Una denuncia penal presentaba el 12 de septiembre de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el número de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012, puso en evidencia una red de corrupción dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Los integrantes fueron plenamente identificados con nombres, apellidos, cargos, fechas, cantidades, testimonios, documentos y todas las piezas clave de lo que resultó ser una estructura de favores, recomendaciones y encubrimiento que actualmente y al cierre de esta edición, estaba produciendo dinero ilícito a los presuntos implicados. Los señalados son, por el DIF: – Martín González Fiol, director general. – Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa, quien se jacta de una supuesta amistad con la esposa del gobernador, María Helena Hernández de Covarrubias. – Carlos Roberto Avilés Contreras, jefe del Departamento de Recursos Financieros y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por la SEP: – Sonia Murillo Manríquez, directora de Administración y Finanzas. – Consuelo Peñaloza, jefa del Departamento de Recursos Financieros. – Heidi Estrada Martínez, directora de Casa del Estudiante. Por la Secretaría de Salud: – Luis Humberto Araiza López, ex director administrativo. – Víctor García, jefe del Departamento de Pagos. – Julio César Buenrostro de Dios, titular de la Unidad de Contraloría Interna. – Carlos Arriola Isaís, director general del Hospital General “Juan María de Salvatierra”. – Víctor Manuel Nolasco Cota, director administrativo de ese nosocomio. – Manuel Alejandro Cota Crespo, jefe del Departamento de Pagos del hospital. Las evidencias de esta red de corrupción brotaron al estallar una pugna entre socios de una compañía por el cobro de cheques y pagos que terminó por develar que “habían sido favorecidos con la asignación directa de cuando menos siete contratos por funcionarios de primer, segundo y tercer nivel, aprovechando que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Baja California Sur, no los obligaba a licitar porque el monto de compra en una sola exhibición, no rebasaba el tope de los 504 mil pesos que establece como máximo el Artículo 26 Fracción III de la citada Ley”. 
Los proveedores facturaban sus millonarias ventas a nombre de Clara Lizeth González Romero, y bajo el nombre comercial Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios como carne, pollo, pescado, cafetería, carnes frías, despensas, cigarros y frutas y verduras, a la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, hospital psiquiátrico, centros comunitarios DIF y hasta al Hospital General “Juan María de Salvatierra”. El dinero de la venta de todos estos productos se concentraba -según la denuncia penal- en la cuenta fiscal número 0679861339 del barco Banorte, que aparece a nombre de Clara Lizeth González Romero. La mecánica de estas operaciones era muy sencilla. Aprovechando su investidura, el ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, conseguía los contratos de compraventa y enviaba a los cuatro socios de la compañía a cerrar los tratos de manera directa. La que figuraba como propietaria de la empresa, Clara Lizeth González Romero y su esposo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, eran los encargados de almacenar y surtir todos los pedidos a las dependencias estatales. Por su parte, los otros dos socios, Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez, resultaron ser cuñado y concuña de Aurelio Ortiz Zambrano, además de responsables de administrar y facturar todo lo que se vendía. La contabilidad de estas operaciones era manejada por Carlos Mayoral, contador del negocio particular de quien, hasta el 16 de noviembre de 2012, fungiera como subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico del gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor. Datos recabados por ZETA exponen que el proveedor de todas estas instituciones de gobierno no reunía siquiera los requisitos principales requeridos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, como tener un local comercial u oficina legamente establecido, una licencia comercial expedida por el Ayuntamiento local y una razón social afuera del establecimiento. El negocio prácticamente operaba desde la penumbra, pues su domicilio fiscal de la calle del Río número 115, Colonia La Fuente de la ciudad de La Paz, resultó ser una vivienda particular que servía únicamente como centro de almacenaje y repartición de productos alimenticios. No obstante, durante una entrevista con ZETA, Luis Josefat Gastélum Vázquez, uno de los socios, declaró que la compañía era propiedad de su esposa y todos los demás “éramos empleados, pues cuando comenzamos, decidimos asignarnos un sueldo