Cerca de 900 pescadores y permisionarios del Puerto de San Felipe pararán la actividad a la que se han dedicado durante toda su vida, la pesca. Se pretende indemnizarlos, pero no se han previsto las repercusiones sociales de la medida. Para los trabajadores del mar, el regocijo se mezcla con la incertidumbre, ante la promesa del gobierno federal de entregarles miles de pesos a los pescadores durante dos años, con la idea de que dejen de pescar en la zona conocida como La Reserva de la Biosfera –la que ahora fue ampliada hasta la costa con San Felipe– bajo la premisa de proteger especies como la vaquita marina y la totoaba. La “solución” propuesta desde la esfera federal incluye el pago a los propietarios de permisos a pescadores y a una larga lista de integrantes de la cadena productiva. Todo con el fin de paralizar la pesca con redes. Conforme a esta medida, solo podrán recolectar del mar almeja y jaiba –que no se hace con redes– y la curvina, donde la red se baja solo unos minutos. “Pues es lo que dijo el gobierno, no nos va a alcanzar”, refiere uno de los pescadores desde el muelle de San Felipe, quien ya cuestiona que en la lista de beneficiarios aparezca gente que nada ha tenido que ver con la pesca. Fue el 1 de marzo de 2015 cuando desde la Secretaría de Protección al Ambiente se anunció la estrategia para “salvar” a la vaquita marina a través de cuatro ejes: ampliar el polígono restrictivo de 126 mil hectáreas a un millón 300 mil; la compensación económica a los pescadores; las inspecciones de vigilancia; y después de 2 años, la utilización posterior de nuevas redes. La propuesta federal incluye entregar el pago de 486 mil pesos a quienes tengan permiso de camarón, 289 por el pescado de escama, y por tiburón 105 mil pesos. De esas cifras anuales, el 30 por ciento sería para los pescadores y el 70 para el permisionario. En la indemnización, aparte han incluido a trabajadores que descabezan, que limpian las embarcaciones, los comerciantes de pescaderías y de toda actividad relacionada con la pesca. En suma, el gobierno federal, prometieron pagar durante los próximos dos años a todos los sanfelipenses que pescan, cargan distribuyen, limpian y preparan producto. Previamente, se estableció un comité y se elaboró un padrón de beneficiarios que esperaban concretar estos planes a partir de 1 de enero de 2015, pero llegó marzo y nada. Ahora calculan que sea el 1 de abril cuando se concrete la promesa.   Amplían zona protegida   El 1 de marzo desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se oficializó lo que llamaron Estrategia Integral para la Recuperación de la Vaquita Marina, esta especie marina en peligro de extinción que “habita” la zona del Alto Golfo de California, “para asegurar su conservación y preservación”, según justificó la dependencia a través de un comunicado de prensa. De acuerdo a declaraciones atribuidas al Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, “la población de vaquita marina ha venido decreciendo en los últimos años debido a dos factores: pesca ilegal de totoaba y su demanda en el mercado asiático así como por el uso de artes de pesca (redes) para camarón y escama que afectan a la especie”. Para el plan se destinarán mil 082 millones de pesos –541 millones de pesos por año– para la indemnización a los pescadores. La primera zona protegida para la vaquita ahora incluye cerca de 57 kilómetros de litoral, desde el Alto Golfo hasta Puertecitos y originalmente se implementó desde 1993, en tiempos presidenciales de Carlos Salinas de Gortari, al tratarse de una especie que habita la parte norte del Golfo de California y se le considera una de las más amenazadas del mundo debido a la escasa cantidad que ha sobrevivido. Consultados los pescadores de San Felipe, aseguran no haber visto ningún ejemplar de esa especia en los últimos años.   A la espera   “Luchamos todo el año (2014) por una compensación justa, digna, se logró la compensación después de todo un año yendo y viniendo a México”, explica Sunshine Rodríguez, el líder de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas en San Felipe. Él explica que a partir del 1 de abril de 2015, la única pesca posible será la de almeja arenosa, jaiba, y curvina y que la restricción que se extenderá  hasta el 2017, “esto nos impedirá pescar sierra, chano, tiburón y  camarón. “Se supone que es para proteger a la vaquita y para hacer los estudios de las nuevas artes de pesca para que nosotros con nuestras redes no estorbemos a la gente que va a hacer las pruebas. Y nosotros como sector pesquero cedimos”, refiere el líder de los pescadores bajo la idea de que sí era necesario hacer un estudio para desmentir, para aclarar si existe o no, la vaquita o si los números son tan bajos que ya no hay recuperación posible. Escéptico ante la existencia del pequeño cetáceo, Rodríguez ejemplifica “con la reciente marea roja han salido delfines muertos, ballenas, focas, pero nunca una vaquita” y agrega que ningún pescador de la federación ha visto una. “Creo que la siguiente especie que van a tener que proteger es a nosotros, porque estamos en peligro de extinción”, ironiza el dirigente en referencia al sector pesquero.   