El paso dado en el Congreso del Estado para ampliar y conceptualizar el delito de “halconeo”, es buen esfuerzo, pero insuficiente en una realidad donde la delincuencia organizada rebasa a autoridades
En Baja California, la fiscal general del Estado, Ma. Elena
Andrade, niega que haya extorsiones, mientras la realidad le
explota en forma de disparos, incendios y lanzamientos ilícitos
El nombramiento del ex procurador de justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, en la dirección Jurídica del Ayuntamiento de Ensenada causó sorpresa, especialmente por el historial del cachanilla como alto mando de seguridad tanto en este estado como en el vecino.
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez no cumplió ni cuatro meses e la administración de la alcaldesa Norma Bustamante, a quien se lo impusieron como director de Seguridad Pública, pero esos escasos días le resultaron en un finiquito de 82 mil pesos. Lo que algunos consideran oneroso, dado que, por el corto tiempo de la estadía del teniente, no le dieron tiempo de dar resultados.
A partir del 2 de septiembre de 2025, personas menores de 14 años y mayores de 79 requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular para la obtención por primera vez de la visa de no inmigrante de Estados Unidos.
Gustavo Medina Contreras ha tenido diversos y muy buenos padrinos en su larga carrera por el Poder Judicial en Baja California. Desde el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, cuando es su calidad de magistrado súper numerario, suplió durante los seis años de esa administración a la magistrada Perla Ibarra, luego que solicitó licencia para encabezar la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Tres informáticos y tres abogados tienen que viajar juntos a un congreso por trabajo. Su empresa les reembolsa los gastos de forma global.
Al llegar...
El ingreso real per cápita en Baja California disminuyó 0.4% del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025, debido a que más de 45 mil personas dejaron de estar ocupadas en ese periodo.
Aunque la FGE intenta ocultarlo, el Consejo de la Judicatura Federal informó que, en 2024, solicitaron más de 7 mil permisos para intervención telefónica. Les rechazaron pasaditas las mil