que cobrábamos cada quince días”. Los únicos socios que manejaban tarjeta de la cuenta bancaria eran González Romero y Maura Georgina Pantoja Pérez, esta última controlaba y firmaba los cheques que expedía la compañía. Gastélum Vázquez y su esposa, Clara Lizeth, hablaron de todo con este Semanario, de la operación del negocio, la asignación directa de los contratos y las pugnas que terminaron en una denuncia penal en contra de sus ex socios, donde aparecen involucrados la mayoría de los servidores públicos señalados. — ¿La empresa otorgó un porcentaje de dinero de sus ventas a todos los funcionarios relacionados para que los favoreciera con los contratos? ¿Cuántos les pagaban? “No te sabría decir, salvo que a mí me habló directamente el señor Aurelio Ortiz Zambrano, cuando era mi amigo, y me invito a registrar una empresa porque expresamente me dijo, ‘íbamos a ser proveedores directos del gobierno y había oportunidad de hacer negocio’; y yo le digo que sí, y la empresa se registró a nombre de mi esposa. No sé si él haya acordado algo con ellos de manera directa o si les pagaba o no, pero de que se notaba el interés desde que empezamos, sí, porque entrando en operaciones el gobierno de Marcos Covarrubias, inmediatamente nos asignaron los contratos”. El comienzo A espaldas del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, el ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, se coludió con funcionarios de primer, segundo y tercer nivel para sacar raja económica en la asignación de contratos y obtener dinero de manera ilícita. La empresa fue creada ex profeso -y así lo reconoció quien figura como propietaria, Clara Lizeth González Romero-, pues de la nada fue registrada el 25 de abril de 2011, es decir, diez días después de la toma de protesta del gobernador, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de registro federal de contribuyente GORC791111MU0, porque se había planeado favorecerla con los contratos de manera directa y sin entrar a ninguna licitación. La compañía nació a sugerencia del propio ex funcionario, cuando llamó telefónicamente a quien fuera su amigo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, y le recomendó registrarla para empezar hacer negocio en el cuatrienio del Partido Acción Nacional (PAN). — ¿Cómo conoces a Aurelio Ortiz Zambrano, cómo te contacta? ¿Participaste en la campaña del gobernador Covarrubias?, pregunta ZETA al esposo de González Romero. “Bueno, yo no participé en la campaña del gobernador. De hecho, no lo conozco en persona. A mí me llama un día por teléfono el señor Aurelio, porque su esposa Janeth, es muy amiga de mi familia, y nos dice que va a tener un buen cargo dentro del gobierno y me invita a organizar un negocio, porque nos dice que quiere que seamos proveedores directos. Yo hablo con mi esposa y decidimos que se haga el trámite de un registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sea ella quien figure como dueña; y entonces así empezamos a trabajar”. La asignación de los contratos -relata el joven- era un sueño que los involucrados parecían estar viviendo, pues de la nada comenzaron a llamarles de varios lados y a requerirles de productos alimenticios, por lo que decidieron cerrar el trato de compraventa de la casa que servía como almacén y lugar de residencia. Gastélum Vázquez recibió una llamada telefónica del ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, y solicitó integrara en el “equipo de trabajo” a su cuñado y concuña para que administraran el negocio, porque para entonces tenían una pesada carga de trabajo y no podían con todo.
— ¿Aceptaron? “Sí, aceptamos porque finalmente el negocio estaba a nombre de mi esposa y teníamos todos los contratos firmados, y el trato es que ellos serían empleados y recibirían un sueldo, como el que estábamos cobrando nosotros para concentrar las ganancias en la cuenta bancaria y poder tener fondos para responder rápidamente en las requisiciones de los pedidos del gobierno”. De acuerdo con documentos que obran en poder de ZETA, el negocio de proveer productos alimenticios era bastante lucrativo, pues aunque aparentemente la mayoría de las compras eran pequeñas -entre los dos, tres, cinco y hasta seis mil pesos-, al término de mes la venta neta alcanzaba los 200 mil pesos. Las cuentas Para tener una idea más clara, en base únicamente a un estado de cuenta emitido el 10 de septiembre de 2012, la subdirección administrativa del Hospital General “Juan María de Salvatierra” pagó las siguientes facturas y cantidades a Clara Lizeth González Romero por concepto de productos alimenticios: – El 7 de febrero pagó 13 mil 824 pesos, amparados en las facturas 776, 777, 779 y 780.
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