El jaloneo por los dineros   Según Sunshine Rodríguez, la compensación mencionada se destinará directamente a pescadores y permisionarios, calculan cerca de 900. Del estira y afloja por la indemnización explicó, “por el camarón, ofrecían solo 130 mil pesos por embarcación contra los 600 que calculábamos como ingreso. Incluso fui bloqueado hasta para entrar a las pláticas y negociaciones, lo que implicó el tener que encabezar una serie de movilizaciones y hasta el cierre de la Garita Mexicali-Calexico. Explicó el líder de pescadores que tuvieron que intervenir diputados federales para “forzar” que se efectuaran las primeras reuniones, finalmente la respuesta fue “ustedes compruébenos lo que ganan y si es lo que tenemos que pagar, lo vamos a pagar”. Para un pescador se calcula que serían cerca de 120 mil pesos anuales y el mecanismo será través de una tarjeta y se pretende entregar bimestralmente, “esto es una compensación, no es para hacernos ricos, es como si hubiéramos trabajado el año”. Aparte personal de la Secretaría de Desarrollo Social hicieron un estudio con trabajadores de la llamada cadena productiva –limpiador de pangas, descabezador–, que serán cerca de mil 700 personas que también serán compensadas y para esto se confirmó un comité de vigilancia “para evitar que se inscriban oportunistas”, explicó Rodríguez. En el comité participó gente de la cadena productiva, dueños de pescaderías, compradores de producto, personal de las maquiladoras, fue personal, gente dedicada a descabezar y limpiar embarcaciones. “Hubo gente que llegaba, que en su vida habían tocado un camarón y traía una carta de que iban a recibir el apoyo, alguien les firmó por ahí y quisieron meterse”, recordó Rodríguez  en relación al proceso para lograr esos apoyos que calcula serán alrededor de mil a mil 500 pesos mensuales. Aun así Rodríguez considera que eso no va a resolver al cien por ciento el problema económico en San Felipe, por eso han insistido en la necesidad de otras medidas, como el que se homologue el precio de la gasolina en San Felipe con el de Mexicali, ya que el puerto, aunque es Delegación de la capital del estado, no está considerado como zona fronteriza, lo que implica que el combustible sea más caro.   Vaquita, poco vista y piden liberar pesca de totoaba   Uno de los personajes que más conoce sobre pesca y economía en San Felipe es Octavio Ascolani, ex titular del área de pesca durante varias administraciones federales y ahora exitoso empresario en el ramo restaurantero, lamenta la estrategia federal. “Nos sentimos lastimados, nos sentimos ofendidos porque ni el gobierno federal ni el estatal han considerado algún consenso con el sector empresarial, no sabemos qué es lo que va, ¿cómo viene el decreto?, no sabemos si va a haber liberación de pesca deportiva, o qué va a pasar, hay una total inconformidad y total desinformación”. Del tema de la vaquita, Ascolani refiere que se han realizado encuestas entre los pescadores y solamente uno –hasta recuerda el apellido, Tamborillo– dijo haber visto una vaquita. Otro caso fue hace 15 años cuando una norteamericana recogió una vaquita muerta en la parte de Punta Estrella. De ahí en más, “no hay nada concreto, no hay nada físicamente”, expuso el empresario local. En el caso de la totoaba como empresario, Ascolani manifestó que resulta de mucho interés el que se libere la Norma 059, que prohíbe su pesca, porque eso significaría la reactivación de la economía y la actividad empresarial local. “Así es como se conoció San Felipe en los 50s”, dice en relación al auge hace medio siglo del puerto en función de la pesca de esa especie marina. “Hay 77 millones de norteamericanos que se dedican a la pesca deportiva. La totoaba es una especie única que crece hasta un metro, dos metros con un peso de hasta arriba de 100 kilos, es lamentable la situación en que está ahorita y frustrante como se está manejando el saqueo”. Recordó que hace seis años acompañó a un funcionario de la Semarnat que estuvo en San Felipe realizando un estudio y los resultados indicaban una repoblación que apuntaba a la eliminación de la veda, de la Norma 059, e impulsar gradualmente la pesca deportiva. “Pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta oficial en ese sentido”, se lamentó. “Ya se repobló, hay suficiente animal”, agregó Ascolani. Pero mientras se restringe la pesca legal, se  ha permitido la proliferación de la pesca pirata de totoaba. Una evidencia se dio la segunda semana de marzo, cuando en el retén militar de San Felipe, los soldados decomisaron una carga de 34 buches de Totoaba, carga que calculan un valor de 1.2 millones de pesos en el mercado negro. Una semana antes fueron 89 los buches decomisados en la misma zona porteña. Y este aseguramiento es solo uno de los varios que se realizan en el año en el estado. “Aquí lo peligroso de eso y créeme que estamos preocupados, es el imán que puede suceder en que esto despierte un interés para el narcotráfico, para los cárteles porque si comparamos los precios que hay en el mercado negro, se iguala mucho a los precios de la cocaína y de la marihuana”, expuso Ascolani mientras muestra una serie de imágenes de esqueletos de totoaba regados en la parte sur de las playas sanfelipenses. “Ahí no hay padrón, ahí hay dinero…ahorita está muy descarado esta situación, totalmente descarado yo creo que no hay quien lo pueda controlar”, refiere el empresario. Respecto a los conflictos de inseguridad que podría generar más de 900 pescadores desocupados Alejandro Montreal, Director de Seguridad Pública de Mexicali comentó: “Para nosotros es importante ver el comportamiento de lo que viene. El asunto de la veda es un tema que tenemos que ponerle suma importancia, si bien es cierto les van a otorgar prestaciones económicas de apoyo a los pescadores, a las cooperativas, pero la falta de un empleo también puede llevar a otras actividades, principalmente a la gente que vive directamente de la pesca”.

