En el apartado de conflicto de intereses, declaró no participar en la toma de decisiones de ninguna empresa, asociación, partido político o sociedad, ni recibir apoyos públicos o privados.
En una reunión prolongada, que incluyó sesiones virtuales y presenciales, los consejeros electorales discutieron en detalle las acusaciones en contra de Arlett Espino, entre ellas la malversación de fondos y su inhabilitación como funcionaria pública.
