La desaparición de personas es un delito y una violación grave a los derechos humanos; al separar a las víctimas del ámbito protector del Estado, negar su existencia y dejarle en una suerte de limbo, se encuentran privadas de todos sus derechos. Algunos de los derechos humanos vulnerados con regularidad son:
Crisis por aumento en número de desapariciones y privaciones cometidas por agentes; de 528 carpetas iniciadas en 2022 por crímenes policiacos, sólo 13 han sido judicializadas
