El problema para México es esperar qué más pedirá el gobierno de Estados Unidos para que su Presidente esté satisfecho y no incremente los aranceles como ya dijo que lo hará el 4 de marzo, y otorgue una nueva prórroga tan siquiera para abril.
Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Ayuntamiento de Mexicali ofrecer disculpa pública por el feminicidio de la joven Daryela Valdez Rocha, ocurrido hace dos años en la Capital bajacaliforniana, nadie creyó que representara un problema, pero al parecer causó escozor en las autoridades.
En próximas semanas serán habilitados los tres cuarteles en lo que parece ser la suma de México a la guerra contra los cárteles de EU, ahora que tales organizaciones criminales fueron clasificadas como terroristas.
Hace algunas semanas, hasta en el ámbito nacional se indignaron por la salida de José Luis Pérez Canchola de la Dirección de Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Tijuana, tanto por la forma como por el fondo. Fue despedido abruptamente por el secretario del Ayuntamiento, Arnulfo Guerrero, luego que el ex procurador de los Derechos Humanos declarara que desde el Gobierno de México no había mucha ayuda respecto a la atención que se daría a los deportados desde Estados Unidos.
Representantes de una docena de sindicatos obreros y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentaron que senadores de Morena y partidos afines aprobaron los cambios a la Ley del Infonavit, sin considerar las propuestas que hicieron para garantizar la supervisión y la rendición de cuentas del Instituto.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y las Cámaras de comercio de Baja California pidieron que Olivaldo Paz Gómez no asuma la presidencia de Canaco Tijuana e instaron al Consejo a elegir a otro presidente interino hasta que Paz Gómez “tenga resueltos todos los temas personales que afectan el prestigio y reputación de la organización”.
Alcaldesa de Mexicali pretende imponer cobro de no adeudo de Predial o servicios como requisito para varios trámites; medida recaudatoria y fuera de la Ley de Ingresos
