El caso será devuelto al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, para un nuevo análisis donde se agreguen todas las pruebas desechadas por los magistrados.
Desde septiembre de 2022, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron a los legisladores frenar el proceso de militarización de la seguridad pública.
