De repente, casualmente a partir de uno de esos ratos de ocio, me encontré con la Comisión de Ética Gubernamental. Como la estaba atestiguando en un programa de televisión, una serie de ficción norteamericana de hecho, pensé que se trataría de eso, de una oficina producto de la mente de un guionista soñador. He de aceptar que con mi idiosincrasia mexicana y en mi contexto político y gubernamental, la Comisión de Ética es algo imaginable pero inalcanzable, especialmente en la condición actual con el PRI de regreso a Los Pinos, del presidente Enrique Peña Nieto reviviendo la Secretaría de la Función Pública que él mismo políticamente acabó, y colocando ahí a uno de sus leales para que investigue cómo le compró casas a filiales de Grupo Higa, ejemplo que siguió su secretario de Hacienda y su esposa, entre otras tantas sospechas -que datan a su nebulosa gubernatura en el Estado de México– de tráfico de influencias que en este país la ciudadanía ya da por hecho. Sin dejar de lado las condiciones en que millonarios contratos se han signado entre los gobiernos que ha encabezado Peña con la constructora en cuestión. Así la Comisión de Ética en el Gobierno Mexicano no es otra cosa que una fantasía o tal vez un anhelo, una acción deseable pero utópica. Pero uno que todavía cree… investigué si en efecto existe una Comisión de Ética Gubernamental y ¡Sí existe! Obvio, no en México. Cada uno de los Estados que integran la Unión Americana tiene una Oficina de Ética Gubernamental, el propio gobierno asentado en la Casa Blanca y encabezado ahora por Barack Obama, tiene su Oficina para la Ética Gubernamental de los Estados Unidos, incluso la dependencia tiene un lema: “Previniendo el conflicto de intereses en la liga ejecutiva”. En la serie televisiva que me develó la Comisión de ética, el protagónico es una mujer abogada socia principal de un importante despacho en Chicago, y resulta ser además, esposa del Gobernador del estado de Illinois. En el capítulo del que hago referencia, el gobernador está concentrado en la integración de su gabinete, y piensa en un hombre para la Comisión de Electricidad. Entonces aparece en escena una joven funcionaria, quien le solicita reconsidere el nombramiento en otra persona. Cuando el ejecutivo de ficción le pregunta por qué, ella responde que tal acción podía interpretarse por parte del electorado a la ciudadanía como un tráfico de influencias, pues el hombre que él quería nombrar en el gabinete le había rentado el edificio de oficinas a su esposa –la primera dama- para que albergara su nuevo bufete de abogados. El tráfico de influencias podría presumirse por parte de los políticos de oposición, por parte de la sociedad, y ello sería en detrimento de su gobierno. El ejecutivo de ficción le explica a la comisionada de Ética de ficción que no fue así. Ella le insiste: tal nombramiento se percibirá como tráfico de influencias. Fin de la discusión. ¿No sería genial que esa oficina existiera en México? Que además tuviera facultades, que se depositara la titularidad en una persona con ética y principios para apelar por la transparencia y el buen gobierno. Claro que se requerirían en nuestro país políticos y funcionarios preocupados por el buen gobierno y no por hacer negocios personales y amasar fortunas. En la realidad la oficina para la ética gubernamental del gobierno de los Estados Unidos depende de la oficina de la presidencia, la encabeza un director que es nombrado por el mandatario, y tiene facultades para la investigación en casos y temas como: Conflictos de intereses financieros e imparcialidad, regalos y pagos a funcionarios; el uso de las posiciones y los recursos gubernamentales, las actividades y trabajos externos de los funcionarios, los trabajos de los funcionarios en la época posterior al servicio público, la ejecución de sanciones y sentencias. Otras funciones que se agregan a la Comisión de Ética según la región, son los conflictos de intereses legales, el soborno, el nepotismo, el código de conducta, las relaciones con el sector privado. Las comisiones trabajan a partir de lo que observan en la supervisión del desarrollo de las acciones gubernamentales, y a propósito de denuncias ciudadanas, quejas de colaboradores y señalamientos públicos de sospechas de corrupción, actos ilícitos, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otras lindezas que hombres y mujeres en el poder administrativo público suelen cometer por estar en posición de hacerlo. Las sanciones pueden llegar desde un apercibimiento, una sanción civil o una penalidad judicial dependiendo de la gravedad de los actos cometidos. En México hay instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior del Distrito Federal, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entre otros pocas, que cuentan con una Comisión o un Comité de Ética, acaso en pañales pero ahí está, ahí lo tienen. En todo el apartado que integra la Secretaría de la Función Pública, a la que el presidente Peña solicitó la investigación del tráfico de influencias –que por cierto y de manera sistemática ha negado- no hay una sección para la ética gubernamental. Ni una oficina, ni un comité, ni una comisión, ni una dirección. Sí existen, por ejemplo, la unidad de políticas de transparencias y cooperación internacional, la subsecretaría de control y auditoría de la gestión pública, la unidad de control y auditoría a obra pública, la subsecretaría de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas, la unidad de controversias y sanciones en contrataciones públicas, la unidad de evaluación de la gestión y el desempeño gubernamental, entre otras muchísimas oficinas que tiene la Secretaría de la Función Pública, pero nada, nada, nada, de ética. En estas condiciones, conociendo a los priistas –a los políticos en general pues, a los panistas a los perredistas, especialmente a los verdes, sin dejar de lado a los panalistas, los petistas los de convergencia y próximamente los morenistas- una Comisión de Ética Gubernamental estaría muy bien. En el mundo real quizá pueda funcionar, guiar a los ciudadanos, informar a las masas, y supervisar a los funcionarios, a accionar en favor del buen gobierno y no del negocio privado o el interés particular. Ya sé, mera ilusión. Idealismo vil y llano. Pero pues uno que todavía quiere creer pese a ver que al peñato le falta ética, concepto que en la práctica es la única vía para legitimar a un gobierno.
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