La Reforma Eléctrica impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sería discutida en la Cámara de Diputados el próximo 11 de abril a las 11:00 horas, en plena Semana Santa. Ello, luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se declararon en sesión permanente.
El proceso de Revocación de Mandato se ha vuelto el encargo prioritario del Gobierno de México a los mandatarios morenistas, entre ellos Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cual -desde hace algunas semanas- se ha visto obligada a enviar toda la caballería y estructura gubernamental para impulsar la participación ciudadana.
Los problemas familiares del alcalde Armando Ayala Robles lo han llevado al límite de sus facultades, al decretar quién sí y quién no entra a las oficinas públicas o asiste a sus eventos. Vetar personas es ahora su diversión.
El panista y diputado local Diego Echeverría, quien ha despotricado contra el ex mandatario Jaime Bonilla Valdez, pero ha apoyado en lo que puede a la gobernadora Marina del Pilar, ahora también cada que se le presenta la oportunidad, acude al llamado de la alcaldesa mexicalense Norma Bustamante Martínez.
Con un costo establecido en mil 567.4 millones de pesos, el ejercicio de Revocación de Mandato programado para el próximo 10 de abril, no servirá a los amigos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar el mandato.
Para Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, haber regresado a ocupar su escaño al Senado de la República es lo mismo que estar en la banca. Significa que en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni le pasan el balón, ni lo dejan jugar, ni comentar, mucho menos pisar la cancha. Está en la banca.
La colaboración entre las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), responsables del control externo, es necesaria para que las mismas fortalezcan sus capacidades a través del conocimiento y aplicación de buenas prácticas desarrolladas por sus pares.
En medio de una crisis de seguridad como la que se vive en Baja California, una quinta parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se destina a la protección de personajes públicos y privados, a diferencia de otras instituciones que apenas destinan el 3%, como es el caso de Mexicali
