A los viejos capos del narcotráfico en México, encarcelados desde hace más de dos y tres décadas, les hubiera gustado vivir en la época actual del sistema de justicia mexicano, en la que muchos delincuentes han encontrado una mayor protección que la que había antaño. Desde sus estancias en las prisiones de máxima seguridad del país, los otrora socios de los poderosos cárteles colombianos de Medellín y Cali, ven a través de sus pequeños televisores las noticias de los narcos que ahora salen de prisión tan solo pisarla. Derechos humanos, garantías de seguridad jurídica y el mentado debido proceso son más efectivos que despachos completos de abogados en los que los veteranos criminales han gastado millonadas, con muy pobres resultados. Tal vez han recuperado cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles; mas no la anhelada libertad. Al resolver sus amparos, magistrados de tribunales colegiados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reconocido que en esas más de dos y tres décadas se cometieron infinidad de violaciones al debido proceso de los capos. Desde declarar sin presencia de abogado hasta permanecer en cautiverio tantos años sin sentencia definitiva, pero poco han hecho ante el gran peso social de los apellidos de los mafiosos. 
El único que pudo salir fue Rafael Caro Quintero, pero esa libertad otorgada el 9 de agosto de 2013 y el escándalo que derivó del hecho, trajo más desgracia a sus socios presos, líderes todos del antiguo Cártel de Guadalajara. Seniles y con enfermedades que hacen miserables los últimos años o suspiros de sus vidas, a Miguel Ángel Félix Gallardo “El Padrino” y Ernesto Rafael Fonseca Carrillo “Don Neto”, se les complicó su excarcelación a través de beneficios procesales, que dadas sus circunstancias, bien podrían alcanzar de acuerdo a las leyes mexicanas. Increíblemente los estudios criminológicos, oficiales y privados de ambos personajes, revelan que ya han dejado de ser personas consideradas de alta capacidad criminal y alta peligrosidad. Sin embargo, la fama pública, la presión social ante el sentimiento de falta de justicia e impunidad que impera en el país y los efectos de la relación bilateral con los Estados Unidos de América, limitan a los jueces el margen de maniobra alguna en favor de los convictos. Las penurias de Félix El legendario narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo cumplió 69 años de edad en abril pasado. Está preso desde el 8 de abril de 1989, cuando la Policía Judicial Federal le detuvo en su casa de Jardines del Bosque, en Guadalajara. Tiene una condena de 40 años de prisión por delitos federales y está pendiente de resolver su proceso por el secuestro y homicidio del agente del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. La salud del capo se ha deteriorado en las tres prisiones donde ha estado. Los últimos diagnósticos médicos de los centros penitenciarios señalan que padece faringitis aguda, hernia de hiato, gastritis crónica, hipoacusia bilateral sensorial, dolor y ardor durante la micción, estreñimiento crónico y trastorno ansioso depresivo en control, entre otras. Abogados y familiares del ex líder financiero y ex “zar de la cocaína” del Cártel de Guadalajara han procurado los últimos años obtener beneficios a favor del reo. Desde una atención médica adecuada con especialistas, el cambio de régimen de la prisión de máxima seguridad a un centro de mediana seguridad o bien la prisión domiciliaria. Amparo tras amparo, el sinaloense se ha quejado constantemente de la falta de atención médica y de medicamentos, así como de la segregación e impedimento para tener contacto con otros reclusos. En agosto de 2014, Félix afirmó que tenía siete años sin salir de su celda en el penal de máxima seguridad del Altiplano. A través de un juicio de garantías, Félix Gallardo pidió que se le atendiera médicamente en las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología, gastroenterología, traumatología y geriatría, pues en prisión no se le atiende. Autoridades del Cefereso 1 en Almoloya de Juárez negaron la existencia de los actos reclamados y argumentaron brindar las atenciones al preso. Mientras que un juez de distrito de Toluca ordenó la realización de pruebas periciales en las especialidades referidas, un incidente no especificado de cambio de prisión prosperó para Miguel Félix. A finales de 2014, la jueza cuarto de distrito de procesos penales federales en el estado de Jalisco autorizó el traslado del sinaloense a un reclusorio de Guadalajara.
