San José del Cabo, Baja California Sur.- Cuando el ex gobernador del estado de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño fue presentado el 25 de mayo de 2012 en la rejilla de prácticas, después de haber sido capturado y sujeto a proceso penal por el delito de peculado –tras apropiarse ilícitamente de 7 predios en el exclusivo fraccionamiento de El Pedregal de Cabo San Lucas— el entonces Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, Sergio Aguilar Navarro, y durante la primera audiencia, inició un interrogatorio de datos generales sobre el acusado. El juzgador textualmente preguntó, y el detenido contestó lo siguiente: –¿Nombre? –Narciso Agúndez Montaño. –¿Originario? San José del Cabo. –¿Escolaridad? Profesionista. –¿A qué se dedica actualmente? –Soy comerciante. –¿Percepciones mensuales? –100,000.00. 
Después de escuchar las imputaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y en presencia de sus abogados, Miguel Ángel Camacho Flores, Marco Antonio Ceseña Sandoval y Otoniel Gómez Ayala, el procesado se negó a seguir respondiendo más preguntas del juzgador sobre su actividad empresarial, y se reservó el derecho a seguir declarando en el proceso penal, bajo el número de expediente 096/2012. Tras una investigación documental, este semanario, pudo ubicar una serie de negocios amparados en el poder de Narciso Agúndez Montaño, en sociedad con sus hijos Christian y Argelia María Agúndez Gómez, y su yerno, Freddy Erubey Martínez Rivera. Según las pruebas recabadas por este semanario, se pudieron identificar por los menos 10 personas coaligadas a los Agúndez, presuntos prestanombres incorporados a seis empresas de cuatro giros comerciales diferentes, y quienes durante la administración del hermano del ex gobernador, José Antonio Agúndez Montaño, han fungido como los proveedores favorecidos del XI Ayuntamiento de Los Cabos. Este reportaje está basado en información documental obtenida del ayuntamiento de Los Cabos, algunos expedientes, forma parte de una batalla legal iniciada el 17 de diciembre de 2013 –tras la negativa del gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, teniendo como interlocutor al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), que terminó ordenando la entrega de documentación, misma que fue interrumpida arbitrariamente por los funcionarios municipales en agosto de 2014 y en marzo de 2015. Las actas constitutivas de las compañías, altas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como facturas, órdenes de compra directa y adjudicaciones amañadas de licitaciones, de seis empresas que han vendido servicios al ayuntamiento cabeño, forman parte de esta investigación de ZETA. La pirámide de favorecimientos empieza con Narciso Agúndez Montaño como cabecilla, seguido en el orden de jerarquía por sus hijos Christian y Argelia María de apellidos Agúndez Gómez, y su yerno, Freddy Erubey Martínez Rivera. Los tres familiares del candidato a Presidente Municipal de Los Cabos, tienen bajo su influencia a las siguientes personas y empresas, y las cuales –de acuerdo a documentos en poder de este semanario— están interconectadas unas con otras entre socios y domicilios fiscales. 1.- Reynaldo Vázquez Salazar, y representante legal de Inmobiliaria Brisa Azul, S.A de C.V. 2.- Jorge Yépez Zazueta y Jonathan Torres Inzunza, representante legal y representante de pleitos y cobranzas, respectivamente, de Comercializadora California. 3.- Álvaro Alexis Martínez Rivera y Jonathan Torres Inzunza, administrador y comisario de vigilancia, respectivamente de la constructora Rivera Corp, S.A. de C.V. 4.- Lorenzo Esquivel Pérez, representante legal de Proyecto, Construcción y Supervisión “E”. 5.- Williams Gareth Lucero Rivera y Cipriano Alberto Ceseña Coria, representante de pleitos y cobranzas y comisario de vigilancia, respectivamente, de Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V. 6.- Williams Garet Lucero Rivera, Yoo Edward Lucero Rivera y Otoniel Marrón Amao, administrador, comisario de vigilancia y socio, respectivamente, de Constructora Baco, S.A de C.V. Todos forman parte de empresas interconectadas a través de los socios y domicilios fiscales. Las empresas Datos recabados por ZETA, expusieron que la Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V, según la escritura 533, expedida el 27 de abril de 2006 por el Notario Público No. 12, Miguel Ángel Izquierdo y Viamonte, es propiedad de los hermanos Christian y Argelia María Agúndez Gómez. Los sobrinos del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño e hijos de Narciso, aparecen con las siguientes acciones: 1.