Desde el occidente, hacia el norte y hacia el sur del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) avanza a pasos agigantados a la conquista de territorios y rutas del narcotráfico que han sido debilitados tras las recientes caídas de líderes de las organizaciones criminales de Sinaloa, el Golfo y los Caballeros Templarios. Trasiego de drogas, cobro de derecho de piso, tráfico de armas, secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos y el asesinato de funcionarios públicos son las cartas de presentación del grupo criminal que ha demostrado más poder de recomposición en los últimos años en México. La balacera en Ocotlán, Jalisco, en la que se dispararon más de dos mil balas y murieron once personas, entre ellas cinco elementos de la Gendarmería Nacional, reafirmó el poderío de fuego que tienen las células del CJNG, aunado a la crueldad que ya habían manifestado con la matanza de Boca del Río en septiembre de 2011 cuando abandonaron 35 cuerpos ejecutados frente a la zona turística de Veracruz. Tras la caída de capos del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Servando Gómez “La Tuta” y Omar Treviño Morales “El Z-42”, el líder del Cártel de Jalisco, Nemesio y/o Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” se convirtió en uno de los principales objetivos de las Fuerzas Federales. Ante la confusión que genera el surgimiento de múltiples pandillas o células de grupos criminales en México, en septiembre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) salió a “aclarar” que la dependencia reconoció la operación de nueve cárteles del narcotráfico y que siete de ellos controlan al menos 43 células o bandas criminales. Las organizaciones delictivas reconocidas por la PGR son los cárteles de Sinaloa, Arellano Félix, Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, El Golfo, Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La autoridad ministerial señaló que el Cártel del Golfo es el que más ramificaciones tiene, con 12.   Traiciones y alianzas   La aparición del CJNG en el occidente del país se sitúa a mediados de la década pasada como una célula del Cártel de Sinaloa que operaba en Jalisco el extinto capo Ignacio “Nacho” Coronel Villareal en alianza con el líder del Cártel del Milenio o de Los Valencia, Óscar Orlando Nava Valencia “El Lobo”. La detención en octubre de 2009 de “El Lobo”, en Zapopan, resquebrajó al grupo criminal michoacano que consideró la captura como una traición de los de Sinaloa; sin embargo, pese a ello, una facción del Milenio decidió continuar con los de “La Corona” de Ignacio Coronel, por lo que sus opositores les bautizaron como “Los Torcidos”. Los disidentes conformaron el clan de “La Resistencia”, o “MFG”, denominado con esas siglas por la alianza pactada entre los cárteles del Milenio, la Familia Michoacana y el Golfo, quienes combatieron contra el CJNG por los territorios de Jalisco y Michoacán. A la muerte de “Nacho” Coronel, abatido en julio de 2010 por el Ejército, los combates se recrudecieron. La disputa entre los que fueron considerados “cárteles de temporada”, nacidos ambos del vientre del Cártel de Sinaloa, pero divorciados en sus intereses, era alternada con otra guerra, la de impedir que Los Zetas penetraran en sus terrenos como lo intentaron en diversas ocasiones. Finalmente los de Jalisco se emanciparon de los de Sinaloa y avanzaron a la conquista de las diferentes rutas. “Los Matazetas”, como también se hacían llamar en un principio, aterrorizaron a México y al mundo entero el 20 de septiembre de 2011 cuando frente a una popular plaza en la zona turística de Boca del Río-Veracruz abandonaron 35 cadáveres de presuntos miembros de Los Zetas. Se trataba de 23 hombres y 12 mujeres que estaban a bordo de dos camionetas. A partir de entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación reivindicó sus crímenes a través de videos publicados en redes sociales, ofreciendo disculpas a la sociedad por sus formas y señalando que terminarían con delincuentes comunes y con sus rivales de La Resistencia y sobre todo Los Zetas.   Nuevas formas   Al asumir el poder de la organización de narcos de “nueva generación”, Erick Valencia Salazar “El 85” y Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, pusieron un sello especial a su dirigencia. La violencia extrema y novedosos métodos de difusión de sus crímenes. Colgaron cadáveres en puentes, dejaron narcomensajes, deshicieron cuerpos en ácido y asesinaron a mandos policiales. La detención en julio de 2011 de Martín Arzola Ortega “El 53”, uno de los fundadores del CJNG y presunto coordinador de células de la organización criminal, desató violencia en Jalisco. Policías municipales, investigadores, jefes de división y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia local cayeron víctimas de las balas. Los narcos exigían “se les dejara trabajar”, que las autoridades no protegieran a otros grupos y “cumplieran lo pactado”. Ante la incapacidad de las autoridades de Jalisco, en 2012 el gobierno federal tuvo que intervenir con acciones de inteligencia. Atraparon a los líderes de La Resistencia e iniciaron una ofensiva contra el CJNG que parecía acabarían con sus miembros y dirigentes. El 9 de marzo de ese año, en un operativo militar en Zapopan, fue apresado Erick Valencia junto a dos de sus lugartenientes. “El 85” se voló varios dedos de una mano al estallarle muy cerca una granada que intentó arrojar para impedir su captura. Resguardaba 37 armas de fuego, 69 mil cartuchos, granadas y equipo de radiocomunicación. Ese mismo día la zona metropolitana de Guadalajara fue desquiciada con el bloqueo de importantes calles y avenidas. Autobuses de transporte público y vehículos fueron incendiados en represalia por la detención de Valencia Salazar. La organización quedaba totalmente bajo control del “Mencho”. El complicado nexo del Cártel Jalisco Nueva Generación con el Cártel de Sinaloa aún se mantenía a través de las negociaciones que se realizaban dentro del penal de Puente Grande, entre el narcotraficante y secuestrador José Manuel Garibay Félix “El Gordo” o “El Manuelito” y los representantes del “Chapo” Guzmán en la plaza. Garibay se convirtió en un capo de presidio, donde se resolvían importantes negocios ilícitos del exterior. Era una pieza importante para mantener el contacto entre los jefes de ambas organizaciones criminales. Tan fue así que cuando “El Gordo” fue liberado en junio de 2012, tuvo que regresar a vivir al reclusorio –sin ser interno– para controlar la vida carcelaria y continuar con las componendas. Su intención era irrumpir con el Cártel Jalisco en Sonora y Baja California, pero en febrero de 2013 fue torturado y asesinado. Su cuerpo arrojado en la carretera a Zacatecas.    “El Mencho” Oseguera   Rubén Oseguera Cervantes, que también utiliza los nombres de Nemesio Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Ramos y Lorenzo Mendoza, entre muchos otros, alias “El Mencho”, es un narcotraficante originario de Chila, Michoacán. Tiene aproximadamente 50 años de edad e inició actividades criminales para los hermanos Valencia. Hoy es uno de los hombres más buscados de México y por autoridades internacionales. Al considerarlo un “capo menor”, en septiembre de 2011 la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de dos millones de pesos por su captura. Nada que ver con las recompensas de 15 a 30 millones de pesos anunciadas por la PGR contra otros narcos en marzo de 2009. Cuenta con por lo menos cinco órdenes de aprehensión en el estado de Jalisco indistintamente con los nombres de Rubén o Nemesio y también con la combinación de apellidos, Oceguera, Oseguera, Ocegueda y Osegueda. El primero de los mandamientos judiciales le fue dictado el 12 de agosto de 2011 en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de Jalisco, delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de contra la salud. Promovió un juicio de garantías en Tijuana en 2012 cuya competencia fue declinada a Guadalajara y ahí le fue concedido el amparo. La voz de alerta a las Fuerzas Federales de que “El Mencho” se movía a placer por el sur de Jalisco y había hecho del municipio de El Grullo su centro de operaciones llevó a las autoridades a instrumentar un operativo el 25 de agosto de 2012. Oseguera Cervantes fue avisado y en su huida se registró un enfrentamiento en el poblado de Amacuautitlán, municipio de Tonaya. Seis presuntos miembros del CJNG murieron. La búsqueda de Nemesio en carreteras y montañas de los municipios de El Grullo, El Limón y San Gabriel incluyó el apoyo de cinco helicópteros Black hawk y uno tipo Mi-17. Tres federales resultaron heridos y en el lugar de los hechos fueron aseguradas 15 granadas de fragmentación, cuatro fusiles AK-47, una escopeta, un fusil AR-15, dos pistolas calibre 9 milímetros, 113 cargadores y 900 cartuchos para arma de fuego. “El Mencho” escapó. Esta acción provocó que sicarios realizaran 28 bloqueos de carreteras y avenidas, siete de ellos en la zona metropolitana de Guadalajara, en los que participaron 36 vehículos desapoderados violentamente a sus conductores y a los que en su mayoría los criminales prendieron fuego. Un hombre murió víctima de un disparo al “aire” durante los sucesos. Días más tarde fueron detenidos algunos participantes en los disturbios.   El despegue del CJNG   A partir de 2013 las acciones por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron brutales. Los levantones individuales o masivos, hallazgo de fosas clandestinas y la ejecución de funcionarios públicos se volvieron una constante, al grado de que la entidad sede de la organización delictiva, se ubica en segundo lugar nacional en desaparición de personas y localización de tumbas ilegales. El 9 de marzo de 2013, a una semana de iniciada la nueva administración gubernamental en Jalisco, fue asesinado el Secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, cuando circulaba en una camioneta Toyota sobre la avenida Acueducto, en el municipio de Zapopan. Algunos sicarios fueron detenidos días después. Confesaron que mataron al funcionario porque financiaba al grupo rival, “Los Caballeros Templarios”. Luego vinieron desapariciones en julio de ese año, como las de siete jóvenes en Lagos de Moreno y su posterior localización, deshechos en ácido,  y una balacera el 9 de octubre siguiente, con duración de cuatro horas, en Tepatitlán de Morelos. En el tiroteo murieron cuatro presuntos sicarios de nueva generación y tres policías estatales. Entre noviembre y diciembre de 2013, luego de la desaparición de dos agentes federales en Michoacán, se localizaron más de 30 fosas clandestinas y al menos 74 cadáveres o restos de los mismos en un predio ubicado en los márgenes del Río Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Los crímenes fueron atribuidos al CJNG y más de veinte policías michoacanos de Vista Hermosa fueron detenidos por estar coludidos con el crimen organizado. El hallazgo de fosas fue continuo. En diciembre en Zapopan, se descubrieron una serie de sepulcros con 17 cadáveres; en febrero de 2014, otros 19 cuerpos sin vida en terrenos de Tlajomulco de Zúñiga; y en marzo, seis varones enterrados en un cerro de Tlaquepaque. En todos los casos se vinculó a los dirigidos por “El Mencho”. Para entonces, la violencia estaba en pleno apogeo en Michoacán. El procurador general de la República Jesús Murillo Karam, aseguró que existían nexos entre el CJNG y algunos grupos de autodefensa en Tierra Caliente. El entonces comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, confirmó que los jaliscienses entregaban armas a los policías comunitarios en “una realidad que ya se conocía”.   