Desde la primera semana de febrero, oficialmente se confirmó actividad de una banda de extorsionadores que operaba en Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, cobrando piso a los pescadores para vender su propio producto, pese a que el Gobierno del Estado, a través del secretario general, Homero Davis Castro y su titular Víctor Castro Cosío negaron que existieran casos de extorsión en las comunidades pesqueras.
