Desde 2013, el Estado mexicano se comprometió a regirse por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y crear tribunales especializados tanto a nivel federal como local; a casi nueve años de la reforma, en Baja California no se ha hecho un solo movimiento en aras de cumplir con esa disposición. Conflicto entre José Luis Angulo Cárdenas y la empresa Ganadera Mexicali, SA de CV, exhibe la inoperancia gubernamental en un contexto donde este municipio es considerado uno de los más contaminados de Latinoamérica
Una batalla legal que inició desde 2019 entre el propietario de un rancho y parque recreativo y la empresa Ganadera Mexicali, SA de CV, de Grupo Bona, ha exhibido al Estado mexicano y al Gobierno del Estado de Baja California como inoperantes para brindar una evaluación rigurosa, medidas preventivas y justicia en materia ambiental, con la finalidad de reducir el impacto generado por la producción cárnica en Mexicali, municipio considerado “Capital de la Carne”.
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Ni las autoridades federales ni la Secretaría de Medio Ambiente, cuentan con herramientas suficientes ni conocimiento para garantizar la atención a la contaminación del aire, agua y suelo, siendo la primera, la de principal preocupación para los mexicalenses, pues según el director del Servicio Médico Forense (Semefo), César Raúl González Vaca, han detectado vestigios de enfisema y otras complicaciones en los cadáveres de más de 30 años que llegan a la morgue, lo cual se debe a la densa capa de contaminación del aire con la que se vive en la Capital del Estado.
A casi tres años de iniciado el litigio, el señor José Luis Angulo Cárdenas y la empresa Ganadera Mexicali, SA de CV, se encuentran en la reposición de un procedimiento judicial, donde se están exhibiendo las deficiencias de los Juzgados federales y de las autoridades locales.
Y es que, aunque Ganadera Mexicali cuenta con todos los permisos de operación y cumple con las medidas establecidas en la Ley, para el abogado denunciante, Manuel Alejandro Castillo, la empresa incumple con una serie de medidas establecidas en las disposiciones oficiales, como un dictamen de olores, un tratamiento deficiente de estiércol y una escasa cortina de árboles para reducir el levantamiento de polvo, hechos por los que la autoridad se ha visto incapaz de resolver, desde que México firmó un convenio internacional en 2013, donde se comprometió -entre otras cosas- a crear una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual pretende dotar de herramientas jurídicas para tipificar y reestructurar el marco legal en la materia, con el fin de especializarlo.
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Sin embargo, el proyecto prácticamente quedó en el olvido y ni a nivel federal ni estatal, existe un solo escrito, avance o compromiso para modernizar el sistema judicial en materia ambiental de Baja California.
DENUNCIA JOSÉ LUIS ANGULO MALOS OLORES Y DAÑO ECOLÓGICO
El señor José Luis Angulo Cárdenas, recibió a ZETA en su negocio localizado a la altura del Kilómetro 16 de la Carretera Mexicali-San Felipe, donde instaló un parque recreativo con albercas y varias actividades familiares.
El terreno de grandes proporciones cuenta con un pequeño domicilio en la parte superior del lote donde reside y todos los días dice verse afectado por los malos olores, la contaminación del aire y la mosca blanca que -afirma- invade su negocio desde el arribo de las más de 27 mil cabezas de ganado propiedad de Ganadera Mexicali, SA de CV, perteneciente a Grupo Bona, una de las principales productoras de carne de la región, la cual exporta el 35 por ciento de la carne a países como Estados Unidos y Japón.
Angulo Cárdenas inició una batalla legal motivada por su inconformidad con lo que asegura son consecuencias de la poca regulación que existe por parte de la empresa para mitigar las consecuencias al medio ambiente.
“Soy vecino de este señor (Carlos Gratianne), él llegó con una mentira, cuando nos manifestamos en las puertas de su negocio dijo que sólo habría 10 mil reses, que no oleríamos el gas metano porque usarían lechuguilla, pero es mentira, actualmente tienen 50 mil reses”, refirió el quejoso, quien asegura que la contaminación generada por las cabezas de ganado afectan a residentes de la colonia Colorado 6, El Choropo, Hipólito Rentería, Pacífico y El Peligro, del Valle de Mexicali, pero la gente no se anima a hablar porque genera empleos para los residentes de la zona.
El abogado Manuel Alejandro Castillo comentó que en 2019 se interpuso una demanda en contra de la empresa por el daño ecológico que genera para los residentes de las comunidades aledañas, pero fue rechazada bajo el argumento de que no había evidencia de que la empresa contaminara, aunado a que contaba con todos los permisos.
El litigante agregó que el Juzgado Tercero de Distrito desechó el caso porque lo vio como un asunto civil, cuando desde 2013 existe la obligación del gobierno mexicano de especializar la materia ambiental.
“La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es un tribunal independiente que resuelve estos juicios. En México no existe un tribunal especializado en materia ambiental. En 2013 se creó la Ley de Responsabilidades Ambiental, dieron tres años para crearlos; no se crearon. En 2017 la bancada del PAN presentó una iniciativa para crear los tribunales, pero quedó congelada”, indicó.
En un recorrido realizado por ZETA alrededor del criadero de engorda, se identificó que justo a un lado de la empresa se ubica un canal de riego y detrás de la misma un terreno de aproximadamente cinco hectáreas con estiércol a la intemperie.
Según el abogado del ofendido, no existe tratamiento de este desperdicio y forzosamente tendría que estar cubierto y no a cielo abierto, pues tanto el aire como otros factores provocan que la contaminación se extienda.
