El pasado mes de octubre, tres legisladores de Baja California presentaron dos propuestas con el fin de fortalecer la normatividad existente y combatir la impunidad en materia de invasiones y prescripciones, además del fraude procesal cometido por abogados y funcionarios corruptos con el fin de despojar a los propietarios originales de inmuebles en el estado.
Exfuncionario público y cuñado de la Gobernadora Marina Ávila inscribió en el RPPC terrenos y casas en los últimos ocho años, con precios privilegiados; hasta 50% menos de su valor comercial, y por debajo del precio de mercado
