El abuso policial es más frecuente de lo que la gobernadora Marina de Pilar Ávila quiere reconocer, independientemente de que exista corrupción dentro del Poder Judicial Federal
Una rabieta de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exhibe esquema de corrupción institucionalizado que signan partidos en distribución de espacios públicos; confirma el negocio público de la política
La alcaldesa Montserrat Caballero da por hecho que el Gobierno de Tijuana ya liquidó el total de sus deudas bancarias, pero no es así. Ex alcalde Jorge Ramos refuta: “Les miente a los tijuanenses cuando les informa que ya pagó la deuda”.
Tal parece que los dos años de Jaime Bonilla Valdez fueron los únicos que intentaron -al menos- mantener una distancia política de Francisco Vega de Lamadrid y de todos sus megaproyectos empañados en corrupción
La presidenta municipal da como un hecho que los bancos recibirán la liquidación de cuatro contratos por dos mil 290 millones de pesos, señalando al exacalde Jorge Ramos Hernández de haber comprometido las finanzas por tres décadas.
Que el combate a la delincuencia sea más eficaz. Con tasas del 98% de impunidad, es obviamente mucho lo que se puede mejorar en la persecución de los delincuentes y en la prevención de los delitos. En eso la mayor responsabilidad la tienen los gobiernos locales.
En cambio, del éxito de su gobierno no podemos hablar, pues la estrategia de seguridad definitivamente no ha funcionado. Cada víctima del crimen, organizado o no, debería ser motivo suficiente para dar un giro de 180 grados al timón. Pero no. Eso no es popular.
La ambición voraz y ciega hacía, por lo mismo, negocios torpes y visibles. Robaron a los accionistas 750 millones de pesos utilizando documentos falsos de empresas “fantasma” con empresarios igualmente corruptos y parasitarios.
