La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
El conflicto carretero reabre un enfrentamiento entre organizaciones del campo, el Gobierno Federal y partidos de oposición que inició en noviembre de 2025.