El derecho a la salud es universal, es un derecho de todo humano y una garantía consagrada en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que si bien es un acierto que ahorita en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 se privilegie al personal de los hospitales que atienden casos de enfermos por esta terrible enfermedad, también debe darse ese privilegio a todo aquel servidor público que con motivo de sus funciones deba tener contacto directo con diversas personas.
