En este escenario, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que no se tenía registro previo de denuncias por extorsión o amenazas contra la empresa Vizsla Silver ni contra sus trabajadores antes del secuestro de los mineros en Sinaloa.
En la exposición de resultados se informó que, del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026, las instancias de seguridad atendieron 142 mil 505 llamadas relacionadas con el delito de extorsión, de las cuales 89 por ciento no se consumaron y 11 por ciento sí derivaron en pago.
El funcionario precisó que esta versión provino de las primeras declaraciones de cuatro personas detenidas por elementos del Ejército, vinculadas presuntamente con la privación ilegal de la libertad de los trabajadores.
En 2017, Cazares Zambada había sido objeto de un ataque armado al salir de un establecimiento nocturno en Culiacán de Rosales, hecho en el que resultó herido y quedó hospitalizado en una clínica privada de la capital sinaloense.
En este contexto, las acciones de Vizsla Silver registraron una baja de 10.70 por ciento en los mercados financieros canadienses el 09 de febrero de 2026, movimiento atribuido por analistas al impacto reputacional y de riesgo asociado al caso de los trabajadores asesinados en Sinaloa.
Según recuentos recientes, desde 2018 al menos 25 alcaldes en funciones o que recién habían dejado el cargo fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado, secuestro u homicidio, con mayor número de casos en el Estado de México y Puebla, con seis cada uno, seguidos por Chiapas, con cuatro, y Jalisco, con dos.
La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que la Secretaría de Gobernación mantiene contacto con el Gobierno del Estado de Sinaloa y con las familias de las víctimas, así como con la empresa minera canadiense involucrada en el proyecto.
En paralelo a esta nueva imputación, Duarte de Ochoa permaneció recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión, impuesta por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, después de que se declaró culpable en 2018.