- Christian con el 99% 2.- Argelia María con el 1% Los socios de esta constructora –de acuerdo al acta constitutiva en poder de este semanario— designaron a Cipriano Alberto Ceseña Coria como comisario de vigilancia de la sociedad y a Williams Gareth Lucero Rivera, como representante para pleitos y cobranzas de la compañía. La empresa ofrece los servicios de diseño arquitectónico; construcción de obra civil; urbanización y edificación; desarrollos turísticos; desarrollos habitacionales; lotificación; estructuras metálicas; instalaciones; levantamientos topográficos; ampliación; remodelación: supervisión de obras; asesorías y trámites. 
Hasta aquí, todo parece correcto, a no ser que el domicilio fiscal de la constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., resultó ser una vivienda particular –y sin ninguna vista de negocio—registrada a nombre de Christian Agúndez Gómez y localizada en la calle Retorno de Paseo de los Avestruces No. 4413 en la colonia Las Grullas en La Paz, Baja California Sur. Entonces empiezan las ligas documentales con el resto de los miembros del grupo. En ese mismo domicilio fiscal, aparece registrada una segunda empresa denominada Proyecto, Construcción y Supervisión “E”, y donde figura como representante legal, Lorenzo Esquivel Pérez, amigo de Christian. En otro documental relacionado, el representante de pleito y cobranzas de la compañía Spacio Scala, S.A de C.V de los jóvenes Agúndez, llamado Williams Gareth Lucero Rivera, figura registrado en una tercera empresa denominada Constructora Baco, S.A. de C.V. En esa compañía –y de acuerdo al acta constitutiva de la sociedad dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos— aparece como socio de Williams, Othoniel Marrón Amao, cada uno con el 50% de las acciones, y donde figura como comisario de vigilancia, Yoo Edward Lucero Rivera, el hermano de Williams. La cuarta compañía –y según la escritura 4 mil 529, expedida por el Notario Público No. 15, Juan Raúl Mendoza Unzón— es Rivera Corp, S.A. de C.V., y donde aparecen como socios los siguientes hermanos: 1.- Freddy Erubey Martínez Rivera con el 99% de las acciones. 2.- Álvaro Alexis Martínez Rivera con el 1%. La compañía hartamente favorecida en el sexenio de su suegro el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, tiene registrado como comisario de vigilancia a Jonathan Torres Inzunza, y quien a su vez, es el representante de pleitos y cobranzas de la quinta empresa denominada Comercializadora California, y donde aparece como representante legal, Jorge Yépez Zazueta. En la sexta y última compañía denominada Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V., figura como representante legal, Reynaldo Vázquez Salazar, y la cual tiene un contrato de arrendamiento de locales para oficinas de la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del XI Ayuntamiento de Los Cabos. Los locales comerciales se encuentran en un terreno propiedad de Narciso Agúndez Montaño, y donde fue construido el llamado edificio “Cerro Azul”, ícono de la corrupción de su sexenio, porque no existe explicación de cómo invirtió 11 millones de pesos en la construcción del edificio de dos plantas, cuando en todo su gobierno –en calidad de gobernador— únicamente ganó 8 millones 640 mil pesos, a razón de un sueldo de 120 mil pesos mensuales. El edificio –y según el currículo de la constructora Spacio Scala, S.A de C.V— fue diseñado por el vástago del ex gobernador, Christian Agúndez Gómez, y cuyos recibos de agua y luz aparecen a nombre de Argelia María, la otra hija de Narciso, y el cual se encuentra ubicado en un retorno sobre la calle de Goleta y Transbordador en la colonia El Chamizal, justamente a un costado de dos residencias del hoy candidato a Presidente Municipal de Los Cabos. Sin capital evidente Sobre las personas que figuran como representantes legales, socios, comisarios de vigilancia y responsables de pleitos y cobranzas de las compañías de los Agúndez, ZETA, indagó si podían poner un negocio que vendiera a crédito al XI Ayuntamiento de Los Cabos, y soportar un financiamiento de uno a tres meses en el pago de sus productos y servicios. 
