La jueza Vieyra Valdés reabrió por tres meses la investigación complementaria al determinar que la FGR vulneró el derecho de defensa del vicealmirante.
Las buscadoras, que financiaron su traslado con recursos propios y colectivos, enfrentan amenazas, robo de materiales y cuestionamientos oficiales sobre su financiamiento.
La alerta refuerza la preocupación diplomática por el impacto de las huelgas sindicales sobre la movilidad y la seguridad en la capital durante el arranque del torneo.
