La renuncia de José Ramón López Hernández, por el escándalo de BISOM, fue lo más conveniente para representantes populares y funcionarios implicados en corrupción, omisiones y abusos
Parece que la gobernadora Marina Ávila Olmeda visitó esta semana Ensenada con doble propósito: primero, cumplir con una agenda pública al municipio que no había regresado desde agosto de 2024; y segundo, demostrar lo indiferente que puede ser cuando un alcalde toma decisiones que políticamente le desfavorecen.
Para algunos políticos las campañas representan una inversión, sea por las influencias que logran, o por el dinero que recaban y no reportan; así, las jornadas electorales son negocio para muchos, y experiencia de vida para otros. Sin embargo, para el ingeniero Jaime Navarro Celaya, el pasado proceso electoral fue todo menos experiencia o inversión.
A quienes tomaron desprevenidos y no supieron cómo reaccionar ante una medida del gobierno, es al sector político-empresarial de Baja California. Luego del anuncio de Marina Ávila Olmeda de desaparecer el Fideicomiso Empresarial (FIDEM), para destinarlo -según dijo- a inversión educativa en toda la entidad... se quedaron callados. Pasivos.
El 15 de abril, Grupo Financiero Banorte, S.A.B de C.V. (GFB) adquirió RappiCard mediante un contrato de compra-venta de acciones, celebrado entre la institución bancaria mexicana y la multinacional colombiana Rappi; el convenio se constituyó por la suma de 50 millones de dólares, estableciendo además un acuerdo de exclusividad de marca durante 15 años.
A estas alturas, para la criminalidad organizada es más fácil desaparecer a una persona que matarla. Desaparecerla significa que no será contada por la autoridad, que no será buscada por las fiscalías, que simple y sencillamente quedará al margen de la justicia.
