El gobierno de Marina Ávila, analizó junto a Seguritech, empresa denunciada en BC, un contrato por 1,174´797,908.50 a seis años, para un proyecto de Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia.
El gobierno de Marina Ávila, analizó junto a Seguritech, empresa denunciada en BC, un contrato por 1,174´797,908.50 a seis años, para un proyecto de Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia.
El general Gilberto Landeros Briseño, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, tiene historia en el estado; por eso, los ciudadanos lo recuerdan como parte “activa” del combate contra el narcotráfico.
En México, ningún ser humano o institución está facultado para ordenar la muerte o tomar la vida de otro ser humano, pero ocurre con una pasmosa y repulsiva normalidad.
Hagan de cuenta que, en el proceso de revocación del 10 de abril, al Presidente Andrés Manuel López Obrador le tocó el turno de hacer girar la perinola, y el resultado fue “todos ponen”, o “todos pierden”.
Nacimos el 11 de abril de 1980, después que el gobierno priista del Estado bajacaliforniano, atacara y despojara a un grupo de periodistas del ABC, un periódico que había trabajado por los intereses de la sociedad durante dos años, de 1977 a 1979.
En Baja California, y en el país, los consumidores mexicanos han visto cómo su ya golpeado poder adquisitivo se desliza a una velocidad inusual, más rápido y constante, de lo que están acostumbrados.
Un fusilamiento en Michoacán perpetrado el domingo 27 de febrero, con alrededor de 17 víctimas, grave, brutal, sangriento, que sin razón válida es minimizado. Un hecho que para el Presidente de México parece no existir, porque no encuentran los cuerpos. El mensaje para los asesinos parece ser que cuando maten, se lleven los cadáveres y no pasa nada.
