Ignoran embargo gobernador y presidente del Tribunal

Fotos: Ramón T. Blanco Villalón
 
Edición Impresa , y Sábado, 31 Marzo, 2018 12:00 PM

A pesar que desde las diez de la mañana del viernes 23 de marzo se hizo efectivo el embargo del terreno donde se pretende instalar la desalinizadora, y la suspensión de actividades de la empresa, Francisco Vega de Lamadrid y Salvador Ortiz acudieron a colocar la primera piedra. Ahora se investiga si el primero cayó en desacato y si al segundo le inician juicio político. En acto público al gobernador le abuchean y le gritan “Ojalá que dejes de robar”, entre otras consignas. Mientras el presidente de Consolidated Water, compañía que desarrollará la desalinizadora, informó cuatro días antes que les faltaban dos permisos federales

Luis Moreno Hernández, diputado por el Partido Encuentro Social (PES) en Baja California, está resuelto a documentar y actuar en consecuencia de las irregularidades que rodean el proyecto, la Asociación Público Privada y el endeudamiento de las finanzas del Estado, a partir de la desalinizadora de los más de 76 mil millones de pesos que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid sacó adelante con ayuda de diputados panistas y afines en el Congreso del Estado.

Hace unos días, la jueza Lourdes Molina Morales, del Juzgado Décimo Civil especializado en materia mercantil, determinó aceptar la denuncia de uno de los socios de la desalinizadora que acusa actos de simulación y engaño por parte de los socios de Consolidated Water Co. para pulverizar sus acciones. Entre los demandados estuvo también Alejandro de la Vega Valladolid, quien vendió el 25 por ciento de sus acciones en 1.3 millones de dólares, cuando al actor de la demanda, el señor Gough Thompson, se las tasaron en 37 mil pesos.

Producto de las medidas dictadas por la juzgadora, a las diez de la mañana del viernes 23 de marzo quedó embargado el terreno donde se pretende construir la desalinizadora, y un comisario, Hilario Humberto García Gómez, fue puesto a cargo de las cuentas de la empresa, las cuales fueron congeladas.

Aun con ello, a las doce del día del mismo 23 de marzo, Francisco Vega de Lamadrid en su investidura de gobernador del Estado y Salvador Ortiz en calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Baja California, acudieron al terreno ya embargado, acompañando a los socios de la empresa, cuyas cuentas están congeladas, a “colocar la primera piedra” de la desalinizadora.

Luis Moreno investiga ahora si tanto gobernador como presidente del Tribunal, incurrieron en desacato a un mandato judicial. Lo que sí tiene claro es que la colocación de la piedra fue un acto de mera simulación, dado que los actores estaban enterados del embargo, por ello conocían de antemano que la construcción no iniciará en tanto no haya una sentencia firme sobre el caso, y aun así lo hicieron y lo atestiguaron.

Tanto al gobernador como al presidente del Tribunal, se les puede iniciar por esa acción un juicio político, dijo Luis Moreno, quien con un grupo de abogados, actúan en consecuencia.

En el caso de Ortiz, en el acto declaró que ya había revisado el caso y que revisaría el trabajo de la juzgadora, y esperarían los recursos que se interpongan. Dejando su papel de imparcial, prácticamente juzgó el trabajo de la jueza a la que él representa y, según declaró, solo conoce por la prensa.

“Gracias a su información (de ZETA) tuvimos noticia y se revisó. Es una situación del ámbito privado, creo que todos los socios, conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles, pueden ejercitar las acciones que en derecho corresponden, este es de ámbito privado, hay que esperar, toda situación que realiza un juez bajo su responsabilidad es revisada por los magistrados y tendrá su oportunidad”, expuso de manera textual.

“Tenemos que esperar la contestación y después de esta esperar los recursos que las partes interpongan, de momento hay que saber que los embargos tienen una naturaleza precautoria, lo sabemos, pero igualmente son sujetos a muchos incidentes por recursos que las fases oponen, luego entonces, todo ciudadano tiene el derecho de presentar una demanda, ya se presentó, que se estudie conforme a Derecho y en su oportunidad que se decida. Insisto, creo que en estas situaciones tan trascendentes para la comunidad, desde un punto de vista económico, pues lógicamente debe haber intereses privados que sienten alguna situación y lo mejor es que se revisen”, expuso.

“También se le tendrá que comunicar a la contraparte y esta tendrá que contestar y tenemos que esperar al derecho de defensa y lógicamente todas las decisiones de los juzgadores son revisadas. Esperaremos, es apenas una demanda inicial y lógicamente estaremos atentos para que todo salga conforme a Derecho”, concluyó.