La situación parecía enderezarse para el que fuera agente de la Policía Judicial de Sinaloa en los años setenta. El traslado se materializó hasta el 31 de enero de 2015. Las pruebas periciales ya no se realizaron en Almoloya. Sin embargo, contrario a lo que el capo y su familia deseaban, el cambio de penal no fue al Reclusorio Preventivo estatal, sino al Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, de máxima seguridad. Las pruebas periciales ordenadas desde que el reo estaba en Almoloya se fueron posponiendo, hasta que lentamente se desahogaron en Puente Grande. El Cefereso reportó la realización de consultas, práctica de estudios, elaboración de diagnósticos, documentos de evolución y entrega de medicamentos. En mayo, el juez de Toluca concedió el amparo a Félix para que se le brinde una mejor atención médica. El 7 de julio hubo necesidad de excarcelar al reo y trasladarlo al Hospital Civil de Guadalajara para que se practicara una valoración en la especialidad de oftalmología. “FAG de ojo izquierdo y OCT de nervio óptico”. El traslado se realizó en medio de un impresionante despliegue policial. Afuera del céntrico nosocomio nadie sabía por qué había tanto guardia federal armado. El reo salió del penal federal a las 06:30 horas y su regreso se registró a las 09:05 horas. Sin novedad. Las buenas noticias fueron desapareciendo para el narcotraficante. Primero, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito revocó el auto en el que la jueza cuarto de distrito autorizó el traslado del interno, de Almoloya a Puente Grande. Después, un tribunal colegiado confirmó una vieja resolución de negar declaradas extintas algunas penas impuestas a Miguel Félix y negarle los beneficios de la remisión parcial de la pena y de libertad preparatoria. Félix Gallardo tramitó un nuevo amparo para evitar que le lleven de nuevo al penal del Altiplano, como podría ocurrir si pierde el juicio de garantías. La espera de “Don Neto” El caso de Ernesto Rafael Fonseca Carrillo “Don Neto” no es muy diferente al de su ex socio Félix Gallardo en cuanto a padecimientos físicos y encierro. Quizá Fonseca, de 85 años, lleva la delantera al tener todas sus condenas firmes y haber conseguido que este año le cambien la pena de prisión por la medida de seguridad de confinamiento. El hombre originario de Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa, continúa preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”. No se ha materializado el cambio de prisión autorizado. Las autoridades penitenciarias están en la selección del sitio donde el narcotraficante habrá de cumplir con la sustitución de cárcel. Tarde se le hace a Fonseca salir de Puente Grande, a donde llegó el 22 de marzo de 2013, luego de peregrinar por cinco instituciones penitenciarias, cuatro de ellas en los últimos cinco años. En su último traslado, igual que Félix Gallardo, “Don Neto” creía que iría al Reclusorio Preventivo estatal de Guadalajara. No fue así. El recorrido del capo ha sido el siguiente desde que fue detenido en 1985 e ingresado al Reclusorio Preventivo Norte en el Distrito Federal por el “Caso Camarena”: 17 de agosto de 1992 es trasladado al Cefereso 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez; el 19 de marzo de 2011 llega al Cefereso 7 Nor-noroeste, en Guadalupe Victoria, Durango; el 23 de octubre de 2011, fue internado temporalmente en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en la ciudad de Ayala, Estado de Morelos; tras regresar a Durango, el 1 de marzo de 2013 fue remitido al Cefereso 12 CPS Guanajuato; y finalmente, 22 días después al Cefereso 2 en Jalisco. 
“Don Neto” buscaba afanosamente el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir con la pena de 40 años de cárcel impuesta por el crimen del agente de la DEA y otras condenas más. Médicos y familiares del octogenario argumentaban su edad, las patologías que padece y los estudios de personalidad para probar que ya no representa un peligro para la sociedad. Los padecimientos de Fonseca Carrillo se enumeran en una lista de más de 20 enfermedades, que van desde articulares degenerativas, catarata total en un ojo, ceguera en el otro ojo, hipertensión pulmonar, bronquitis crónica, ateroesclerosis, hipertrofia prostática, hemorroides, platía de hiato, insuficiencia venosa, hasta diabetes. A pesar de que los estudios clínico criminológicos, oficiales y privados, refieren que “Don Neto” ha mantenido sus vínculos familiares y debido a su edad y condiciones precarias de salud ya no es catalogado como un criminal peligroso, las autoridades judiciales decidieron no otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria, sino el de confinamiento. El cual consiste “en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. El Ejecutivo hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del condenado”. Desde abril de 2015 está autorizado el confinamiento, pero es fecha que las autoridades penitenciarias no han determinado el sitio donde Ernesto Rafael deba cumplir el resto de sus condenas. El reo se desespera y no desea ninguna sorpresa, por lo que promovió un nuevo juicio de amparo en Guadalajara, en contra de un posible traslado a otra institución carcelaria.
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