Agregó que las cabezas de ganado emiten gran cantidad de metano que no es atendido y que la empresa debería contar con una cortina de árboles alrededor del terreno, con el objetivo de reducir las partículas suspendidas y los malos olores.
Precisamente el estudio de olores es la principal inconformidad del jurista, pues a ciertas horas el olor es penetrante y la empresa no cuenta con un mecanismo para medirlos y reducirlos.
Sí bien, no existe una Norma Oficial Mexicana que defina cómo medir los olores -salvo una NOM que establece los olores en cuerpos de agua-, la propia Ley de Responsabilidad Ambiental determina que no contar con una NOM específica no exime a las empresas a no cumplir con ello.
En 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer en un comunicado de prensa que es posible medir los olores en empresas, pero se requiere un equipo del que no dispone, llamado “olfatómetro”.
“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó a la Cámara de Diputados que para expedir una Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre límites de emisión de olores contaminantes, se requieren investigaciones y estudios por parte de la Secretaría de Salud en la materia”, refiere el comunicado enviado a la Cámara de Diputados el 18 de julio de ese año.
En otras palabras, existe una forma de medir los olores, pero la inoperancia de los gobiernos ha impedido que pueda generarse una reglamentación.
ZETA llevó a cabo un recorrido en otra planta de Grupo Bona, donde se observó que en el Canal Ejidos, ubicado en el Valle de Mexicali -a un costado de la empresa-, el agua presentaba un color rojizo. Según lo referido por el ofendido, a ciertas horas las tuberías expulsan lo que parece ser sangre, pero cuando se le cuestionó al gerente de la empresa, negó tal aseveración y afirmó que ese tipo de procedimientos no se hacen en dicha planta.
CUMPLIMOS TODOS LOS PERMISOS Y REGLAMENTOS: GANADERA MEXICALI
Días después, la empresa recibió a ZETA en sus instalaciones para responder a todas las inquietudes. Acompañado del equipo jurídico y el gerente de la empresa, Carlos Gratianne, explicó que quien lo acusa parece tener intereses personales en su contra, por la forma en que mantiene una campaña hacia su empresa, la cual -asegura- cumple con todos los permisos de operación.
Yadira García Barraza, abogada de Ganadera Mexicali, reconoció que se reanudó el proceso judicial, pero dijo desconocer los motivos por los que esto ocurrió y que hasta el momento no existe una sanción o sentencia condenatoria contra la empresa que representa.
Por su parte, Luis Antonio García Vega, gerente general de Ganadera Mexicali, aseveró que las grandes cantidades de estiércol son tratadas diariamente para producir composta, misma que se vende al costo a agricultores del Valle.
A través de maquinaria especial, el estiércol se trata hasta convertirlo en fertilizante. El tratamiento es sumamente complejo, pues se debe regular la temperatura para una producción eficiente.
La empresa, que pretende ampliar sus operaciones a 50 mil cabezas de ganado en dos años -sólo en este terreno-, indicó que para reducir el impacto del metano utilizan un producto llamado Yucca, el cual reduce las emisiones al medio ambiente.
Sin embargo, el Manifiesto de Impacto Ambiental al que ZETA tuvo acceso, refiere que dicho tratamiento sólo reduce un 30% las emisiones de metano, por lo que el 70% enviaría los contaminantes al ambiente.
Asimismo, el estudio indica que la empresa contempla 10 mil cabezas de ganado, las cuales emitirán 2.5 toneladas al mes. Sin embargo, actualmente la producción casi opera con el triple, lo que se traduciría en un estimado de siete toneladas mensuales.
Respecto a la cortina de árboles, se sembraron alrededor, pero aún no tienen un tamaño considerable. Sin embargo, su mecanismo para contener las partículas suspendidas es por medio del rocío de agua, mismo que es la mejor medida para reducir la generación de polvo al ambiente.
Cuestionado sobre la emisión de malos olores, García Vega aseveró que por tratarse de una productora ganadera, es evidente que habrá este tipo de consecuencias, aunque actualmente no existe una forma de regularlos.
Complementó que no hay normas ni mediciones establecidas por parte de las autoridades, amén de que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no les aplica por tratarse de una empresa regulada -en su mayoría- por el Estado.
CREARÁN PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: ECHEVERRÍA
El diputado panista Diego Echeverría declaró que entre los proyectos que se están planteando con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, destaca la creación de una Procuraduría Ambiental, cuyo objetivo sea investigar y sancionar a aquellas empresas que incumplan con las medidas para mitigar el impacto al medio ambiente.
Aunque afirmó tener conocimiento sobre la reforma planteada desde 2013, actualmente no se cuenta con un proyecto definido para la creación de tribunales especializados en materia ambiental, cuyo esquema de operaciones es totalmente distinto a los planteados en la vía civil.
Según lo referido por el abogado Manuel Alejandro Castillo, uno de los principales beneficios de la reforma es que, durante un juicio civil, la carga de la prueba la tiene el ofendido, mientras que en el nuevo esquema de la Ley, el juez tiene la facultad de solicitar toda la información de la empresa y de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de hacerse de todas las pruebas necesarias para demostrar si hubo o no alguna irregularidad ambiental.
Desde informes, permisos y hasta peritajes, todo en aras de hacerse de datos suficientes para tomar una decisión.
Agregó que bajo la nueva Ley y todo lo que debe reformarse, prácticamente todas las empresas ganaderas -y de otros giros- estarían incurriendo en alguna irregularidad, por lo que es necesario adecuar el marco normativo a nivel nacional y estatal, para que las empresas refuercen sus compromisos por reducir su huella de contaminación.