De esto, sus compañeros magistrados han tomado nota y no descartan emprender acciones contra la actitud parcial de su presidente.

Días antes, el 18 de marzo de 2018, las acciones de Consolidated Water cayeron 3.39% de su valor, equivalente a 50 centavos de dólar.

Aparte, Luis Moreno explica que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en trámite la acción de inconstitucionalidad sobre la aprobación del Dictamen 95 en el Congreso del Estado, el cual fue aprobado por los panistas y aliados –a excepción del diputado Miguel Osuna Millán- para el endeudamiento de más de 76 mil millones de pesos a lo largo de 37 años en la construcción de la desalinizadora, que en documentos en una Corte de Nueva York, socios de Consolidated Water declararon que es para vender agua a estados de la Unión Americana.

Sin embargo, el optimismo del gobernador y el del presidente del TSJE no lo comparte ni Rick McTaggart, presidente de Consolidated Water, quien en un reporte anual público en la documentación de Nasdaq, Bolsa de Valores en la que cotiza, declaró el 16 de marzo de 2018: “Hemos pagado 21.7 millones por tierra, derechos de vía y equipo, e incurrido en gastos de desarrollo por aproximadamente 23.5 millones a la fecha, para un posible proyecto en México. Tenemos la expectativa de expandir significativa y adicionalmente nuestros fondos en 2018 para continuar en la búsqueda de este proyecto. Sin embargo, es posible que no tengamos éxito en completar este proyecto”.

De hecho, en una transcripción de una conversación de McTaggart con otros socios fechada el 19 de marzo de 2018, cuatro días antes de “la colocación de la primera piedra”, y pública también por Nasdaq, el presidente de la compañía acepta que le hacen falta permisos para la desalinizadora: “… nosotros estamos (…) que seguimos esperando las cartas para los permisos federales, hay una que el estado tiene que obtener para el uso del agua de mar, y luego tenemos que obtener un permiso de descarga concentrada del gobierno federal, y los dos realmente son los principales, creo que todavía estamos esperando, y esperamos que esos documentos estén en sus etapas finales de elaboración”.

Aun con una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el terreno embargado, las cuentas de la compañía congeladas, y sin permisos de acuerdo al presidente de la empresa, el gobernador Francisco Vega colocó la primera piedra, ante lo cual el diputado Moreno, entre otros actores políticos, investigan su actuación para emprender acciones legales.

 

EL ARRANQUE DE UNA OBRA EMBARGADA

El 23 de marzo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los alcaldes de Tijuana y Rosarito, empresarios y hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se apersonaron en el predio del Ejido Mazatlán de Rosarito, para colocar la primera piedra del proyecto de desalinizadora.

Al término del acto, el mandatario eludió a la prensa diciendo que no daría ninguna declaración “sobre esta noticia (embargo), ni de ninguna otra”, mientras que, abordados por ZETA, funcionarios como el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez y Milton Rubio, director de la empresa Aguas de Rosarito, se limitaron a contestar que no habían sido notificados del embargo, cuando no tienen por qué serlo, pues no son socios.

Sin embargo, el titular del TSJE, Salvador Juan Ortiz Morales, dijo que sí sabía del embargo. Gracias a la información que se publicó en este Semanario, aceptó, tuvieron noticia de ello y “revisó” el asunto, destacando que se trata solamente de una situación del ámbito privado, de la cual tendrán que esperar la respuesta de los aludidos.

Milton Rubio señaló que no hubo ningún engaño hacia el empresario Gough Thompson y lo que pasó fue este no pudo tener dinero cuando se le pidió que aportara su parte, por lo tanto, sus acciones fueron vendidas y del 25% que tenía, ahora solo dispone del 1%, por lo que esperarán a lo que decida la juez para determinar  si les tocará pagar o saber qué procede.

 

ABUCHEAN A VEGA Y LE DICEN “OJALÁ QUE DEJES DE ROBAR”

El lunes 26 de marzo, el gobernador llegó al salón social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tijuana, donde el Gobierno Federal entregaría préstamos personales a cientos de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asistieron también tres miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto: el director general de ISSSTE, Florentino Castro López; el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra; y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán.

Con este último, el mandatario panista firmaría un convenio para la instrumentación de un programa que mediría la calidad del aire, mientras que el titular de Conagua anunciaría una inversión de 84 millones de pesos para el saneamiento del Río Tijuana, cuyas aguas negras han contaminado severamente las costas de California.

Tres eventos del Gobierno Federal sin relación entre sí, pero organizados en un solo para anticiparse al 30 de marzo, inicio de las campañas electorales y con ello la veda que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental.