Rápida recomposición   Sí algo ha caracterizado a la compañía criminal que encabeza Nemesio Oseguera es su veloz poder de recomposición al sufrir bajas o detenciones de piezas importantes. Así ha ocurrido tras las capturas de Martín Arzola “El 58”, en julio de 2011; Erick Valencia “El 85”, en marzo de 2012; y Nicolás Balcázar López “El Bronco”, en junio de ese mismo año. Todos detenidos por federales o militares. Siguieron las aprehensiones en septiembre de 2012 en Guadalajara y Zapopan a los hermanos Ramón, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala. Ramón “El R-1” fue identificado como el segundo en importancia, mientras que su hermano Rafael “El R-2” o “El Barbas” era uno de los jefes operativos. Fueron aseguradas cuatro armas largas, dos armas cortas, seis vehículos, equipo de comunicación y documentación diversa. Autoridades creyeron que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba a punto de colapsar cuando el 30 de enero de 2014, soldados del Ejército Mexicano atraparon en una residencia de Villas Universidad, en Zapopan, a Rubén Oseguera González “El Menchito” o “El Júnior”, hijo de Nemesio. Presuntamente era el encargado del trasiego de drogas provenientes de Sudamérica. En respuesta al operativo de captura, delincuentes incendiaron tres vehículos en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tras los hechos, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara alertó a sus ciudadanos para que evitaran desplazarse al sur de la Zona Metropolitana. Cómplices de “El Menchito” también fueron detenidos, aunque a principios de este año, Rubén fue liberado por un juez de distrito. El 26 de abril de 2014, federales detuvieron en Puerto Vallarta, al presunto jefe de plaza del CJNG, Miguel Ángel Pérez Quintero, de 34 años, y a siete de sus secuaces; el 26 de mayo siguiente, en León, Guanajuato, cayeron otros seis miembros de una célula y se aclararon más de 20 homicidios; y 18 de diciembre pasado, en Zapopan, marinos aprehendieron a Omar Espejo Flores, operador del CJNG en La Ciénega, límites de Michoacán y Jalisco. En Uruapan, Michoacán, fue detenido el 28 de diciembre el lugarteniente Miguel Modesto Pedraza Juárez “El Pato”, de 38 años; el 3 de enero de este año, en el operativo Alcoholímetro fue arrestado Carlos Enrique Sánchez Martínez “El Cholo”, de 30 años, otro importante sicario; y el 21 de febrero reciente, fueron apresados sicarios del grupo en cuestión cuando pretendían robar el armamento de la organización delictiva “La Corona” de una residencia en Zapopan y fueron atacados a tiros. Por si no fuese poco, el 28 de febrero de 2015, elementos de la Marina capturaron en Puerto Vallarta, a Abigael González Valencia “El Cuini”, presunto operador financiero del CJNG junto a sicarios mexicanos, venezolanos y colombianos. En la mayoría de estas detenciones, se aseguraron verdaderos arsenales, vehículos, celulares, joyas y cantidades importantes de pesos o dólares en efectivo, sin que parezcan afectar de manera relevante al cártel, que sigue en pie de lucha y cada vez con más fuerza.   Asesinatos de funcionarios   A los crímenes de policías, fiscales y el secretario de turismo de Jalisco, entre 2011 y 2013, le sucedieron otra serie de homicidios que han desafiado al Estado mexicano y que son atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación. El 12 de mayo de 2014, una célula del CJNG emboscó un camión del Ejército Mexicano y asesinó a seis soldados, a quienes encendieron fuego en el poblado de La Estanzuela, municipio de Guachinango. El 19 de junio de ese año, sujetos armados privaron de la libertad al director de la Policía Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, el militar Ricardo Hernández Garduño cuando estaba en compañía de una mujer joven en el municipio de Tala. Aunque días después se informó de su muerte, pruebas genéticas descartaron esa hipótesis. A la fecha el que también fuera director de la Policía de Tijuana sigue en calidad de desaparecido. Cinco días más tarde, dentro de un vehículo Toyota Camry en un campo de fútbol del municipio de Juchitlán fue localizado sin vida, con dos balazos en el cuerpo Juan Ramón Ramírez Contreras, subdirector de la Policía Municipal de Ayutla, en lo que era un aviso para las autoridades de esa demarcación. El 3 de agosto de 2014, en el rancho La Mesa, fueron asesinados a balazos el presidente municipal panista de Ayutla, Juan Manuel Gómez Torres y su caballerango. Una célula del CJNG encabezada por el ex jefe policiaco de Unión de Tula y El Grullo, Sergio Hernández González “El Comandante”, de 40 años, perpetró los crímenes con apoyo de policías de Ayutla. Todos estos sucesos motivaron que la recientemente creada Gendarmería Nacional arribara el 1 de septiembre a Jalisco, considerado estado con debilitamiento institucional y fuerte presencia del crimen organizado. En total llegaron 211 elementos para apoyar las tareas de las autoridades estatales y municipales. De poco sirvió el reforzamiento, el 22 de septiembre, el diputado federal y ex presidente municipal de El Grullo, Gabriel Gómez Michel, fue privado de su libertad junto con su chofer a plena luz del día sobre el periférico de Tlaquepaque y horas más tarde fue encontrado muerto, calcinado, dentro de su camioneta en un predio de Zacatecas. Dos días más tarde, un soldado murió durante una balacera registrada entre militares y miembros del CJNG en los límites de los municipios de San Martín Hidalgo, Ameca y Tecolotlán, en la Sierra de Quila. Autoridades de Estados Unidos, del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, aportaron información a la PGR para que el 6 de octubre se desmantelara una fábrica de fusiles AR-15 en Guadalajara que presuntamente abastecía de armas al cártel del “Mencho” y eran llevadas a Michoacán. En el último mes de 2014, el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz, ordenó desarmar a las Policías Municipales de Cocula y Casimiro Castillo para que sus elementos sean investigados por sus presuntos vínculos con el CJNG y la seguridad fue asumida por la Fuerza Única Regional de la Policía Estatal. El subdirector de la Policía de Cocula, Gustavo Valencia Campos, de 41 años y el primer comandante Victoriano Rosas Rodríguez, de 37, fueron acusados de recibir dinero de la organización criminal para permitir la venta de drogas e informar los movimientos de corporaciones policiales a los narcotraficantes. Durante la noche del 19 de marzo, los narcotraficantes emboscaron a siete unidades de la Gendarmería Nacional que circulaban en convoy por calles del municipio de Ocotlán, cercano a la frontera con Michoacán. En la balacera murieron 11 personas, cinco de ellas agentes federales, dos delincuentes y cuatro civiles ajenos a los hechos. Fueron dispararon más de 2 mil proyectiles de armas de fuego y hubo daños en 31 viviendas y 29 automotores. Las autoridades aseguraron 10 armas cortas, 18 armas largas, dos granadas de fragmentación y dos granadas de impacto calibre 40. No