En el registro público no se localizaron grandes propiedades, que acreditara una acaudalada situación financiera, de hecho existe constancia de que algunos debieron recurrir al Infonavit para poder tener acceso a un patrimonio. A continuación los describimos. 1.- Álvaro Alexis Martínez Rivera. Socio de “Rivera Corp, S.A de C.V”, y hermano del esposo de la hija de Narciso, y quien –según la escritura 2, 302, expedida el 10 de diciembre de 2003 por el Notario Público No. 9, Óscar Amador Encinas— posee un terreno y construcción identificado como Lote 13, Manzana 244, ubicado en Camino Real entre las calles Antonio Wilson González y Gil B. Morales en el Fraccionamiento Camino Real. El predio de 160 metros de construcción fue adquirido a través de un crédito de Infonavit entre él y su pareja, Daniela Jiménez Famanía, y los cuales había reunido entre sus créditos un equivalente a 118 mil 099 pesos con 4 centavos y 88 mil 574 pesos con 58 centavos, los cuales sumaron un monto de 206 mil 674 pesos con 2 centavos, de un precio a cubrir de 222 mil pesos. 2.-Othoniel Marrón Amao. Socio de “Constructora Baco, S.A de C.V”, y quien –de acuerdo a la escritura 50,352, expedida el 7 de noviembre de 2012 por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero— es propietario un terreno de 400 metros cuadrados, marcado con el Lote 44 y Manzana 72, en la calle Sin Nombre del Sector UABCS. Según el contrato de compraventa, el terreno fue comprado en un valor de 80 mil pesos. 3.- Jorge Yépez Zazueta. Representante legal de “Comercializadora California”, y quien –según la escritura 658 expedida el 15 de octubre de 2012 por el Notario Público No. 27, Carlos Enrique Lira Padilla— tiene un terreno identificado como Lote 15 y Manzana 180 del predio Mezquitito en el Fraccionamiento El Progreso. El monto de la operación fue de 52 mil 212 pesos. 4.- Williams Gareth Lucero Rivera. Socio de la Constructora Baco, S.A. de C.V. y representante de pleitos y cobranzas de la Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., y quien –de acuerdo a la escritura 45,181 expedida el 17 de agosto de 2010 por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero— posee una vivienda de interés social en la calle Prolongación Alfredo V. Bonfil entre la Calle Sexta y Séptima en el poblado de El Centenario al norte de La Paz. La propiedad de 406 metros cuadrados, y con la clave catastral 103-017-182-009— tuvo un costo de 600 mil pesos, y la cual fue adquirida a través de un crédito de Infonavit. 5.- Cipriano Alberto Ceseña Coria. Representante de pleitos y cobranzas de Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., y quien –según la escritura 42, 772 expedida el 21 de mayo de 2010 expedida por el Notario Público No. 11, Jorge Álvarez Gámez, es propietario de un lote identificado como fracción de terreno del predio “La Piedra”, bajo la clave catastral 05-241-01. El terreno identificado como Lote 22 y Manzana 191, y el cual tuvo un costo de 490 mil pesos, 250 mil entregados a la firma del contrato y 240 mil que iba a ser pagados en 48 mensualidades de 5 mil pesos, a partir de junio de 2010 y hasta mayo de 2014. Los contratos Durante esta investigación, y de acuerdo a la copia de contratos, asignación directa y licitaciones, ZETA, pudo acreditar que las compañías de la familia Agúndez fueron ampliamente favorecidas con una serie de contratos, y los cuales fueron pagados con recursos propios del Ayuntamiento, hasta de programas sociales como Hábitat y del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM), así como otros programas del Ramo 33 del Gobierno de la República. En la revisión de la documentación, puede confirmarse que muchos de los contratos asignados directamente fueron maliciosamente “fraccionados” para evitar, que por el monto, se fuera a licitación pública, tal como lo establece el Artículo 53 de la Ley de Arrendamiento, Adjudicaciones y Servicios del Estado, y el cual establece que podrán asignarse de manera directa, siempre y cuando se considere lo siguiente. I.