Lo que ocurrió ese día fue la aparición más accidentada y rechazada de “Kiko” Vega. Antes de ingresar al salón de eventos, se detuvo un minuto frente a la prensa que lo esperaba en el estacionamiento para defender el arranque de la construcción de la desaladora, pese a que el predio se encuentra embargado.

“Es un tema que no tengo mucha información porque es entre particulares, sé que a le empresa no se le ha justificado nada, para una información más clara con la compañía”, respondió el mandatario panista en primera instancia.

¿No cree que le afecte que se le vio colocando la primera piedra cuando es un terreno embargado?, preguntó ZETA.

“No lo sé, no lo sabemos, yo pongo una primera piedra cuando la empresa me dice que ya está lista”.

Ahora que lo sabe, ¿cree que estuvo bien?

“Ahorita les contesto”, respondió mientras avanzaba al interior del lugar, pero una mujer con teléfono celular en mano, después identificada como una profesora convocada para recoger uno de los préstamos personales que se entregarían más tarde, comenzó a confrontarlo:

“No a la desaladora, no a las APP, vinimos por una hoja de préstamo, no a un evento político”, reclamó mientras caminaba detrás de él, entre escoltas y reporteros.

Pese a empujones y a la indiferencia del gobernador, la mujer continuó con los reclamos: “No a la desaladora, Francisco. No a tus negocios. Basta de abusos, de despojo y de endeudamiento. El SNTE coludido con estos ladrones legalizados”, expresó.

Para cuando el Ejecutivo estatal ingresó al salón, con un atraso de 40 minutos durante los cuales los asistentes escucharon un amplio repertorio de un guitarrista y los beneficiarios de los préstamos estuvieron sentados pacientemente en el escenario, el lugar se llenó de abucheos.

Hasta el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum,  ocupó un lugar en el presídium, pese a no tener participación en el evento y cuando fue presentado, se escucharon más abucheos de entre los cientos de personas que tenían más de una hora en el lugar. Profesores, personal de salud e incluso policías federales fueron convocados.

La asistente que reclamaba se colocó al frente del escenario, pese a los intentos del staff por removerla, para lanzar reclamos tanto al gobernador como a los funcionarios federales por prestarse al evento.

“No nos van a seguir engañando”, gritó cuando un funcionario del ISSSTE pasó al micrófono para hablar de los 130 millones de pesos en préstamos personales que se distribuirían a trabajadores federales en Baja California.

“No vinimos a esto. Ojalá que dejen de robar. Ojalá que dejes de robar, Francisco. Ojalá que entiendan para qué es el gobierno”, encaró al gobernador que incómodo, desviaba la mirada.

El evento se prolongó con varias participaciones, cuando llegó el turno del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al inicio se escucharon chiflidos de mujeres, pero cuando el funcionario federal comenzó a hablar de “los beneficios de la Reforma Energética” y de las buenas noticias que el Presidente Enrique Peña Nieto quería difundir, llegaron los abucheos que ensordecieron su discurso.

Después de él, siguió la participación de “Kiko” Vega. Desde el momento en que el maestro de ceremonias lo nombró al micrófono, los asistentes comenzaron los abucheos y chiflidos que apenas lo dejaron iniciar su discurso.

Cuando el mandatario intentó ganarse al público, diciendo “cuando presento que los invitados especiales son ustedes, todos y todas ustedes, estamos siempre de la mano trabajo, primero sociedad y luego gobierno, que es la mejor forma…”, se intensificaron las muestras de rechazo que interrumpieron los pocos minutos que estuvo en el micrófono.

En otro momento de su discurso, intentó abordar el tema del agua. “Dicen que, en un futuro, el agua va a valer más que el oro”, con lo que llegaron más chiflidos y burlas.

Se escucharon algunas consignas de “Fuera Constellation” con relación a la planta cervecera que busca instalarse en Mexicali e incluso acusaciones de enriquecimiento del gobernador a través de condominios en Tijuana. Cuando el panista daba su discurso, sus escoltas y personal de seguridad de los funcionarios federales se reunieron debajo de los escalones que daban para el escenario. “Parece que se va a dificultar la salida”, comentó uno por radio mientras pedía elementos de apoyo.

Fuertemente escoltado, Francisco Vega de Lamadrid salió del lugar, solo para reiterar su apoyo a la desaladora y a Constellation Brands. De la primera, dijo, “se puso la primera piedra y sigue adelante. No podemos perder tiempo… la única forma de tener agua es la desaladora”.

Mientras que del rumor del retiro de la empresa trasnacional Constellation Brands de la Capital del Estado, comentó: “Tengo escrito del director. Ni un solo centavo se va de Mexicali”, para después  abordar su camioneta y retirarse.

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