hubo detenidos al momento, aunque hay seis sospechosos bajo investigación. Los enfrentamientos han seguido entre pistoleros del CJNG y cuerpos de seguridad. El 23 de marzo, elementos de la Fuerza Única de la Policía de Jalisco en el municipio de Zacoalco de Torres abatieron a cuatro de los presuntos delincuentes, entre ellos Heriberto Acevedo Cárdenas “El Gringo”, quien lideraba una célula delictiva en desde Tlajomulco de Zúñiga hasta Tapalpa. Se le vinculó con el ataque y muerte de soldados en Jalisco el 12 de mayo de 2014. Además de las autoridades, las actuales batallas de los narcos jaliscienses son en contra de los remanentes que quedan de “Los Caballeros Templarios” en Michoacán y Guanajuato; lo que queda de “La Corona”, que con la excarcelación de Martín Beltrán Coronel “El Águila” buscan recuperar terreno en el Occidente; y contra “Guerreros Unidos” y “Los Rojos” para apoderarse del mercado de las drogas en Guerrero y Morelos. En Sinaloa y Durango, jefes de seguridad pública y grupos criminales prevén intentos de incursión del CJNG en su intento por conquistar territorios hacia el Noroeste y Norte del país.  Territorios de acción del CJNG Jalisco              Colima Nayarit Michoacán Guanajuato Estado de México Guerrero Morelos Veracruz Quintana Roo Líderes del Cártel Jalisco Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” Rubén Oseguera González “El Júnior” o “El Menchito” Daniel Quintero Riestra “El Danny Quintero” José Luis González Valencia “El Cuini” N. N. masculino “El Comandante Rayo”  Órdenes de aprehensión de “El Mencho”   321/2011 Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco 436/2012 Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco 632/2012 Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco 331/2013 Juzgado Tercero de lo Criminal del Estado de Jalisco 258/2014 Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco  

  Lauro Ortiz Aguilera Plural.Mx Para la mayoría de los tijuanenses encuestados por Plural.Mx, su presidente municipal ha hecho por la ciudad lo que ellos esperaban desde que fue elegido como primera autoridad, por lo que un 51% no dudarían en refrendar su respaldo si existiera la figura de revocación de mandato. Sin embargo y de acuerdo a los resultados que arrojó la segunda encuesta de evaluación gubernamental de Plural.Mx, el alcalde Jorge Astiazarán Orcí descendió en la calificación promedio que le dieron los residentes de esta frontera. El estudio de campo, que consistió en la entrevista cara a cara en viviendas de las nueve delegaciones municipales, reveló que el 32% considera que el Doctor Astiazarán ha hecho más de los que ellos esperaban y el 35% se ajustó a las expectativas que tenían sobre él.   La percepción que los tijuanenses tienen sobre el tema de la seguridad pública, sigue siendo para las autoridades municipales un rubro que debe ser prioritario, ya que 47% de la población encuestada dijo “sentirse igual”, mientras que para el 25% “está menos seguro”. Un 19% dijo “sentirse más seguro” y el 9% no quiso responder. Estos porcentajes contrastan con los niveles de aprobación para la administración municipal encabezada por el priista, pues hay un 49% que aprueba la forma que el galeno Astiazarán gobierna la ciudad y solo el 35% la desaprueba. Aunque hay un 8% que se mostró indiferente y otro 8% no quiso contestar a la pregunta. La calificación promedio para el presidente municipal fue en esta ocasión 6.2.   METODOLOGÍA APLICADA: El período de levantamiento fue entre el 1 y 8 de marzo de 2015. Universo de Estudio: Lo conformaron residentes hombres y mujeres mayores de edad  del municipio de Tijuana, Baja California, con credencial de elector para confirmar domicilio y edad. Objetivo del estudio: Evaluar la administración del presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí. Tamaño de Muestra: El tamaño de la muestra fue de 400 entrevistas efectivas cara a cara, descartando como primer filtro a quienes no mostraron su credencial para votar. Representatividad: La muestra permite un margen de error de 4.5 por ciento +/- y una probabilidad estadística en el rango del 95 por ciento. Técnica de muestreo: aleatorio simple, partiendo de una selección al azar en viviendas del municipio de Tijuana, donde los encuestadores abordaron a la primera persona que quiso responder, dando un salto de cinco en cinco para aplicar la segunda entrevista. Coordinador: Lauro Ortiz Aguilera. Encuesta auspiciada por Plural.Mx  Periodismo en Línea & Opinión Pública.   Calificación, de 6.9 a 6.2   Con 1 año y 3 meses de gobierno, usted consideraría que el presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí ha hecho: Más de lo que esperaba: 22 %           Lo que esperaba: 35 % Nada de lo que esperaba: 32 %         Menos de lo que esperaba: 9 % No sabe/No contestó: 2%   En su opinión, ¿hoy se siente usted…? Más seguro: 19 % Menos seguro: 25 % Igual: 47 % No sabe/No contestó: 9 %   En general ¿aprueba o desaprueba la manera en que Jorge Astiazarán Orcí, gobierna Tijuana? Aprueba: 49 % Desaprueba: 35 % Me es indiferente: 8 % No sabe/No contestó: 8 %   Si en Baja California existiera la figura de revocación de mandato, ¿usted qué haría con el presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí? Votaría para que continuara: 51 % Votaría para que se fuera: 38 % Me es indiferente: 7 % No sabe/No contestó: 4 %   Después de 1 año y 3 meses de iniciada la gestión del presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, ¿cómo califica su desempeño en la escala del 1 al 10, donde 1 es la mínima y 10 la máxima? Calificación promedio: 6.2 Anterior 6.9