- Podrá contratarse por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda del equivalente a la cantidad de 4 mil 700 veces el salario mínimo diario general vigente en el estado. II.- Podrá contratarse por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto superior al equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario mínimo diario vigente en el estado, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública. En el caso de la obra pública, y con recursos federales, quedó evidenciado que las compañías constructoras primero fueron favorecidas con contratos de paredes, después de techos, cimentación y pisos firmes, así evitaron ir a licitación pública, y acaparar todas las obras de construcción. Los siguientes fueron los contratos asignados: 1.- Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V. Obra de red hidráulica y red de saneamiento en la calle de Palma Molino, colonia Las Palmas en Cabo San Lucas en el programa Hábitat en 2011; obra de ampliación de Centro de Desarrollo en Calle Ernesto Arámburo en colonia El Zacatal en San José del Cabo y obra de ampliación de Centro de Desarrollo en calle Jacarandas y avenida Encino en la colonia Buenos Aires en San José del Cabo en el programa Hábitat en 2012. 2.- Proyecto, Construcción y Supervisión “E”. Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia El Zacatal en San José del Cabo, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/02/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Vista Hermosa en San José del Cabo, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/03/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Buenos Aires en San José del Cabo, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/04/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia 4 de marzo en Cabo San Lucas, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/05/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Mesa Colorada en Cabo San Lucas, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/08/2012; Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en colonia Los Cangrejos en Cabo San Lucas, según adjudicación directa, bajo número de folio CXI-HABDGDSOM/11/2012. 3.- Constructora Baco, S.A. de C.V. Pavimentación del circuito principal de la comunidad de las Ánimas Altas, según licitación E0-803008998-N19-2012, con recursos del FISM del Ramo 33 del ejercicio 2012 y construcción de pisos firmes en viviendas, según contrato de asignación directa, bajo el número de contrato DGDS/OM-R33/02APO/2012, con un precio de 681 mil 753 pesos con 60 centavos. 4.- Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V. Contrato de arrendamiento de locales comerciales para las oficinas de la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Los Cabos (Zofemat) por un monto de 25 mil pesos mensuales, según la copia del contrato. En el caso de la empresa Comercializadora California, en el ejercicio de 2013 –según la licitación EA-803008998-N06-2013— fue favorecida con un contrato de 3 millones 553 mil 426 pesos por ser la propuesta “económica más conveniente” para ofrecer el servicio de papelería y material de oficina, y donde firmaron los representantes legales de la compañía, Jonathan Torres Inzunza y Jorge Yépez Zazueta. Según datos recabados, y documentos en poder de este semanario, en el ejercicio fiscal de 2012, esta empresa ya había sido favorecida –de enero a junio— con un contrato de 4 millones 880 mil 204 pesos con 67 centavos. 
