Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Ayuntamiento de Mexicali ofrecer disculpa pública por el feminicidio de la joven Daryela Valdez Rocha, ocurrido hace dos años en la Capital bajacaliforniana, nadie creyó que representara un problema, pero al parecer causó escozor en las autoridades.
