Como parte de la Sección 301 de la Ley de Comercio, la administración estadounidense de Donald Trump impuso un arancel del 10% a México y a otros 16 países “que imponen o se han comprometido a imponer y hacer cumplir” la prohibición de importar productos producidos con trabajo forzado.
La exalcaldesa de Tijuana explicó que su revocación se debe al inicio de su proceso de ciudadanía en Estados Unidos y contrastó su caso con la revocación de visas por investigaciones de lavado de dinero o huachicol de otros políticos.
La publicación del embajador se dio horas después del anuncio del Departamento del Tesoro, en un momento en que el CJNG atraviesa un reacomodo interno tras la caída de su fundador y de dos de sus mandos regionales de mayor peso.