La compañía de los Agúndez surtió material de limpieza, cafetería, materiales eléctricos, materiales de construcción, llantas, papelería, materiales de oficina, baterías y refacciones de vehículos, pintura y materiales de plomería, cerraduras, archiveros y hasta alimentación a la Presidencia Municipal, Secretaría Particular y las direcciones de Desarrollo Rural, Atención de la Juventud, Deporte, Administración, Relaciones Públicas, Comunicación Social, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Atención Ciudadana, Ecología y Medio Ambiente y Almacén General. Las compras fueron desde los 2 mil 599 pesos con 46 centavos hasta los 529 mil 588 pesos con 77 centavos. Por ejemplo, en enero de 2012, se facturaron compras por 693 mil 794 pesos con 26 centavos; en febrero un millón 54 mil 805 pesos con 7 centavos; en marzo un millón 32 mil 380 pesos con 36 centavos; en abril 572 mil 733 pesos con 85 centavos; en mayo 838 mil 193 pesos con 34 centavos y en junio 688 mil 298 pesos con 22 centavos. En suma, 4 millones 880 mil 204 pesos con 67 centavos que fueron a parar a la bolsa de esta gran familia. El modus operandi De acuerdo a algunos trabajadores del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Narciso como cabecilla de este grupo político, promueve con su hermano el alcalde, la compra de productos y servicios a estas empresas, y éste a su vez, baja la orden a los siguientes funcionarios. 1.- Edilberto Graciano Chávez, el oficial mayor, y quien como responsable de compras, utiliza al encargado de Procedimientos, Raúl Ramos Cisneros para que coordine la contratación de servicios y productos a través de una asignación directa, o bien, una adjudicación a modo a favor de las empresas de Los Agúndez. 2.- Alejandro Sánchez Acosta, el contralor municipal, y quien a pesar de tener la responsabilidad de controlar, evaluar, vigilar y fiscalizar el correcto uso del patrimonio y el ejercicio del gasto público, prácticamente se hace de la vista gorda, y permite compras que contravienen la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios del estado, con precios que rayan en el escándalo de hasta 400% más del costo del mercado, y sospechosamente, casi siempre a las empresas de la familia del ex gobernador. 3.- Emilia Vega Uribe, la tesorera municipal (y en su momento Gerardo Manríquez Amador), ordena los pagos al director de contabilidad, Ulises Montoya Escalante (y en el tiempo de Manríquez a Ana Luisa Guluarte Arista) a favor de los proveedores Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V; Comercializadora California; Rivera Corp, S.A de C.V; Proyecto, Construcción y Supervisión “E”; Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V. y Constructora Baco, S.A. de C.V. Silencio de José Antonio Sobre estos hechos, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, guardó silencio y no fijó –al cierre de esta edición— una postura oficial al respecto, pero los regidores del PAN y del PVEM, Pablo Díaz Rivera y Emilio Fernández Alonso, respectivamente, y hasta los del PRD, Cristina Medina Carrillo y Julio César Castro Pérez, consideraron que la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez, navega en la política de “cuentas obscuras” y la “nula transparencia” en el procedimiento de compra y contratación de servicios, y quienes planean citar a comparecer a algunos funcionarios que están directa o indirectamente involucrados en gastos irregulares y hasta cierto punto sospechosos, como el del excedente de 224 millones en el ejercicio fiscal de 2012; 60 millones en el paso del huracán “Odile” y 18 millones en las fiestas tradicionales de San José del Cabo en el 2014 y 2015, respectivamente. Un abogado consultado por ZETA, que pidió anonimato por temor a represalias, expuso que “la PGR tiene todas las facultades legales para atraer la investigación de la red de vínculos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, sobre todo porque se dispuso de manera discrecional de recursos de programas federales”, porque –según consideró— “se están utilizando prestanombres que evidentemente no tienen la manera de probar que son empresarios y menos la solvencia económica para poder sostener que son dueños de todas esas empresas”. Lo más grave –según dijo— es que “en este caso también queda configurada jurídicamente la figura de delincuencia organizada, porque están participando más de tres personas en el saqueo de los recursos públicos, y quienes actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa e indirectamente a obtener un beneficio económico o del orden material”
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