Una batalla legal que inició desde 2019 entre el propietario de un rancho y parque recreativo y la empresa Ganadera Mexicali, SA de CV, de Grupo Bona, ha exhibido al Estado mexicano y al Gobierno del Estado de Baja California como inoperantes para brindar una evaluación rigurosa, medidas preventivas y justicia en materia ambiental, con la finalidad de reducir el impacto generado por la producción cárnica en Mexicali, municipio considerado “Capital de la Carne”.