El Zorrillo es una comunidad habitada por migrantes, principalmente de Oaxaca y Guerrero, muchos de sus ocupantes trabajan en los campos agrícolas de Maneadero. Hace tiempo su uso de suelo, pasó de ser agrícola, a zona habitacional. Sus calles, aunque no pavimentadas, son anchas; hay escuelas, iglesias, clínicas y parques con plantas secas, porque carecen de agua, pero no por escasez, sino por falta de redes.  Nicolás García Ávila vive en El Zorrillo,  junto con otros seis vecinos, sus domicilios están a 260- 300 metros de la construcción de lo que les informaron, será una planta almacenadora de gas. Por ello, iniciaron trámites  para que las autoridades eviten la operación de la gasera que, consideran, los pone en riesgo. Relatan que hace cuatro años el Ayuntamiento de Ensenada les autorizó la construcción y el cambio de uso de suelo, pese a que El Zorrillo es una zona marcada con densidad poblacional media, por lo que no habría cabida para la instalación de una almacenadora de este tipo, pero la realidad es que ahí está, a unos metros de sus hogares. La planta de gas proyecta el almacenamiento de hasta 100 mil litros, en total, 54 mil kilogramos de Gas LP,  en un tanque cilíndrico horizontal, para su comercialización: lo que de acuerdo a la Ley Federal en la materia vigente, la ubica en el rango de alto riesgo. “No podemos permitir vivir con el temor de tener una bomba de tiempo, ni nosotros, ni nuestros hijos”, comentó Nicolás García. Además de iniciar un procedimiento de “interdicto de obra peligrosa” por la vía civil, bajo el número de expediente 226/2015 –ETA tiene copia-, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil, en el partido judicial de Ensenada también llevaron la queja ante Sindicatura Social. En la demanda civil, se solicita que la autoridad ordene a la empresa la suspensión definitiva de cualquier actividad de construcción, almacenamiento, transformación y distribución de Gas LP, además, que se adopten las medidas urgentes de demolición total de la obra para evitar los daños  que pudieran causarse a las propiedades contiguas o cercanas a las instalaciones que ya se han mencionado.   El análisis de Cabildo   El 30 de marzo, el síndico social Félix Ojeda Ortega presentó ante las comisiones que revisan el tema -Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano-, un punto de acuerdo para que se analice nuevamente la factibilidad de operación y el riesgo para los habitantes del Rancho San Rafael. No hubo quórum legal, así que se pospuso para el martes 31 de marzo y, cuando por fin hubo suficientes ediles para sostener la reunión, se analizaron los tópicos; pero tampoco se avanzó como deberían, explicó Ojeda Ortega. El síndico social declaró que además del análisis, busca que los regidores se comprometan a aplicar sanciones, que no se queden en el aire, como ocurrió con el ilegal aumento al transporte público el año pasado, que Cabildo se negó a sancionar a los transportistas. La revisión, dijo, es importante, puesto que la empresa gasera recibió -el 31 de marzo de 2011- el permiso de construcción del ayuntamiento encabezado por el ex alcalde Enrique Pelayo, sin tener Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). La planta almacenadora de Gas LP, cuya construcción que se ubica en el Kilómetro 29+700 de la carretera Ensenada- La Paz, debería estar ubicada a por lo menos mil metros de la zona habitacional, no obstante, se halla a 713 de una escuela, 791 de una clínica y a 222 de una iglesia, que regularmente alberga hasta 300 personas por servicio, recalcó el síndico social. De igual manera, Félix Ojeda exhibió las solicitudes de información efectuadas a la actual Dirección de Catastro y Control Urbano, que no fueron contestadas; por ello, a través de Cabildo debió solicitar las particularidades de este expediente. Hizo hincapié en que es necesario saber por qué tantos cambios en la denominación social de la empresa propietaria, existe el antecedente de Calafia Gas, Gas del Pacífico, Diesgas, Cualigas de La Paz y recientemente, Gaspasa. “De acuerdo al cumplimiento a la reglamentación de Catastro y Control Urbano, la empresa gasera está obligada a solicitar el permiso de operación, y sin él, dicha empresa no debe, no puede comenzar operaciones”, aseguró a manera de prevención. “Lo más grave es que ahora nos enteramos que no son 100 mil, sino 200 mil litros los que pretenden almacenar, lo que a toda vista es un alto riesgo dentro de una zona netamente habitacional”, prosiguió. Según Ojeda, los vecinos están inquietos porque han observado movimiento en la planta donde se recluta personal, por lo que las autoridades municipales montarán guardias para vigilar durante los días de asueto y así evitar operen sin autorización, como se estableció en la sesión del 31 de marzo. “No estamos en contra de las inversiones y las empresas, así como de la creación de empleos, pero sí de aquellas que no actúan en el marco de la Ley”, destacó.   El ejido de Maneadero   Por su parte, el comisariado ejidal de Maneadero, Raymundo Carrillo Huerta, manifestó que si no ha habido posicionamiento respecto al tema, es porque la zona ya no es propiedad del Ejido Sánchez Taboada o Maneadero. El Zorrillo está desincorporado y, por lo tanto, corresponde a la autoridad municipal observar que el procedimiento sea el correcto y se cumpla la Ley, respecto a los permisos de uso de suelo o los requisitos conducentes. Carrillo Huerta aseguró que a la fecha no ha recibido queja por parte de los ejidatarios que colindan con dicha planta de almacenamiento. Legislación federal   Secretaría de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología (1992), segundo listado de actividades altamente riesgosas, que corresponde a aquellas en que se manejen sustancias inflamables y explosivas.    En su Artículo 1 establece: “Se considerará como actividad altamente riesgosa, el manejo de sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a la cantidad de reporte”. En tanto, el Artículo 4  especifica: “… cantidad de reporte a partir de 50,000 kg., en el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso: Gas LP, comercial”. Mientras que en su Artículo 30, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente instruye: “Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente”. Por último, en su fracción VI, el Artículo 17 del Reglamento en Materia Ambiental señala que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) deberá contener una descripción de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales adversos identificados en cada una de las etapas de la obra o actividad y el programa de recuperación y restauración del área impactada al concluir cada etapa, la vida útil de la obra o al término de la actividad correspondiente; así como una estimación del costo comercial conveniente.

