, ordenaron su recepción y trámite. El supuesto ahijado de Joaquín Guzmán reclamó en su escrito: la omisión del Ministerio Público de hacer de su conocimiento “la integración de una o varias averiguaciones previas penales federales en mi contra, por delito o delitos que desconozco y bajo imputaciones criminales que ignoro (…)”. López Serrano señaló que nunca ha sido citado formalmente a declarar “no permitiéndoseme con ello, ofrecer y desahogar pruebas en mi descargo; ignorando por lo tanto, el número de expediente de las indagatorias penales federales incoadas en mi perjuicio, por las señaladas entidades de procuración de justicia. “En ese tenor reclamo la integración A MIS ESPALDAS de indagatoria penal federal, respecto de la que jamás he sido notificado, nunca he sido citado a declarar, ni tampoco se me ha dado la oportunidad de ser oído y vencido, ofreciendo las pruebas en mi defensa”, agregó el hijo de López Núñez. “El Mini Lic”, señalado junto a su padre como los jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California Sur y sucesores del “Chapo” Guzmán mientras estuvo en prisión, reclamó las posibles órdenes de detención, localización, presentación o arraigo que se hubiesen dictado en su contra, “bajo el pretexto de hacerme comparecer con el uso de la fuerza pública (…) y con ello privarlo de su libertad (…), ignorando las imputaciones criminales que estén fabricando”. Bajo protesta de decir verdad, Dámaso López Serrano dijo tener conocimiento de que elementos militares adscritos a la Secretaría de Marina arribaron a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el fin de llevar a cabo operativos tendentes a capturarlo, “por existir -cree-, supuesta información falsa” que lo vincula como parte de una asociación criminal. El juicio de amparo se encuentra en vías de resolución. De los primeros narcotúneles Al resolver el recurso de revisión 271/2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa del Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, de amparar al presunto narcotraficante jalisciense Antonio Reynoso González en contra de su extradición a los Estados Unidos de América. Socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde la década de los noventa, Reynoso fue uno de los pioneros en el uso de narcotúneles del Cártel de Sinaloa para el trasiego de droga a la Unión Americana desde territorio bajacaliforniano. El originario de Jalostotitlán, Jalisco, es acusado por la Corte Federal del Distrito Sur de California, de cometer delitos entre una fecha desconocida y hasta por lo menos el 23 de junio de 1995, en las ciudades de Los Ángeles, California y Chicago, Illinois, ambas de Estados Unidos de América. El cargo que se le atribuye a Reynoso González, es el de asociación delictuosa para importar y poseer clorhidrato de cocaína con la intención de distribuirla, ilícito establecido en el Título 21 del Código de los Estados Unidos de América. Sin embargo, el indiciado reclamaba -vía amparo- que la acción penal en su contra ya había prescrito por el simple transcurso del tiempo, agravio que no compartieron el juez ni los magistrados en el juicio de garantías. La formulación de la acusación contra el miembro del Cártel de Sinaloa, que introducía droga al otro lado de la frontera dentro de latas de chiles y conservas, data de 1996; mientras que, la petición formal de extradición de los norteamericanos fue realizada el 9 de enero de 2014. El quejoso ya fue notificado del fallo adverso a sus intereses en el interior del CEFERESO Número 11 en Hermosillo, Sonora, donde se encuentra recluido. Sucesos violentos en el país La comunidad indígena de Santa María Ostula, en Michoacán, fue atacada por el Ejército Mexicano el domingo 19 de julio, día en que se registraron dos enfrentamientos “donde los militares usaron gas lacrimógeno y comenzaron a disparar de manera indiscriminada”, señalaron testigos. En la agresión contra civiles, dos menores de edad y un adulto perdieron la vida, mientras cinco personas más resultaron heridas. Las víctimas mortales son: Edilberto Reyes, de 12 años, y Neymi, de seis años; así como Melesio Cristiano, de 60 años. Todos fallecieron por impactos de bala. 
En un operativo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, se logró detener a Cemeí Verdía Zepeda, primer comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, junto a un comunero. El líder comunitario fue presentado ante la Procuraduría General de la República por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Pro Derechos Humanos, Agustín Vera detalló que la mañana del 19 de julio, los elementos castrenses hostigaron a la comunidad y arrestaron a Verdía. Para las cinco de la tarde de ese día, elementos de la Marina y policías estatales, reforzados por soldados del Batallón 86, atacaron los retenes comuneros con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos. Al desplazarse por Ixtapilla, embistieron contra la población civil resguardada en sus casas, hecho en el que resultó muerto el niño Edilberto. Anteriormente Cemeí Verdía -amenazado en reiteradas ocasiones por miembros del Cártel Los Caballeros Templarios-, había logrado sobrevivir a dos atentados, el último registrado el 25 de mayo. Los comuneros han señalado a Federico González Medina y Mario Álvarez López, este último dirigente del Partido Revolucionario Institucional en la región, como las cabezas del crimen organizado, y a la minería como uno de los intereses detrás del despojo de tierras. Emboscada en Durango Cinco heridos y once personas muertas fue el saldo de una emboscada ocurrida la noche del sábado 18 de julio en Durango. “Eran mineros”, aseguró la fiscal general del Estado, Sonia de la Garza.
Al parecer, un grupo de hombres que viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce del poblado Sapioriz a San José de Bacis, en el municipio San Dimas, fue atacado a balazos. En el lugar no se encontraron víctimas, ni la fiscalía ha informado sobre posibles sospechosos; tampoco ha dado a conocer líneas de investigación para aclarar el crimen. Investigan desaparición de jornaleros Por probable responsabilidad en la desaparición de siete jornaleros, el 7 de julio de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) inició una investigación a personal castrense de la Onceava Zona Militar. Los soldados investigados se encuentran bajo custodia militar, luego de que la Procuraduría General de Justicia Militar “identificó indicios de una probable participación de personal” en la desaparición de las siete personas. Los castrenses fueron denunciados por familiares de los desaparecidos, cinco hombres y dos mujeres, quienes aseguraron que personal del Ejército ingresó al domicilio de las víctimas, en el municipio de Jerez, bajo el argumento de realizar un operativo para localizar armas y drogas. Los cuerpos de cuatro trabajadores fueron hallados dos días después, y el resto, e 11 de julio, en la misma demarcación. El viernes 17 de julio, en cuatro municipios de Zacatecas, fueron halladas narcomantas en puentes peatonales y mercados, en las que se advierte la intensificación de la lucha contra el Cártel del Golfo, el cual ha desplazado a Los Zetas. Robo de planos de penal Los planos del único penal de máxima seguridad ubicado en la Ciudad de México fueron hurtados, a un mes de que en estese albergara a 44 internos de alta peligrosidad. Se trata del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP I), instalado en la parte posterior del Centro del Reclusorio Norte, cuyos croquis oficiales fueron sustraídos. De acuerdo con la versión de los hechos, los planos se resguardaban en una computadora portátil que fue robada el 1 de junio de 2015 en Ecatepec, Estado de México, del interior de un vehículo de la empresa Cevaseg S.A.P.I. de C.V., uno de los consorcios a los que se adjudicó la edificación del reclusorio. Fue hasta el lunes 20 de julio que el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer el hecho e interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). No obstante que la administración de Miguel Ángel Mancera descartó la fuga de reos, al sostener que la construcción ha sido modificada en un 80 por ciento, en el penal se implementaron mayores medidas de seguridad, tanto al interior del centro penitenciario, como en sus alrededores; de igual manera, prevé la reubicación de los internos en celdas distintas y en periodos indeterminados.
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