Señor Gobernador Constitucional del Estado de Baja California
Licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid
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Debido a su investidura, en su calidad de representante de las instituciones del Estado y sabedor de que una de las atribuciones que la ley le confiere es la de mantener el orden y la seguridad jurídica de nuestra entidad federativa. Me dirijo a usted en mi calidad de exmagistrado y exconsejero de la Judicatura, para manifestarle que en razón a las notas y reportajes que en este medio de comunicación se han venido publicando las últimas semanas respecto a posibles actos de corrupción, abuso de poder, desavenencias entre los Magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como exigencias de mejoras en las condiciones salariales de los Secretarios de Acuerdos y otros funcionarios y servidores públicos.
Por todo esto considero necesario que usted encabece un intercambio de ideas, respetuoso e interinstitucional, que verse sobre la marcha de la administración e impartición de Justicia y, en caso necesario con acuerdo de los tres poderes, se concluya realizar acciones para una reestructuración jurídica del Poder Judicial. Dicha tarea que si bien es cierto corresponde llevar a cabo al Poder Legislativo mediante reformas a la Constitución y a la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, no menos cierto es que el Gobernador es el garante de la buena marcha de los asuntos de Estado que infieran en la certeza de que el gobierno vela por la seguridad y tranquilidad social, que también se logra con una adecuada administración de Justicia.
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Desde luego que el destinatario de esas reformas que es el Poder Judicial y por ello debe participar en ese intercambio de ideas, así como también quienes día a día son usuarios del sistema de administración de justicia en la Entidad, o sea el foro de abogados, en donde cada vez hay más voces que se alzan pidiendo cambios y mejoras para el Poder Judicial. Piden reformas al procedimiento para elegir magistrados del Tribunal Superior de Justicia y que desde ya sea efectivo el pago de emolumentos por retiro de jueces y magistrados, dado que sencillamente la Justicia Federal confirmó que tienen derecho, así como ocurre en la jubilación de maestros u otros tantos trabajadores al servicio del Estado. Debe encabezar un diálogo incluyente encaminado a preservar la tranquilidad y el orden jurídico.
Señor gobernador, es tiempo de cambios en los cuales sociedad y gobierno deben marchar unidos, con el ánimo de evitar desgaste de las instituciones porque ese desgaste trae como consecuencia la pérdida de confianza de la sociedad en sus gobernantes. Y desde luego en las mismas instituciones, de ahí por ejemplo la justicia de propia mano, el aumento de los delitos, la falta de respeto e incumplimiento a las leyes en nuestro Estado, etcétera.
El Poder Ejecutivo y el Legislativo no deben ser pasivos ante los conflictos que aparentemente hay en el Poder Judicial, sino actuar en forma activa para apoyarlo a fin de que cuente con todo lo necesario para que cumpla cabalmente con la vital función de impartir justicia de calidad, pronta e imparcial. Se necesita un líder que detone lo anterior.
P.D. Es necesario que la voz de los juristas y los operadores del sistema de justicia sean escuchados y analizados fuera de los intereses político-partidistas, seguros de que el foro bajacaliforniano y los hacedores de la administración e impartición de justicia estarán a la altura por el bien de todos.
Atentamente.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