La visita del Presidente Enrique Peña Nieto para tomarse la foto con los altos mandos de la Armada por el Día de la Marina el 1 de junio en la Administración Portuaria de Ensenada, la mega marcha que un día antes protagonizarán en San Quintín cientos de ciudadanos y comerciantes preocupados por el clima de inseguridad y crisis económica tras el boicot agrícola; la visita del Padre Alejandro Solalinde el mismo día en que jornaleros y gobierno federal habrán de cerrar acuerdos, las casillas electorales que no se han podido conformar porque los ciudadanos tienen miedo de participar como funcionarios, autoridades electorales que reconocen preocupación, el sector empresarial que se siente temeroso y pide refuerzos militares, el gobierno estatal que remite las respuestas a las instancias federales gobierno federal que viene, pone fechas y luego desatiende. En medio de la tensión que implica la cuenta regresiva hacia el 4 de junio, fecha que estableció la Secretaría de Gobernación dar una respuesta definitiva a la Alianza de Jornaleros respecto al salario diario de 200 pesos; los actores, acontecimientos, confrontaciones y desdichos se suman, sobre todo porque el 7 de junio se celebrarán elecciones y porque en San Quintín y zona rural, pese a lo que digan los gobiernos de los tres niveles, la Ley está quebrantada. Así lo manifiestan empresarios, sociedad civil e incluso las mismas autoridades electorales. En la mañana del miércoles 27 de mayo se publicó la noticia de un camión que de repente ardió en llamas, por una supuesta falla mecánica. El amarillo transportaba a jornaleros hacia los campos agrícolas de la empresa San Juanito en la delegación Vicente Guerrero. El hecho ha provocado suspicacias: “Los camiones no arden así nomás…eso fue provocado”, “… se sabe que en estos días de accidentes va haber muchos accidentes…”, comentan los lugareños. Formado apenas hace unos días, el grupo civil “Unidos por San Quintín” anunció la “Mega Caravana” que el domingo 1 de junio a las 10 de la mañana partirá desde la delegación Camalú hasta llegar a las oficinas de Gobierno del estado en el centro de San Quintín. La protesta de ciudadanos, comerciantes, productores será en son pacífico, vestidos todos de blanco, para pedir paz en el Valle y se restablezca la economía, según adelantó Isidro González, presidente de la agrupación. Incluso las cúpulas empresariales de Ensenada como el CCE, COPARMEX y CANACO han levantado la voz de alarma para exigir al Estado que ponga orden al polvorín en San Quintín, que garanticen la seguridad y el patrimonio de la población y de los sectores productivos y que pongan atención especial, incluyendo la intervención militar para que las elecciones del domingo 7 de junio se desarrollen normalmente. Mientras que algunos de ellos, velada o abiertamente, han reprochado al gobierno que hayan cedido a la presiones de los rebeldes jornaleros, les hayan perdonado los daños patrimoniales y el terrorismo provocado al soltarlos de la cárcel, por lo que consideran es una carta abierta para que intensifiquen su vandalismo. “Sí, existe una situación de riesgo latente”, reconoció David Rodríguez García, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ensenada. “Sí, sí nos preocupa”, reiteró, en contraposición a la postura oficial desde los mandos superiores que no tienen considerada como “foco rojo” la región. Por lo tanto, aclaró Rodríguez García, el manejo previo, durante y posterior de la elección del 7 de junio por parte del INE será “como siempre se ha hecho”. El traslado de los paquetes electorales cinco días antes de la jornada electoral, reunión con los presidentes de casilla, vigilancia militar y policiaca discreta, “como en los procesos anteriores”, reiteró. En posteriores declaraciones el funcionario electoral reconocería que están teniendo dificultades para convencer a los ciudadanos que sean funcionarios de casillas, pues todos argumentan que estarán fuera de la ciudad u ocupados en otra cuestión, pero la realidad es que tienen miedo.      “Estamos supeditados a lo que suceda el 4 de junio, no somos actores, no entramos en las discusiones, pero nos hemos convertido en ‘moneda de cambio’, remató el representante del INE. Mientras para el 4 de junio no está nada claro, pues el aumento salarial que la Alianza de Jornaleros ya gritaba tras la reunión del 14 de junio no es un hecho, así han insistido los empresarios agrícolas y el gobierno estatal. Los voceros de los jornaleros han dicho que el compromiso deberá cumplirse, de otra forma actuarán en consecuencia, sin precisar de qué forma lo harán. En medio del polvorín se espera la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, la primera que hace al puerto en lo que va de su mandato, para un acto meramente ornamental en ocasión del Día de la Marina y bien resguardado por las fuerzas militares y civiles. De los pormenores de la gira no se sabe más, pues aunque todo apunta a que es un hecho desde Los Pinos ni siquiera han confirmado a las autoridades estatales. Asimismo, para el mismo 4 de junio se confirmó la visita del Padre Alejandro Solalinde, quien con la misma solidaridad con que ha defendido a los inmigrantes que habitan “El Bordo” de Tijuana lo hará con la migración jornalera en San Quintín. Aunque también otros sectores se ha pronunciado en contra por la visita y la particular manera de conducirse de tal personaje, pues consideran que pueda viciar las ya de por sí complicadas negociaciones que deberán escenificar gobierno y jornaleros.