Mientras que el Ayuntamiento de Tijuana reconoce haber cedido los derechos de autor de sus producciones a la empresa Badabun; el Colegio de Abogados pugna por transparencia y evitar la censura.
Invitan a reflexionar sobre cómo la piratería atenta contra la cultura cinematográfica mexicana, y de la necesidad de que el gobierno federal intervenga para que la distribución y exhibición de filmes nacionales tengan acceso a todos los públicos
